edición: 2725 , Lunes, 27 mayo 2019
21/11/2008
Observatorio Jurídico

Indemnización por deterioro del objeto en un contrato de compraventa a plazo

Datadiar

Aduciendo el impago del precio estipulado en dos contratos de compraventa de sendas máquinas cosedoras automáticas de libros, la vendedora formuló demanda contra la compradora de las máquinas interesando, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Venta de Bienes Muebles a Plazos de 17 de Julio de 1965: a) la resolución de dichos contratos; b) la recuperación definitiva de la maquinaria objeto de contrato, propiedad única y exclusiva de la actora en virtud de pacto de reserva de dominio; y, c) la indemnización prevista en el citado precepto, que ha de deducirse del importe de la prestación a restituir, comprensiva de los conceptos de tenencia de la cosa en manos del comprador, depreciación comercial y deterioro de la misma.

El Juzgado de primera instancia acogió la pretensión resolutoria por estar acreditado el impago por parte de la compradora de las cambiales libradas a tal fin, ordenando que las partes se restituyeran recíprocamente sus pretensiones. Sin prejuicio de lo anterior, el Juzgado rechazó conceder la indemnización solicitada por deterioro de las cosas objeto de contrato, aludiendo la falta de prueba del mismo, invocando la doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo, contenida en la Sentencia de 30 de octubre de 1997, que obliga a la parte demandante a probar la realidad y cuantía del deterioro por el que se reclama. La Audiencia Provincial, desestimando el recurso de la actora, confirmó íntegramente la resolución de primer grado razonando que la prueba del deterioro corresponde al actor durante la fase declarativa del pleito, lo que no se había hecho. Además, estima la Sala que había quedado probado que en el momento en que se restituyó la maquinaria ésta se encontraba en funcionamiento, comenzando en ese momento, y no antes, su paralización, de manera que las reparaciones estimadas por el perito como necesarias para poner la máquina en estado de ser nuevamente comercializada no consta que fueran consecuencia de menoscabos físicos o funcionales imputables a la conducta del comprador durante el tiempo en que la tuvo en su poder.

Constituye objeto único del recurso de casación la procedencia, en el caso de autos, de la indemnización por deterioro contemplada en el artículo 11 de la Ley de Venta de Bienes Muebles a Plazos de 17 de julio de 1965. Señala la Sala primera del TS, en Sentencia de 3 de octubre de 2008 que para comprender en toda su dimensión a que nos referimos al hablar de indemnización por deterioro, se hace preciso diferenciarla de otros conceptos indemnizatorios también indicados en el artículo 11 de la Ley reguladora, de 17 de julio de 1965, (norma que según doctrina de esta Sala, hace inoperante el art. 1124 CC, sin que se deban tener en cuenta sus exigencias en orden a la resolución contractual). Así, prosigue el Tribunal, no es atendible la alegación de que ante cualquier incumplimiento, de ello se derive, sin más, la procedencia de la indemnización de daños y perjuicios, porque, si bien es perfectamente factible que esta cuantificación se relegue, en su caso, al trámite de ejecución de sentencia, sin embargo, ello será pertinente, cuando en el propio proceso, se haya apreciado que existe un perjuicio derivado de ese deterioro.

La aplicación de la doctrina expuesta conduce al Tribunal a rechazar el principal argumento impugnatorio, el cual, busca convencer a la Sala de que el deterioro existió realmente, y de que las reparaciones que tuvo que realizar la vendedora son consecuencia directa del menoscabo ocasionado a la cosa por la parte compradora durante el tiempo que la tuvo en su poder, es decir, antes de su restitución.

Señala el Tribunal que en el supuesto de autos las reparaciones que hubieron de hacerse en las máquinas vendidas traen causa de exigencias impuestas por una nueva normativa, y no del mal estado de conservación de la maquinaria. Así pues, estima el Tribunal que el argumento de que de haber cumplido el comprador con sus obligaciones de pago y no haber dado lugar a causa resolutoria, el vendedor no habría tenido jamás que soportar dicho gasto, no puede ser aceptado.

A modo de conclusión dispone el Tribunal que dado que la resolución contractual no es una consecuencia automática del incumplimiento, sino que la misma debe ser instada, gozando de plena libertad el vendedor, a tenor de las circunstancias para optar entre el cumplimiento y la resolución, es por ello por cuanto estima que si el vendedor hubiera considerado que los costes de adaptación iban a hacer antieconómica la recuperación, podría haber optado por el cumplimiento del contrato, y por lo tanto, si a pesar de todo prefirió resolver y recuperar la cosa, debe ser el vendedor el que asuma los gastos necesarios para ponerla nuevamente en condiciones de ser comercializada.

Equipo Jurídico Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Acuerdo de 17 de julio de 2008, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, en materia de servicio de guardia en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (BOE n. 182 de 29 de julio de 2008)
A los efectos previstos en el artículo 800.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los distintos Juzgados en servicio de guardia ordinaria y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer realizarán directamente los señalamientos para la celebración del juicio oral en las causas seguidas como procedimiento de enjuiciamiento rápido, siempre que no hayan de dictar sentencia, de conformidad de acuerdo a lo previsto en el artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Decreto 86/2008, de 11 de septiembre, de Asistencia Jurídica Gratuita (BOC nº 27, de 14 de octubre de 2008)
Tiene por objeto establecer las normas por las que se desarrolla el procedimiento relativo al reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita así como el correspondiente a las prestaciones económicas que conlleva en los procedimientos judiciales que se tramiten ante órganos cuya competencia territorial no se extienda fuera de la Comunidad Autónoma de Cantabria así como en los procedimientos administrativos cuya tramitación y resolución corresponda a órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria o de los entes locales de Cantabria siempre que se encuentren legalmente comprendidos en el derecho de asistencia jurídica gratuita. El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita conllevará a sus titulares las prestaciones contempladas en el artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y en las demás normas que contemplen el beneficio de defensa y representación gratuita.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de homicidio en grado de tentativa. Contradicción entre los hechos declarados probados. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 8 de mayo de 2008.
Víctima en el desarrollo de una pela en el interior de un pub, sufre una herida inciso punzante en región esternal izquierda a nivel del sexto espacio intercostal, y que, por  llegar al corazón pudo haber acabado con su vida. No constando el modo en que se produjo la herida, procede dictar sentencia absolutoria, sentencia que es confirmada en casación.

Mercantil

Contrato de descuento bancario. Derecho de la descontante a comisiones por devolución de efectos.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha 23 de junio de 2008.
El derecho de la descontante a lo que constituye propiamente una repercusión de gastos deriva de la fuerza vinculante del contrato que, como se dijo, es fuente válida de una reglamentación o lex privata vinculante para las partes - artículo 1.091 del Código Civil -, que se integra también por el uso o práctica habitual en este tipo de operaciones - artículos 1.258 y 1.287 del Código Civil -, del cual hay prueba en las actuaciones, como señala la sentencia recurrida.

Beneficiario del seguro de vida. Se requiere la aceptación al ser distintas las personas del tomador y del asegurado. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 24 de junio de 2008
No habiendo concurrido el consentimiento, se dice en la sentencia que "no prueba la demandante a lo largo del pleito este interés directo en los demandados. Simplemente se autotitula beneficiaria de la póliza"; como no supone beneficio alguno para los transportistas fallecidos, no puede presumirse un interés o un consentimiento tácito, de modo que al ser única beneficiaria la empresa tomadora del seguro, "se detecta una nulidad relativa que hace ineficaz el contrato en cuanto a su producción de efectos para la parte" reclamante "por aparecer absolutamente desconectado el riesgo que se garantiza del titular del bien jurídico protegido…”

Civil

El recurso de casación sólo cabe sobre la «ratio decidendi» de la sentencia recurrida, pero no sobre lo que no es fundamento del fallo. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de Fecha: 17 de junio de 2008
Debe significarse que la "ratio decidendi" utilizada por la Audiencia Provincial se refiere a que "aun en el supuesto de que la integración de esta condena se hubiera llevado a cabo de forma correcta", la indemnización seria improcedente porque no se acredita ni cuantifica, ni se fijan las bases para que pueda llevarse a cabo en el trámite de ejecución de sentencia, es decir, se trata de un obiter dicta, habiendo declarado con reiteración esta Sala que el recurso de casación sólo cabe sobre la "ratio decidendi" de la sentencia recurrida, pero no sobre los "obiter dicta" de la misma o sobre lo que no es fundamento del fallo .

No es cierto que las acciones ahora ejercitadas no pudieran ser decididas con independencia de lo resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 18 de junio de 2008
El que fuera objeto de la nulidad decretada por el Tribunal de Defensa de la Competencia, mal puede aquí hacerse alusión a los efectos civiles de dicha decisión, sin perjuicio de poder señalar, a mayor abundamiento, que quien invoca esa nulidad son !as sociedades que dieron lugar a la causa torpe que motivó la nulidad acordada, por lo que sus pretensiones chocarían con lo dispuesto sobre el particular en el apartado 2º del artículo 1306 del Código Civil.

Laboral

Despido nulo pues el hecho de convocar una asamblea en la que se discute sobre el futuro convenio colectivo es actuación es de carácter `sindical`, tutelada por el art. 28 CE. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. Sentencia de fecha: 13 de junio de 2008
El recurso nada razona en el sentido de que dicha adición pueda ayudar a  determinar si el acto empresarial se constituye o no en reacción a la actuación del trabajador: entendemos que lo relevante no  son los acuerdos tomados en dicha asamblea o reunión, sino el hecho de que el demandante fuera quien promovió la misma,  pues tal actuación es la que la sentencia considera que da lugar posteriormente a la reacción empresarial; y también  consideramos de suma importancia el hecho de que la empresa acepte la afirmación vertida en el actual último párrafo del hecho  declarado probado cuarto, pues no cuestiona la misma.

Se denuncia infringido el derecho de libertad sindical. La simple manifestación de la pretendida infracción no es suficiente para modificar la valoración hecha en la instancia. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 18 de junio de 2008.
La lectura del escrito de interposición del recurso pone de manifiesto que el mismo carece de una adecuada y mínima fundamentación, pues el recurrente individualizada los artículos del ordenamiento que entiende infringido, así como las sentencias que, a su juicio, no han sido tenidos en cuenta, por la resolución judicial impugnada, pero en ningún momento motiva sobre como ha producido la infracción alegada, mediante los correspondientes juicios de valor que pudieran conducir a esta Sala del Tribunal Supremo a valorar el criterio del órgano judicial de instancia. Es claro, en todo caso, que la simple manifestación de la pretendida infracción no es suficiente para modificar la valoración hecha en la instancia.

Administrativo

Doctrina sentada sobre la legitimación del denunciante para intervenir en los procesos contencioso-administrativos. No hay razón para entender que se sigue distinto criterio en los demás supuestos previstos por la L.O.P.J  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 16 de mayo de 2008
El interés determinante de la legitimación de un denunciante se concreta en que el CGPJ desarrolle las actividades investigadoras que le corresponden sobre las disfunciones o irregularidades que se le hayan comunicado en relación a la Administración de Justicia o la actuación de los Jueces y Magistrados, pero no comprende, por todo lo que se ha razonado con anterioridad, que esa actuación investigadora termine necesariamente con un acto sancionador. En el presente proceso esa primera pretensión ejercitada por la parte recurrente no va dirigida a satisfacer ese interés que podría dar soporte a la legitimación del denunciante. Porque no se denuncia que la actividad investigadora o inspectora del CGPJ no se haya desarrollado y porque la censura que más concretamente se hace al CGPJ es no haber dado significación disciplinaria a los hechos que fueron denunciados.

Medidas cautelares. Se han estimado prioritarios los intereses que defiende la Administración del Estado, esto es, los perjuicios que la aplicación del Decreto impugnado puede ocasionar. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 20 de mayo de 2008
La Sala de Instancia, ha valorado el interés general que defiende la Administración recurrente y el hecho de que la suspensión se solicita de una disposición de carácter general, y también los perjuicios que la ejecución del Decreto impugnado puede ocasionar, que pueden ser económicos, jurídicos y sociales relacionados y derivados de una posible incompatibilidad entre el Sistema Nacional de Salud y el régimen establecido por el Decreto impugnado, lo que afectaría tanto al entramado de relaciones que pueden afectar tanto a la instituciones cual a los centros y entidades afectadas, como a la posición y posibilidades de los usuarios del sistema sanitario. Y  cuando todo ello es así y así los muestran las resoluciones impugnadas no cabe apreciar la concurrencia de las infracciones denunciadas, pues la Sala de Instancia con todo detalle ha analizado y expuesto el conflicto de intereses afectados tanto por vigencia del Decreto impugnado como por su suspensión y ha estimado prioritarios los que defiende la Administración del Estado, esto es, los perjuicios que la aplicación del Decreto impugnado puede ocasionar, tanto por generalidad como por la dificultad o imposibilidad de su reparación, a esa realidad en casación se ha de estar, en cuanto de acuerdo con los términos de los autos impugnados la Sala de Instancia ha aplicado al caso de autos lo al respecto dispuesto por el articulo 130 de la Ley de la Jurisdicción y en conformidad además con la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el particular.

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