edición: 2910 , Viernes, 21 febrero 2020
08/10/2010
Voces disonantes

Industria se enreda aún más con la fotovoltaica y la ‘purga’ del fraude

Javier Aldecoa

Silencio. Vela aún las armas solares: ni la rebaja de primas del 45% para los huertos y de entre el 25% y el 5% para tejados, ni la limitación de las primas a 25 años son aún seguras, ni hay propuestas oficiales sobre limitaciones retroactivas en horas para la FV. Pero habla a tantas voces diferentes como interlocutores envía desde su Ministerio a los foros energéticos. “La energía solar es, entre todas las renovables, la que presenta mayor potencial en España", proclamaba el director de Energías Renovables del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), en la Conferencia de la Industria Solar (CIS 2010). Las grandes expectativas de reducción de costes y su gran versatilidad permiten suponer una gran penetración en el sistema eléctrico, en el sector industrial, y en el sector doméstico”, vaticina Jaume Margarit i Roset. Un 'mantra de confianza' que llega dos días después de que Sebastián entonara su ‘mea culpa’ renovable -“en España se ha ido demasiado rápido”- y apenas diez días más tarde de que reconociera que el ministerio baraja -ahora que se ha dado cuenta de las posibilidades de la repotenciación de las instalaciones- un recorte de las horas primadas para instalaciones ya en funcionamiento.

De Industria, desde que el 29 de julio se rompieron lo que las asociaciones se niegan incluso a elevar a la categoría de ‘negociaciones formales’, la ASIF, la AEF, la APPA y las principales empresas del sector no han recibido más noticias oficiales. Sólo la Propuesta de Real Decreto sobre determinados aspectos del Régimen Especial y un Real Decreto de Trazabilidad con el que en Castellana 160 pretendía aflorar a las plantas que se acogieron a la remuneración más favorable del RD 661/2007, aunque en septiembre de 2008 no estaban operativas. El Decreto nació por sorpresa estival, con la exigencia de unas condiciones -compras e instalaciones, no conexión a red- que evitaban el choque de trenes con las CCAA, las que, al fin y al cabo habían otorgado a todas las plantas el visto bueno para quedarse en el RD 661/2007. Sebastián pretendía ahorrarse el coste judicial. “No somos una policía fotovoltaica” había llegado a advertir a las asociaciones.

La ‘purga’ de los tramposos llegaba más de dos años después de que fueran las propias patronales y las asociaciones hubieran empezado a alertar a la Secretaría de Estado de que la cadena de vaivenes y errores regulatorios podía generar no sólo un efecto llamada sino una ‘tierra de nadie’ en la que se habían refugiado algunos fraudulentos. El año de transición que fijaba antes de que se bajaran las tarifas un 30% con el RD 1578/2008, provocó un efecto llamada entre el sector que supuso la instalación entre agosto de 2007 y agosto de 2008 de una potencia de 3.500 megavatios cuando el Plan de Energías Renovables apenas contemplaba 400. La pasividad de Industria, entonces, chocó con la carrera desenfrenada de los inversores para obtener la retribución del Real Decreto 661/2007, al que se puso fecha de caducidad.

Hoy, dos días después de haber caducar el plazo de ‘autoconfesión’, del Decreto pensado por Industria para acabar con las instalaciones fraudulentas sólo queda la mancha -denuncian las asociaciones- que suma y sigue a la demonización del sector y hace recaer sobre el sector las sospechas de ‘pelotazo financiero’ y sector fraudulento. Apenas un puñado de promotores -entre 2-5 Mw según fuentes del sector- se ha acogido a un modelo de‘amnistía’ en el que las patronales fotovoltaicas ya advirtieron que no creían. La ‘pelota’ vuelve de nuevo al tejado de la CNE -que en su momento abrió investigación a instalaciones con cerca de 1.000 MW en los que la CNE encontró irregularidades- e -Industria se empeña en hacerlo saber- a la Fiscalía General del Estado.

Los fotovoltaicos le vuelven a encender los cronómetros al tiempo muerto de Industria. Tienden de nuevo la mano del diálogo con el ministro, pero lo hacen con la evidencia de que –según un estudio encargada por la AEF a la Universidad Rey Juan Carlos- han perdido 75.000 puestos de trabajo y con la exigencia pública de una “respuesta precisa” sobre la nueva regulación, que garantice “seguridad y estabilidad jurídica” a los más de 50.000 inversores y promotores, así como “la rentabilidad de las instalaciones ya en uso, de las proyectadas y las pendientes de promover”, en palabras del presidente de la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), Juan Laso. Y las ‘burbujas’ del debate para un nuevo modelo solar mantienen -según las patronales- más de 10.000 millones de inversión congelados en el tejado de las dudas y han paralizado dos salidas a Bolsa (Renovalia y T-Solar) en el último trimestre.

Aunque el ministro pretendía que la nueva regulación estuviera ultimada a mediados de octubre, antes de ‘retratarse’ por completo sobre la retribución al sector, el ministro quería tener a mano no sólo el aval necesario de la CNE para el modelo de retribuciones (aprueba los recortes a plantas instaladas desde 2012, pero no ‘retroactividad impropia’, ni siquiera en número de horas), sino algún balance, aunque fuera provisional, sobre los efectos del Real Decreto de Trazabilidad. Ahora ya lo tiene y no es muy halagüeño. Ya sabe que la ‘amnistía para los confesos’, la posibilidad de renuncia al régimen económico del RD 661/2007 sin sanciones, a cambio de acogerse al del RD 2008 no funciona. Ni siquiera las presiones durante la cuenta atrás, en la primera semana de octubre, le han servido. Industria anuncia que tendrá que recurrir a la Fiscalía, si quiere acercarse a las previsiones del sector con una ‘purga’ que podría afectar hasta a 600 Mw (1/6 del total) y aligerar el peso en el conjunto de las primas a las renovables hasta en 600-800 millones de euros.

Desde ahora, las imputadas incurren en el riesgo de perder toda la prima, devolver lo cobrado hasta el momento, enfrentar denuncias penales y esperar un nuevo turno en el registro de preasignación, donde la espera actual es de unos tres años, con el objetivo de por lo menos acogerse a la prima actual, que es diez veces menor que los 426 euros MWh que estaban cobrando hasta el momento. Otra cosa será la posibilidad, que Industria ha comenzado a barajar -o al menos a hacer saber que lo hace- de que entre en juego un nuevo requisito, la acreditación de la conexión a la red. Como recuerdan los abogados que asesoran a las fotovoltaicas en España, la segunda disposición adicional corregida del RD 1376/2008 es la primera que. Nada que-según la patronal- pueda cambiar  la sentencia de 29 de septiembre de TSJ de Andalucía, que acaba de estimar un recurso de hace dos años del Ministerio del Interior ante la interpretación de la Junta Andaluza sobre el requisito necesario para considerar las nuevas instalaciones fotovoltaicas.

Sebastián se asusta y busca nuevas ‘rebajas’ fotovoltaicas. Con lo que el ministro ha dejado entrever hasta ahora de su regulación oficial, tampoco conseguirá ‘pinchar’ la burbuja del ‘hoy’ fotovoltaico, a pesar de su objetivo confeso de “ahorrar a las arcas públicas 1.000 millones de euros anuales” en solar. La rebaja entre un 35% y un 5% de las instalaciones afectaría como mucho a 4.000 futuras plantas, sólo un 13% de las más de 51.000 que se han puesto en marcha en apenas tres o cuatro años- a la vista de que existen cupos reducidos de 400 MW al año hasta 2020, o menos aún, a medida que el desincentivo de los recortes de retribución desincentiven las instalaciones en los próximos años. Apenas tendrá consecuencias en el déficit de la tarifa eléctrica. No es casualidad que, además de buscar atajos en la brecha de la sentencia del TSJ de Andalucía -y la exigencia del vertido de energía para considerar válida la inscripción de una instalación solar- en Industria resuciten otra vez, como adelantaba Sebastián en entrevista en Público, la amenaza de "ajustar el número de horas remuneradas a tarifa al nivel previsto en 2007” (el Anexo XII del Real Decreto 661/207), lejos otra vez de sus planes iniciales de recortar las horas de producción conforme a la hoja de ruta del PER 2005-2010.

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