edición: 2861 , Jueves, 5 diciembre 2019
30/11/2010
Otro compromiso incumplido por el Gobierno

Industria se olvida de la banda ancha universal; no hay financiación ni siquiera reglamento

Sin estrategia nacional, ni marco para inversión en muy alta velocidad, Moncloa sólo despeja 200 millones de créditos y un reglamento de edificación por definir
La orfandad de un Renove retrasa las redes de nueva generación y el bloqueo del reparto de frecuencias afecta a la banda ancha móvil
Ana Zarzuela

Desanda de nuevo sus promesas, con el ‘polo a tierra’ de Elena Salgado. Para Miguel Sebastián, desde 2009, el servicio universal de banda ancha a 1 Mps de velocidad mínima iba a ser una de las estrellas del Plan Avanza, primero; uno de los alardes de la Ley de Economía Sostenible, después; finalmente, el epicentro de la Estrategia Digital Europea que el ministro se empeñó en hacer ver como una creación de inspiración española, desde su presidencia europea de turno, en el primer semestre de 2010. Ahora, a un mes de la fecha prometida -enero- sólo sabe que -como advirtieron las operadoras y la UE- tiene que posponerlo al menos otro año, no hay ni financiación, ni reglamento y la LES elude los compromisos a corto plazo. Las batallas de la financiación con las grandes operadoras están más calientes que nunca, ahora que saben que la banda ancha requerirá hasta de 80.000 millones de euros de inversión nacional y que, a las puertas de un salto llamado a duplicar la penetración en cinco años, la crisis se llevaba ya un 17,3% de la inversión media de todas las operadoras el año pasado. La CE deshoja la margarita de 300.000 millones para redes a medio plazo, pero los vientos de la Comisaria Kroes no llegan a Castellana 160: si las compañías hablan de una LTE aún sin desplegar y de despliegue de fibra y redes de nueva generación selectivo y sin fondos ni regulación pública definitiva, Lorenzo les pide más inversiones; si le recuerdan los olvidos del refarming, enseña los calendarios que prometen en 2011 el reparto de frecuencias. Si le piden- en sintonía con la CMT- un plan estratégico de banda ancha, sólo alivia sus cargas con al menos otro año más de espera para su obligación con el servicio universal de banda ancha. Las telecos y la CMT buscarán por su cuenta con el Neba (desde 2012) estirar la penetración del adsl allá donde hasta ahora sólo llega Telefónica. Varias CCAA se lanzan a la fibra con fondos públicos.

Sebastián buscaba, desde septiembre, el estreno de Bernardo Lorenzo como nuevo secretario de Estado de Telecomunicaciones con soluciones para los viejos ‘entuertos’ con el sector de las telecos. Por primera vez está casi a punto un calendario para la reordenación de las frecuencias móviles pendientes, aunque Salgado envenena el tiempo muerto y busca sitio -con un modelo de subastas- en la ‘caja’ del espectro radioeléctrico. La vicepresidenta estrecha también el horizonte de incentivos estatales a nuevas redes ultrarrápidas, ahora que Lorenzo vincula el fin de las tarifas planas y la posibilidad de gestión de redes a la inversión de las operadoras. Si el ministro esperaba hacer del servicio universal de banda ancha nacional un modelo para el resto de la UE, la Comisaria Noeelie Kroes, primero (ya desde septiembre) y el paso atrás en el realismo de su ejecución en el mercado español han dejado en fuera de juego el doble o nada de Sebastián y Bernardo Lorenzo para las redes europeas: frente a las promesas de un mega en España, será una obligación para toda la UE en tres años un mínimo de dos megas “a un precio asequible”, dice literalmente su estrategia “Europa 2020” y, más aún, en 2020 cada país debe garantizar la cobertura universal como mínimo a 30 megabytes por segundo y en 2015, asegurar que la mitad de los hogares estén abonados a conexiones ultrarrápidas de más de 100 mg. Un horizonte Bruselas planea para la primavera de 2011 nuevos instrumentos de financiación a través del BEI, promover la inversión pública y animar a las autoridades locales y regionales a reducir los costes de las inversiones. El 80% de estas corresponden a la obra civil, lo que -como advierte la Comisión- se podría reducir con una mejor planificación urbana y medidas de coordinación. Se lo recordaba Redtel: Madrid, al menos debe esperar a que Bruselas publique los resultados de la consulta pública y concrete el marco global. Pero sobre todo, aclarar el marco de inversiones y respaldo con fondos públicos.

El ministerio de Industria, desde la presidencia española, apadrina la urgencia de que todos los Estados de la UE  alcancen una cobertura de banda ancha del 100% para todos los ciudadanos y plantea, desde hace meses, la posibilidad de financiar estos planes a través de fondos públicos. Nada que hasta hoy haya conseguido ‘aterrizar’. Nada que tampoco, rechacen en Castellana 160. Pero entre tanto, las grandes operadoras siguen abocadas al despliegue de fibra por sus medios allá donde ni los alternativos se atreven a arriesgarse, ni las administraciones llegan con sus incentivos. La Comisión busca aún un marco regulador común y una bitácora de inversiones, pero le ha puesto cifras al desafío, eso que Kroes llama “oxígeno digital, vital para la prosperidad de Europa”: una cobertura de 1 mega por segundo para todos los ciudadanos de la UE podría requerir hasta 11.000 millones de euros en inversiones a lo largo de cinco años, casi el 25% del total de las inversiones realizadas por los operadores de telecomunicaciones en un ejercicio como el de 2008, antes de la crisis de consumo. Un coste que en el caso del despliegue de las nuevas redes de alta velocidad requeriría inversiones hasta 25 veces superiores: lograr una cobertura para todos los hogares  a 30 megabits por segundo podría costar entre 38.000 y 58.000 millones de euros, y conseguir que el 50% de las viviendas en Europa tengan conexiones de, al menos, 100 megabits, entre 181.000 y 268.000 millones de euros.

El ministerio hace tiempo en la nevera de la Ley de Economía Sostenible: acaba de ampliar hasta el 31 de diciembre de 2011 la vigencia de la prestación del Servicio Universal de Telecomunicaciones por Telefónica, que recoge telefonía fija, Internet, cabinas telefónicas e información telefónica y directorios. En los despachos de la Comisaria Neelie Kroes aún no hay acuerdo sobre si la mejor vía es forzar a las operadoras a extender la banda ancha a través del servicio universal o establecer ayudas públicas, como defienden las operadoras, para un modelo de “universalización” de banda ancha con impulso público-privado. Un extremo en el que incluso las dos patronales europeas -ETNO y ECTA- concilian los intereses contrapuestos de ex monopolios y operadoras alternativas.  Como le advierte el regulador español a la Setsi tras conocerse el retraso del servicio universal de banda ancha, hace falta una estrategia nacional de banda ancha similar a la de algunos vecinos comunitarios (Bruselas sugiere planes de desarrollo quinquenales), que evite ineficiencias y duplicidades, aclare el rol de las operadoras y las administraciones y que potencie el papel de los operadores privados, pero incorpore la intervención pública donde sea necesario, sobre todo en  las zonas menos densas.

Más aún en las redes de fibra óptica, (cuya cobertura, según los cálculos de la CMT podría alcanzar, como máximo, a dos tercios de los hogares y empresas,  ubicados en zonas de densidad de población elevada) y en el 35-40% restante de la población (de zonas rurales o áreas urbanas con costes elevados de despliegue) que según la Comisión quedaría marginado de las velocidades de la banda ancha superrápida si no es con subvenciones al despliegue con fondos públicos. Lo hacen ya, ante el limbo de Moncloa, algunas Autonomías. La Xunta acaba de remitir ya a la CE para su autorización un plan que.promete invertir 102 millones en un plan de cuatro años en colaboración con las telecos para extender la banda ancha en Galicia: según sus informes, el 40% de la zona rural gallega no tiene acceso o lo tiene muy limitado a las redes de telecomunicaciones. Feijóo asegura que Galicia tendrá el 100% de cobertura de Internet en 2014, según sus previsiones el Plan de Banda Ancha, permitirá que 250.000 gallegos más tengan acceso a la red a finales de año, pero de las más de 14.000 explotaciones agrarias existentes en Galicia, el 60% de sus propietarios sobrepasan los 50 años y el 70% de la población ocupa sólo el 13% del territorio.

LAS TELECOS LE SACAN LOS COLORES DE LAS NUEVAS REDES Y LA INVERSIÓN

La moción del PP avalada en septiembre por la Cámara Alta para considerar la banda ancha como “servicio universal”, aprovechaba ya para exigirle a Industria “un mayor apoyo al sector de las telecomunicaciones para estimular el desarrollo de nuevas infraestructuras y servicios que favorezcan a los ciudadanos, así como mantener las ayudas públicas para poder extender las redes a las zonas que no son rentables para las operadoras” y “un marco normativo propicio para favorecer el despliegue de redes de nueva generación”. El nuevo Secretario de Estado prometía en su estreno aprobar en breve el nuevo reglamento de infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) en edificios. Pero las telecos siguen esperando; lo harán al menos hasta que Moncloa decida si sintoniza con la postura comunitaria sobre el servicio universal, cómo asume la regulación de las redes ultrarrápidas que ultima la UE y la coordinación de las inversiones privadas y los fondos públicos. Las promesas de la Setsi, renovadas mes a mes, aún no han visto la luz. Desde hace un año un grupo de expertos baraja un borrador de Real Decreto y ya dejaron pasar las tres primeras de las opciones que barajaron para su financiación, el nuevo Plan E de inversión local 2010, la Ley de Economía Sostenible y su Fondo Sostenible -que ahora, en el trámite final de su aprobación debe ratificar o denegar la propuesta de servicio universal de banda ancha a un mega y buscarle ‘pagadores’- y el Documento de Zurbano.

Francisco Ros había declarado ya en noviembre del 2009 que la secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información quería mejorar, entre otras cosas, la seguridad en Internet y favorecer el despliegue de infraestructuras. Hoy, son dos de los frentes que, retraso tras retraso, enfrentan a Moncloa y a la SETSI con las empresas del sector y sus patronales. Le encienden las mismas luces rojas que la Etno desde la UE, a la vista de que para 2011 esperaban que se triplicara en la UE el volumen de tráfico existente en internet, mientras que para 2013 los contenidos digitales se habrían multiplicado por diez, coparán el 80% del total en 2020 y necesitarán espacio para la televisión en HD o las instalaciones de videoconferencia. Y es que, con el horizonte de la Agenda Digital 2010-2015, el suelo de las inversiones será imprescindible para los Veintisiete. Más aún en España: tiene que salir “del café para todos” -advierten en el sector- y apostar por la inversión tecnológica. Es el único atajo para superar su fuera de juego ante el resto de los Veintisiete (un diferencial entre la inversión per cápita en tecnología en Europa, 180 euros frente a los 82 euros de España) si la Comisión quiere potenciar la inversión privada en I+D en el sector de las telecomunicaciones completándola con las ayudas regionales y con los fondos de la UE para investigación para superar un nivel inferior a la mitad de la de los EEUU (37.000 millones de euros frente a 88.000 en 2007).

España sigue en el puesto 17, en la tercera división -entre los “innovadores moderados”- de la UE, según la clasificación de la Comisión Europea, junto a República Checa, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Malta, Portugal y Eslovaquia, por detrás de Chipre, Estonia, Eslovenia o República Checa y lejos aún de los Países Bajos o Dinamarca (con aproximadamente el 80% de sus hogares con banda ancha). Su ritmo de mejora es también más lento que el promedio de los 27, lejos del horizonte del 3% del PIB que la UE se obliga a cumplir para 2020. Por eso, desde antes de su fusión en la AMETIC, las dos patronales TIC españolas le habían rediseñado a Moncloa una hoja de ruta de sugerencias, con un plan de Extensión del Teletrabajo en la Administración Pública, un Plan de Eficiencia Económica y Sostenibilidad de las infraestructuras TIC de la propia Administración -que se podría financiar a través del ahorro obtenido por la inversión del propio contratista- o un Plan para la implantación de contadores y redes inteligentes que permitan la integración distribuida de la producción de las renovables y el despliegue del coche eléctrico. En cuanto a las redes, sugieren desde hace meses unir el impulso de las nuevas infraestructuras de acceso ultrarrápidas en viviendas y edificios a la medida lanzada por el Gobierno para impulsar la rehabilitación de viviendas.

Un horizonte suficiente para armar las protestas, por ejemplo, de Redtel, que agrupa a Orange, Vodafone, Movistar y Ono. Como Miguel Canalejo, su presidente, criticaba ya desde antes del final de la presidencia española,  la política de las Administraciones (especialmente del Ejecutivo Central) ha hecho del sector de las telecomunicaciones, “uno de los grandes olvidados”, salvo para una carga fiscal adicional al IS de 600 millones anuales. Unas apreturas  a las que, desde esa denuncia, Moncloa ha sumado (en la letra pequeña de la LES) la posibilidad de hacerse con el superávit de la CMT que pagan las cuotas de las operadoras. Pero, a las puertas de un nuevo boom de despliegue de redes de nueva generación y de carreras de la banda ancha móvil en todo el Viejo Continente el laissez faire de Moncloa no será suficiente, más que para permitir que las telecos sigan teniendo que hacer tiempo. Como advertía desde hace meses Canalejo, “ni el Avanza2 ni la Ley de Economía Sostenible” van a ser, por sí solos, capaces de dar impulso a la construcción de las nuevas infraestructuras. Menos aún, de opacar la ausencia de un plan estratégico de despliegue de redes de banda ancha, como existe en otros países. Y los 200 millones en créditos blandos para la construcción de redes que prevé destinar el Gobierno, se les quedan muy cortos a las operadoras,  que descuentan que habrá que invertir en la próxima década en redes  fijas y móviles entre 60.000 y  80.000 millones de euros.

Movistar, Vodafone y Orange confirman más inversiones para mejorar sus redes a velocidades medias y altas. Los más de 2,5 millones de clientes de ADSL que tienen contratada con Telefónica una velocidad de 6 Mb en España -el 80% de sus abonados de banda ancha fija- pasarán a tener 10 Mb sin coste adicional antes del final de 2011 y desde el verano, en Barcelona y Madrid ha comenzado la duplicación de 21 a 42 Mbps internet móvil y se extenderá a ciudades de más de 250.000 habitantes en el 2011. Vodafone asegura que apuesta además por las pequeñas poblaciones (en total 3.100 poblaciones de menos de 1.000 habitantes hasta marzo de 2012) en las que implementará una solución multitecnológica que soporta 2G, 3G y 4G una vez sea aprobado el refarming. Orange, que invertirá 500 millones de euros en dos años para garantizar la capacidad de sus redes y sustituir más de 15.000 equipos de acceso móvil por nuevos equipos multi-ran preparados para tecnologías de tercera y cuarta generación.

Aunque todavía falta más de un año para la implantación de NEBA (Nuevo Servicio Ethernet de Banda Ancha) y la reforma de la tarifa plana mayorista del adsl, usuarios y operadores alternativos ajustan ya los mapas de sus planes: los de Reinaldo Rodríguez aseguran que su aprobación estaba pensada para aumentar la competencia en las zonas donde los alternativos no tienen cobertura directa, un 35% del territorio. Hasta ahora, tienen dos opciones para ofrecer servicios de banda en DSL: invertir en infraestructuras acudiendo a las centrales de Telefónica y alquilar el bucle de abonado; o solicitarle los servicios mayoristas de acceso indirecto pero para replicar sus ofertas en las mismas condiciones de velocidad y servicios. Con la llegada del  NEBA, en el servicio mayorista de acceso indirecto, al territorio donde los operadores alternativos sólo ofrecen conexiones de acceso indirecto (alrededor del 30% en nuestro país), éstos podrán lanzar sus propias ofertas y productos minoristas. Pero nada que opaque el riesgo de desincentivar aún más las inversiones: las operadoras alternativas porque podrían replicar con más ventajas las ofertas de Telefónica (la única que llega a toda España con una oferta de banda ancha); la operadora porque vería menos ventajas en despliegue de redes para la comercialización ajena.

EN FUERA DE JUEGO CON LA UE

Los informes comunitarios le aguan de nuevo los ‘galones’ de la banda ancha a Industria, que ha hecho ondear  el perfil del segundo país de la UE con mayor densidad de redes sociales, con casi tres de cada cuatro internautas como usuarios, el segundo con mayor número de usuarios de redes -por detrás de Brasil-, y uno de los mercados de los Veintisiete con mayor penetración de la banda a ancha móvil. En la SETSI recuerdan que España no ha dejado de crecer en banda ancha fija -incluso a más ritmo que la media- es líder en banda ancha móvil de alta velocidad (con una penetración del 25,9%, el doble que la UE), es uno de los mercados más aventajados en portabilidad móvil y está a la cabeza en paquetes de convergencia. Más de la mitad de los españoles son ya internautas: el 54% de los hogares españoles tienen acceso a la red  de ellos el 95% lo hace mediante banda ancha, según el último informe del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI), un porcentaje superior a la media de la Unión Europea (86%), que ha visto cómo sus conexiones en banda ancha son hasta un 15% más rápidas que el año pasado, según un informe recién publicado por la Comisión Europea. En julio de 2010, el 29 % de las líneas de banda ancha de la UE proporcionaba velocidades de un mínimo de 10 megabits por segundo, mientras que el año anterior sólo el 15 % de las líneas lo hacía; la banda ancha alcanza las 25,6 suscripciones por cada 100 ciudadanos, frente a las 23,9 por habitante del año anterior y, en banda ancha móvil, un 45% de cada 100 ciudadanos la utiliza. Otra cosa son las velocidades, los precios y, sobre todo, el acceso a redes ultrarrápidas y de nueva generación. España es líder en servicios móviles de tercera generación (3G) y las tarjetas de datos para ordenadores portátiles, pero ocupa el puesto 21 en calidad de banda ancha, por detrás de países como Lituania o Australia, y por delante de Portugal o Italia, según el informe de Cisco -el mayor fabricante de routers y dispositivos de conexión- y la Universidad de Oxford, que evalúa la penetración, la calidad y la velocidad de las conexiones a internet, lejos aún de Corea del Sur, que puede presumir de un 100% de penetración de banda ancha.

Los últimos balances del sector desde la Comisaría de Agenda Digital de Kroes acaban de amargarle aún más a Lorenzo y Sebastián su paso atrás en el servicio universal de banda ancha: salvo en internet móvil, España sigue teniendo conexiones medias más caras y lentas que sus vecinos europeos: en conexiones fijas registra una penetración del 22% frente al 25% de la UE, aunque por delante de Italia y la mayoría de los países del Este de Europa. La banda ancha fija ronda los diez millones de accesos, lo que supone que el 87% de los hogares con acceso a la red se conecta través de banda ancha Pero no ha sido hasta ahora mayoritariamente gracias a la Administración: la empresa privada se ha convertido en ariete del desarrollo de la Sociedad de la Información, con una inversión estimada de 58.000 millones de euros en los últimos diez años, por los apenas 10.000 aportados por la Administración central. Nada que hasta ahora haya podido opacar el Plan Avanza en sus dos entregas.

Nada que el modelo de indicadores paneuropeos vaya a cambiar en el corto plazo. Y es que, en el que iba a ser uno de los caballos de batalla de Sebastián y el ya ex Secretario de Estado, Francisco Ros -un nuevo modelo de evaluación de los indicadores tecnológicos y en particular la banda ancha en la UE-, lo más que ha conseguido el ministro de Industria es que los gobiernos de los Veintisiete firmen un documento y una hoja de ruta para “seguir contribuyendo al desarrollo de mejores indicadores y metodologías para medir el desarrollo de las nuevas tecnologías”. Nada de la revisión de los métodos que los organismos internacionales utilizan para comparar la introducción de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los distintos países, que Ros buscó hasta el último día en Castellana 160, hasta el punto de acoger en Madrid un Encuentro Ministerial sobre Políticas y Métricas de la Sociedad de la Información.

Y si ya Europa -con 2,5 millones de clientes-, con un 5% de las líneas con velocidades medias iguales o superiores a 30 Mbps y un 0,5% iguales o superiores a 100 Mbps, está retrasada en redes de nueva generación respecto a Japón (donde el 48% de las líneas de banda ancha son ya de fibra óptica), Corea (44%) o, incluso, EEUU (6%) frente al 2% europeo, España, más aún. Al cierre de 2009 sólo el 0,2% de los hogares disponía de líneas de más de 20 megas y  el 72% de líneas de banda ancha se situaban entre los 3 y los 10 megas -la mayoría de todas ellas conexiones de Telefónica-.España sigue fuera de las quince economías europeas que han logrado una penetración del 1% en FTTH, muy lejos de Francia, Italia, Europa del Este, o Escandinavia, las más dinámicas. La CMT y la Setsi sólo tenían ojos para Francia, en el segundo semestre de 2009 aumentaba un 35% en clientes con conexiones de más de 50 megas. Pero el nuevo plan de Nicolas  Sakorzy pasa por una inversión de 4.500 millones de euros en redes de nueva generación para que el 70% de la población pueda acceder a una banda ancha superior a los 100 megabits. En las zonas rentables, los operadores privados llevarán la iniciativa y tendrán que invertir, pero en el resto de áreas se están discutiendo soluciones como colaboraciones público-privadas o financiación 100% pública. La avanzadilla de Sarkozy no está sola: Portugal, aunque ocupa el puesto vigésimo cuarto en penetración de Internet en Europa tiene cuatro veces más abonados con FTTH -41.500- que España, un 2% de penetración de la fibra, a la que se han subido los operadoras de cable luso aprovechando la flexibilidad regulatoria del Gobierno de Sócrates. Zon o Cabovisao permiten acceder a la fibra a los grandes núcleos de población.

FIBRA, AÚN PARA POCOS

Ni la Comisaria Kroes, que aboga por dar acceso obligatorio indirecto a la fibra a todas las operadoras, ni la orfandad de los incentivos de Moncloa favorecen las carreras por la fibra óptica en España. La CMT recela de un intervencionismo que amenaza -dice- con “estrangular” lo que aún no existe. La incertidumbre es suficiente para desmotivar a las grandes telecos, con más de 300.000 millones de euros de inversión pendientes en toda la UE y el riesgo de dejarlos en manos ajenas. Chocan lanzas, ya sin disimulo, las operadoras con la Comisión y ésta con el regulador español. Si Bruselas y su decisión de obligar a las operadoras ‘dominantes’ europeas a compartir y revender el despliegue de redes de fibra óptica en todas las velocidades pensaba doblegar las tesis y los mapas para las nuevas redes en España de la CMT, no lo han hecho. El portavoz de Telecomunicaciones de la CE, Jonathan Todd ya ha pedido al regulador español explicaciones y justificaciones por escrito. Pero, por ahora es todo lo que tendrá por ahora: la CMT se toma la “recomendación” de la Comisión como sólo eso y estirará el plazo legal para estudiarla hasta que se finalice el nuevo análisis periódico de mercado de 2011, lo que puede emplazar la decisión al 2012. Ya la CMT decidió hace dos años no regular una fibra óptica todavía por desplegar porque consideró que “podría desincentivar las inversiones”, tanto por parte de los operadores dominantes como del resto. Por eso, la fibra a más de 30 megas no está sujeta a normativa; hasta ahora Telefónica ha expandido sus planes de FTTH con su Red Futura sólo con la  obligación hasta 30 megas. Con su desafío, la Unión Europea sólo revive las dudas que Reinaldo Rodríguez y los informes prospectivos del regulador se plantean desde hace meses acerca de España.

Regular con opciones intervencionistas -Rodríguez dixit- una fibra que aún no existe puede “desincentivar la inversión en la misma", un peligro que, en su opinión, se corre con esta nueva opción que defiende Bruselas, “tanto para Telefónica como a los que no son Telefónica”. Según los estudios de la CMT, "con unos objetivos de cobertura en quince años para llegar al 55% de cobertura con fibra óptica hasta la vivienda, a Telefónica le iba a costar unos 3.500 millones de euros, sin incluir las zonas de baja densidad de población. Al segundo operador, que no fuera Telefónica, pero que ya tuviera una red le iba a costar 5.000 millones en quince años, descontando la obra civil. Señalan con el dedo a antecedentes como el galo (el plan de Sarkozy de  inversión de 4.500 millones de euros en redes de nueva generación), o el italiano, hasta ahora a la cola en nuevas redes fijas junto a España, donde los operadores alternativos Vodafone, Fastweb y Wind acaban de sellar su alianza para hacer llegar fibra óptica a la mitad de la población del país transalpino en el año 2015con la colaboración del Gobierno al margen de Telecom Italia.

Tras un 2009 de calma inversora en fibra óptica, Telefónica (que ha multiplicado por 40 su velocidad desde 2004) reactivaba en julio el despliegue de FTTH con 14 nuevas centrales. Era el preludio de sus planes para repotenciar sus 50 Mbps de bajada (y 5 de subida) y 100 Mbps en FTTH con una oferta que lanzó este verano. Sus planes apuntan a la extensión masiva l durante los próximos años hasta alcanzar el 50% de los hogares del país en un plazo de tres a cinco años. La mitad de sus 16 millones de clientes tendrán la posibilidad de contratar FTTH. Pero, de nuevo, la operadora calma los tiempos a corto plazo. El impasse desatado por Bruselas con la regulación de las redes de nueva generación no la invita a más. La consideran menos urgente ahora que Bruselas reabre el debate sobre el fin de la ‘barra libre’ a las tarifas planas de internet móvil y que, tanto el VDSL como el despliegue de internet móvil de alta velocidad (tanto por Movistar como por Vodafone) les permite sobre el papel pasear sus ofertas más allá de los 40 megas sin forzar las costuras de la FTTH.

Hoy, junto a Vodafone y Jazztel, Orange se está poniendo cómoda en los ‘vagones’ intermedios y alternativos del VDSL2, o el ADSL 2+ Bonding para seguir en la carrera de precios y de velocidades de la banda ancha, pero dejan que sólo Telefónica y algunas cableras desplieguen un tejido que según la CMT puede hacerle sitio a tres redes rentables ultrarápidas, pero requiere una inversión de más de 400 millones de euros por ciudad. Ono, con más de 40.000 usuarios incorporados sólo durante el último mes al servicio de velocidades ultrarrápidas de cable, empieza a amortizar el despliegue de su ‘diferencia’ en fibra, una red en la que la operadora que pilota Rosalía Portela ha invertido más de 9.000 millones de euros; comienza a ‘pescar’ con los 50 megas, que ya están disponibles para el 70% de sus siete millones de clientes y en 2011 lo estarán para el 100%. Orange -que en su mercado matriz es líder en despliegue de fibra y ofrece 100 megas desde 45 euros-, de este lado de los Pirineos, quiere ofrecer 84Mbps de bajada a través de HSPA+ y de más de 100Mbps a través de LTE.  Pero ante la fibra óptica, amasa el tiempo y los ensayos: de los cuatro pilotos que la gala tuvo en marcha el año pasado, dos están basados en tecnología VDSL2 y dos en FTTH; ofrece su propio servicio de fibra óptica con 50 megas simétricos, pero aún sólo en el gota a gota de algunas ubicaciones. Vodafone ha lanzado 300 Mbps FTTH por 69,90 € en Portugal, su primera conexión FTTH de todos los países donde opera la compañía. Pero en el mercado español aún se lo piensa en fibra, la segunda operadora móvil no se resiste a la transición del VDSL2, pero sobre todo se blinda en la banda ancha móvil, casi al unísono de Telefónica con el HSPA+ de 21 megas. Jazztel planifica su ADSL2+ bonding, que le permitiría llegar a los 50 Mbps siempre con dependencia de la cercanía de la red al hogar conectado.

LA BANDA ANCHA MÓVIL, CASI A CIEGAS EN INDUSTRIA

Las heridas de la brecha digital aún sangran tanto como los retrasos de Moncloa para definir un marco de inversión pública en nuevas redes y un calendario definitivo que saque a concurso el servicio universal de banda ancha, la reordenación de las frecuencias móviles pendientes (sobre todo 900 Mhz y 2,6 mhz) y el dividendo digital que libera la transición a la TDT. Lorenzo tomaba las riendas de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones poniéndole fecha a otro de sus mayores desafíos con el sector: el llamado (al menos según el criterio de su antecesor Ros), a despejar el horizonte de la telefonía móvil española y, con él, a espantar los nubarrones que han seguido enfrentando a la Setsi con las operadoras de telefonía estará concluido en 2011. Las telecos y los fabricantes se aferran en España a ‘internet para llevar’ (el segmento con más crecimiento en telecos, cinco veces más que el adsl fijo) a la guerra de velocidades de subida y a la de los contenidos y a las redes sociales. Pero exigen una bitácora de inversiones. Y la exigen ya. Hay que colocar 200.000 nuevas antenas. "¿Quién lo va a pagar?”, llegaba a preguntarse el presidente de Redtel, que pide desde hace meses premuras para un proceso de reparto de frecuencias que fijará el perfil y el peso de los grandes actores del mercado móvil español hasta 2030. No es casualidad que el primer anuncio oficial de Lorenzo fuera justamente que su Secretaría formularía una propuesta concreta e reparto de frecuencias móviles en otoño, una vez analizadas las aportaciones de la consulta pública que finalizó el 16 de julio. De momento, frente a más de 155 operadoras de 64 países que despliegan la tecnología LTE para sustituir a las redes 3G y cuadruplicar la velocidad, las telecos españolas se piensan la superbanda ancha móvil, aunque operadoras como Telefónica (que la despliega en Alemania) o Vodafone han avanzado sus pruebas desde 2009.

Las urgencias del dividendo digital (parte del espectro en la banda de 790-862 MHz que dejan libre las televisiones con el apagón analógico), las necesidades de reparto de frecuencias (especialmente las más valiosas, de 900 Mhz) y sobre todo las expectativas del ‘refarming’ de la banda GSM -la recalificación de la banda de 900 Mhz y 1.800 Mhz para poder utilizarlas en 3G- justifican la urgencia de un concurso de frecuencias móviles que tanto la CMT, como Bruselas y Redtel le apremian desde hace semestres y que debe aclarar. La licitación afectará a 782 megahercios (Mhz), incorpora una propuesta para sacar a licitación una propuesta de 310 Mhz durante el primer semestre de 2011 con un plazo de vigencia de hasta 2030 e incluye el 'refarming' (recalificación) de las bandas de 900 y 1.800 Mhz y la licitación del dividendo digital (800 Mgz) y de 2,6 Ghz.

Ahora, la nueva fecha límite que el Ministerio de Industria ha hecho llegar al sector es el mes de diciembre, aunque aún no ha definido si será concurso, subasta o un modelo mixto, ni si el acceso a las frecuencias bajas estará abierto a la alianza de los cableros y Yoigo. En Castellana 160 aún sopesan si seguir las indicaciones de Elena Salgado y pisarle los talones al modelo alemán de subasta -que permitió ingresos al Estado de 4.300 millones de euros a cambio de 330 Megahercios de nuevo espectro radioeléctrico- o suscribir sus propios credos técnicos y la preferencia de las principales operadoras agrupadas en Redtel y apostar esta vez por un modelo de concurso, que  prime los compromisos de inversión frente al pago al Tesoro, “menos productivo a medio plazo”. En el entorno de Sebastián no quieren que la ‘fiebre recaudatoria’ pueda frenar las inversiones del sector, como en el año 2000 con las subastas del UMTS. En palabras de Lorenzo, uno de los objetivos de la secretaría de Estado es que “las empresas con deseos de invertir y que ahora no poseen espectro, lo consigan”.

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