edición: 2786 , Miércoles, 21 agosto 2019
03/07/2018
banca 
Trama institucional para esconder las actas de la polémica resolución

Información ocultada por la JUR y el BCE protege el posible deterioro del Santander

El pacto entre el BCE y la JUR mantiene la intriga sobre la valoración del Popular, perjudica a los supervisores, a los ahorradores y mina la credibilidad de los ciudadanos en la Unión Europea
Juan José González
Transcurren los días y la resolución del Popular refuerza la convicción general de que el trabajo de unos y otros, del BCE y de la JUR, han resultado ser una chapuza colosal, injusta y poco meditada, víctima de las prisas por encontrar los motivos suficientes para escenificar una crisis bancaria seria y proceder así a su resolución. Así se ha cumplido una intervención histórica, la primera resolución de una entidad bancaria europea afectada por una profunda crisis interna que, finalmente, ha terminado con una venta a otra entidad. Inicialmente, el secreto sumarial que se impuso sobre el informe reservado del supervisor bancario europeo, estaba justificado en la necesidad de confidencialidad que requieren las diligencias de un caso como el del Popular, donde estaban en juego ahorros y activos de miles de ciudadanos. Pero con el tiempo el secreto prudente se convirtió en un informe `clasificado´ y cuyo acceso debería estar protegido por las leyes más estrictas de la confidencialidad. Si en su día se dijo que la información sería revelada en todos sus términos en el momento en que fuera permitido por las partes, esto es, por las autoridades supervisoras y el comprador, Santander, posteriormente se modificó la norma para evitar que se conociera el estado del banco resuelto y también su adjudicación al comprador. La negativa inapelable y contundente de la JUR para dar a conocer las partes ocultadas del informe Deloitte, protegidas por el secreto, se han amparado siempre en los daños o quebrantos que provocaría levantar el secreto del sumario (por expresarlo de modo jurídico) del Popular en la entidad compradora, el Banco Santander. Y así, ante el temor y los daños que pudiese causar la información del citado informe, es el misterioso asunto sobre el que continúan girando las demandas y peticiones de los afectados por la resolución.
Ahora resulta que la responsabilidad de la no información de las autoridades financieras europeas sobre la resolución del Popular es harina del Banco Central Europeo y no directamente de la JUR como hasta ahora se creía. De modo que, con la información en la mano -el informe Deloitte- la JUR le devuelve la pelota al BCE, habiendo sido este y no aquella el autor y padre de la resolución del Popular que finalmente otorgó al Santander la propiedad del resuelto. Parecería que se trata de un galimatías lo que en realidad es una estructura trampa para sembrar la confusión.

Y ¿cual es el objetivo? ese, despistar, desviar la atención y adjudicar, protegido por el desorden, una entidad financiera con un suculento agujero a otra bien dotada pero necesitada también de nueva sabia y clientela. Se sigue ocultando la información imprescindible para conocer la verdad sobre los problemas del Popular, la profundidad de su crisis, la gravedad de su estado de salud, sus deudas, riesgos y demás operaciones pendientes de las que nunca se supo. Así vive hoy el caso Popular, envuelto y bien enmarañado por una sombra de misterio.

Porque Santander no fue la única entidad financiera interesada que conoció de primera mano las cifras, las cuentas y los problemas reales del Popular. Otros bancos tuvieron la misma oportunidad de analizar durante 24 horas los estados financieros, las cuentas de resultados y los balances en poder del BCE. Esta afirmación sirve para corroborar las dos versiones existentes en el mercado sobre la realidad de la resolución, si dicha información era fiel reflejo de la situación patrimonial del Popular o no, y si la documentación financiera junto a las actas levantadas o elaboradas por la JUR, fueron en realidad tan decisivas y claras como para que la JUR certificase el estado terminal de la entidad en crisis.

Seguramente la información clasificada sobre la operación de venta del banco al Santander, no se limite a mostrar únicamente que el precio, un euro, constituye en sí mismo un escandaloso ejercicio de arbitrariedad, parcialidad y nepotismo del que se beneficia no sólo el comprador sino también la institución, en este caso, la JUR, obediente al mandato e imposición del BCE. Mientras por otro lado, permanecen los afectados, miles de ahorradores particulares, empresas y fondos de inversión cuyo valor de sus inversiones se ha igualado a cero el 26 de junio de 2017. Aunque el daño más grande, difícilmente reparable es la rotura de la confianza ciudadana en las instituciones europeas, que una vez más han hecho gala de su falta de credibilidad, por lo demás, origen de la actual crisis europea. Pero se protegen los daños y el posible deterioro del Santander.

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