edición: 2514 , Viernes, 20 julio 2018
07/04/2015
Por posible ayuda de Estado

Los internautas denuncian las ayudas a la banca en España a raíz de la investigación de Bruselas

La Comisión Europa no se pronuncia sobre si existe o no ayuda ilegal en las garantías concedidas a los DTA de la banca en 2013
La opinión pública aprovecha para censurar el trato de favor concedido al sector financiero durante la crisis para evitar su caída
ICNr
Ayer España se convirtió en noticia en el marco de la UE por la posible ilegalidad de las garantías concedidas por el Gobierno a los activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) de la banca con el fin de que computen como capital de máxima calidad. Según recogió la prensa, la Comisión Europea (CE) ha iniciado una investigación preliminar al respecto para aclarar si esta práctica constituye una ayuda pública ilegal, mientras el Ministerio de Economía español descarta que la norma sobre activos fiscales constituya ayuda de Estado a la banca. Mientras, la opinión pública aprovecha para censurar, en general, la protección pública prestada a un sector como el financiero, al que se sigue culpando de la crisis y el agravamiento de ésta.
Aunque la investigación de Bruselas afecta además a Grecia, Italia y Portugal (que también han recurrido a este tipo de medidas), los internautas se centraron en el caso de España. La prensa recordó cómo el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó a finales de 2013 una reforma legal para convertir 30.000 millones de esos activos en créditos fiscales. Éstos, al contar con el aval del Estado, pueden seguir computando como capital de máxima calidad. Con ello se completó la reestructuración del sector bancario y se facilitó que se pasaran los exámenes del Banco Central Europeo (BCE).

En aquel momento, en el que España estaba sometida a vigilancia por el rescate bancario, la Comisión avaló públicamente la reforma por considerar que era “compatible con el memorándum de entendimiento del programa de asistencia al sector financiero español” y “en principio compatible con la legislación de la UE, siempre que no constituya una ayuda pública”. Ahora es este último punto el que se pone en duda.

Los DTA, tal y como recordaron ayer los medios, generan un crédito fiscal a las entidades porque son gastos que han tenido un impacto en las cuentas de los bancos y que no se han podido deducir y generan un derecho a futuro contra la Hacienda Pública. Se trata de un derecho de cobro que Hacienda reconoce y que pretende compensar en el futuro reduciendo los impuestos que cada ejercicio tienen que liquidar las entidades. De ahí que cuando se presentó el decreto que permitía a la banca española computar como capital de máxima calidad hasta 30.000 millones de euros, el Gobierno quiso resaltar, a través del ministro de Economía, Luis de Guindos, que no suponía ningún tipo de préstamo, transferencia o ayuda a los bancos, sino una “cuestión contable”.

Sin embargo, Bruselas podría no estar de acuerdo. “La Comisión ha enviado cartas pidiendo información a los Estados miembros que proporcionan garantías a diferentes tipos de activos fiscales para entender cómo funcionan estas medidas y decidir si hay ayudas públicas o no”, tal y como explicó ayer el portavoz del Ejecutivo comunitario, Alexander Winterstein en rueda de prensa.

La investigación de la Comisión Europea tiene su origen en varias quejas contra estas medidas -que sólo utilizan los países del sur- presentadas entre otros por eurodiputados de otros Estados miembros. Algunos de los países afectados ya han contestado y el Ejecutivo comunitario está analizando las respuestas. De momento, desde Europa aseguran que “no es un caso fácil” y que “la evaluación llevará tiempo”, sin que exista una opinión oficial acerca de si hay ayudas públicas o no.

Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la sentencia de la opinión pública está servida. De hecho, ya lo estaba antes de que saliera a la luz la investigación anunciada ayer por Bruselas. Los internautas llevan años denunciando cómo el Gobierno “siempre” ha tenido como prioridad proteger a ciertos sectores por encima de los ciudadanos, y la banca es el más señalado de todos. La “excusa” de que dejar caer a la banca supondría la ruina del país no basta a los lectores, pendientes siempre de los ejemplos de otros países en los que, con más o menos fortuna –y mayor o menor coincidencia en las circunstancias- han optado por la vía contraria. Abandonar a quienes se considera “culpables de la crisis” parece, a simple vista, la opción preferida por la opinión pública, al menos a juzgar por sus comentarios.

Además, los ciudadanos hicieron hincapié en cómo estas prácticas de dudosa legalidad en lo que a competencia se refiere se vienen llevando a cabo con regularidad en España: “Bueno... pues como se pongan a investigar los casos en los que el Estado Español ha actuado como avalista de empresas privadas, no acaban nunca: desde la banca hasta el almacén de gas Cástor del tito Florentino, pasando por las autopistas y autovías y los chanchullos con Villar-Mir. Ya no hablamos del avalismo becerril a las renovables, tanto del más puro Gobierno de Zapatero, como llegando al Equipo Económico (creado por el señor Montoro y su hermano), al más puro estilo de testaferro comisionista mejicano o venezolano para avalar y otorgar contratos en las licitaciones públicas previo pago de una comisión”, denunció un lector.

Este, y no otro, es el país que los internautas aseguran tener actualmente, en el que las necesidades de los “ciudadanos de a pie” parecen olvidadas. “Esos avales del Tesoro a la deuda emitida por los bancos en lo peor de la crisis son minucias, como los 1000 y pico millones que recibió Banesto en ayudas directas. Además, los millones que tenía Botín en deuda portuguesa rescatada por el BCE tampoco son ayudas… Ayuda es cuando un esquema de protección de activos presta varios miles de millones a un banco a fondo perdido para que compre una cajita en bancarrota... Espera, eso tampoco son ayudas”, ironizó un lector.

De momento, los medios tratan de defender la actuación de España y aseguran que una de las cuestiones clave de este asunto es si la medida aprobada por el Gobierno español es selectiva, es decir, si beneficia a una empresa o grupo de empresas en lugar de a la generalidad del sector. En este último caso, no podría considerarse una ayuda de Estado ilegal.

Además, prensa e internautas se mostraron críticos con los círculos de los que procede la denuncia: los mensajes provienen de varios comisarios, desde el español Joaquín Almunia, excomisario de Competencia, al finlandés Olli Rehn, excomisario de Asuntos Económicos, pasando por su sucesor, el francés Pierre Moscovici. Para la opinión pública, independientemente de lo ético de esa ayuda (de Estado o no, legal o no), “toca defender a España” y “no tirar pierdas contra su tejado”. Ya el pasado 30 de enero de 2014 Rehn aseguró al ya exdiputado Willy Meyer (IU) que “la Comisión entiende que la legislación ha cambiado para todas las compañías, y no está limitada a los bancos [...] Basándonos en la información disponible, la Comisión no tiene elementos que muestren que hay ayuda de Estado implicada, pero por supuesto puede volver a analizar la situación si hay nuevas evidencias”.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2018 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...