edición: 2940 , Viernes, 3 abril 2020
08/05/2015
LA OREJA DE LARRAZ

INVERCO convence al Gobierno de que no todas las sociedades del MAB deban sufrir auditorías complejas

Javier Ardalán
El Gobierno, a través del Grupo Popular, ha presentado una enmienda a la Ley de Auditoría por la que se limita el número de las entidades de este mercado que tendrán la consideración de entidad de interés público en el caso de las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en el mercado alternativo bursátil (MAB) únicamente a las pertenecientes al segmento de empresas en expansión. Justifican los populares esta medida, al considerar que de no incluirse esta limitación, se estaría incrementado el número de entidades de interés público.
Según los datos de la Asociación de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones (INVERCO), con la modificación contemplada en el Proyecto de Ley, se añadirían otras 2.572 Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), que a día de hoy no tienen la consideración de entidades de interés público pues no tienen más de 150 inversores, pero que, por el mero hecho de cotizar en el MAB, pasarían a tenerla, con lo que las instituciones de inversión colectiva españolas pasarían a representar el 39,6% del total europeo y, de las españolas, el 53,1% serían IIC y fondos de pensiones.

Esta situación supondría imponer requisitos restrictivos a quienes las auditan, normalmente de tamaño menor, en correspondencia con la también menor complejidad y dimensión de estas entidades.
En todo caso, se entiende que debería acotarse exclusivamente la definición de entidades de interés público, no solo a las que ya figuran en el legislación vigente, que se corresponden con el mínimo definido por Directiva 2014/56/UE, sino a aquellas entidades cuyos valores cotizan en el mercado alternativo bursátil en el segmento de expansión, únicas cuyos auditores se entiende que deberían sujetarse a los requisitos más estrictos, al tratarse de entidades que pueden captar fondos del público, facilitando su crecimiento por esta vía, al no alcanzar los requisitos de tamaño para poder cotizar en bolsa.

El informe a que se refiere el apartado anterior será objeto de publicación en la página web del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en el caso de que se refiera a auditores de cuentas y sociedades de auditoría de entidades de interés público.

Sobre la Inspección y la publicación de los informes, se trata de delimitar claramente las consecuencias de las actuaciones de inspecciones frente a las disciplinarias, toda vez que aquellas tienen carácter preventivo, y no van dirigidas a la determinación de hechos que puedan suponer indicios, sino a la formulación de requerimientos que permitan mejorar la calidad de los trabajos de auditoría en su conjunto mediante la adecuada implementación de los sistemas de control interno de los auditores y sociedades de auditoría.

No obstante, dicho carácter preventivo no es obstáculo para que se deriven, no solo las actuaciones de seguimiento que tienen por objeto verificar si se han cumplimentado los requerimientos formulados, sino también actuaciones de investigación o incluso directamente actuaciones disciplinarias, mediante el inicio del correspondiente expediente sancionador directamente, en aquellos casos de indicios de infracción.

De acuerdo con ello, se clarifican y evitan las dudas que pudieran existir sobre las actuaciones que pudieran seguirse en relación con las comprobaciones o conclusiones alcanzadas en la realización de estas actuaciones de inspección, debiendo resaltarse que la publicidad del informe ya figura incorporada en el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas vigente.

Así, se propone que se regule que el informe de inspección no contendrá datos identificativos de las entidades auditadas por los auditores de cuentas o sociedades de auditoría revisados y se mantendrá en la página web hasta que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas emita un nuevo informe que contenga los resultados de una nueva inspección.

La publicación lo será sin perjuicio de las actuaciones de seguimiento de los requerimientos en su caso formulados, de las actuaciones de investigación que pudieran realizarse o de las actuaciones disciplinarias que pudieran iniciarse en aquellos casos en que existieran indicios de infracción.
Otra importante novedad es que las situaciones de incompatibilidad, que modifican el régimen anterior a la entrada en vigor de esta ley, no determinarán la falta de independencia de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría, cuando se hubiesen originado y concluido con anterioridad a 1 de enero de 2016.

Se trata de aclarar cómo se aplican a las nuevas situaciones de incompatibilidades que se incorporan (interés significativo, principalmente la tenencia de interés financiero directo no significativo, realización de operaciones con instrumentos financieros, y percepción de regalos o solicitud de favores de valor significativo) en el periodo de cómputo o vigencia que se extiende al inicio del ejercicio anterior del ejercicio cuyas cuentas auditadas.

Por ejemplo, en el caso de que, de acuerdo a la entrada en vigor, el nuevo régimen se aplique a la auditoría de cuentas correspondientes a un ejercicio que comienza el 1 de julio de 2016 y concluye el 31 de junio de 2017, finalizada con la emisión de un informe de auditoría en septiembre de 2017, el periodo de cómputo para esas incompatibilidades abarcaría desde 1 de julio de 2015 hasta la fecha del informe.

En el supuesto de que se detentaran intereses o realizaran operaciones con instrumentos financieros o se percibiera un regalo de valor significativo, sería necesario prever expresamente las consecuencias para evitar una suerte de efecto «retroactivo» (no querido por la normativa comunitaria), declarándose que no generaría incompatibilidad en el caso de que se dieran esos supuestos durante el periodo previo y claro está no se resolviera el interés antes de aceptar el nombramiento, de acuerdo con el artículo 21.1 del proyecto). En este sentido, se sigue el mismo criterio que en su día se recogió con la Ley 12/2010.

Por otro lado, el Grupo Popular manifiesta su intención de suprimir la referencia recogida en la actual redacción a que no afectarían las nuevas causas a los trabajos de auditoría en curso, tal como figura en la actual disposición transitoria segunda del Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas, puesto que se incorpora expresamente que las nuevas causas de incompatibilidad «no determinarán la falta de independencia de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría en relación con las auditorías de cuentas iniciadas antes de dicha fecha y que no hayan finalizado con la emisión del preceptivo informe de auditoría.

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