edición: 2637 , Viernes, 18 enero 2019
13/11/2014

Jean-Claude Juncker se exculpa negando ser el arquitecto de los convenios fiscales para 340 multinacionales

28 empresas han instrumentado vehículos societarios españoles en sus esquemas para reducir su tributación
Carlos Schwartz

Por primera vez desde que comenzaron a publicarse informes sobre los convenios fiscales del Gran Ducado de Luxemburgo con una 340 multinacionales para reducir sus cargas fiscales el flamante presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, primer ministro de ese país durante 18 años apareció en público para afirmar que la ”arquitectura fiscal” aplicada no era obra suya. Poco faltó para que este excelso caballero, protegido de la canciller alemana Angela Merkel, primorosa joya engastada en la diadema del Grupo Popular del Parlamento Europeo, se despachara con un esto lo sabían todos y no se a que vienen ahora estas lamentaciones. Uno de los motivos por los cuales no lo dijo es porque se sabía que se pecaba en la iglesia pero se ignoraba la naturaleza específica del pecado y quienes eran los pecadores.

La publicación por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) de convenios involucrando a unas 340 multinacionales ha permitido saber quienes y como. En realidad no todos, porque se refieren exclusivamente a los convenios fiscales presentados ante las autoridades de la hacienda luxemburguesa por una sola consultora de las tantas que se dedican a este noble oficio: PriceWaterhouseCoopers (PWC).

En el caso específico de España 28 grandes empresas multinacionales y un pequeño banco de negocios español, Mercapital hoy fusionado con N+1, han incluido en sus esquemas de reducción de cargas fiscales vehículos societarios locales. Ejemplo de ello es el grupo de compañías McGrawHill, que en 2010 firmó un convenio gestionado por PriceWaterhouseCoopers, por el cual la escisión de McGraw Hill Interamericana en MH Iberia Holdco SL suponía la transferencia de las acciones de Standard & Poors España. La transferencia de títulos por escisión de sociedad a una sociedad española controlada por otra holding luxemburguesa no tiene efecto fiscal en Luxemburgo donde se la trata como un pago de dividendo por una participada. Y así de seguido. En tanto que no hay espacio aquí para el desarrollo detallado de la formas en que cada convenio ha permitido evadir el pago de impuestos a los tipos fiscales que hubieran tenido que tributar en el país de origen de la operación baste enumerar algunas de las empresas o instituciones implicadas de entre las 28. Por ejemplo Pepsi Bottling Group, Abu Dhabi Investment Authority, ACE Group, AIG, HSBC, Highland Capital Partners, British American Tobacco o Dexia.

Juncker ha alegado en su descargo que no se trata de una actividad ilegal, sino que está amparada en las leyes fiscales del Gran Ducado. Que estas leyes choquen con el ordenamiento jurídico mayoritario de la Unión Europea (UE) no es cuestión que le inquiete. En todo caso, apuntó, es responsabilidad de la propia UE no haber armonizado la legislación fiscal. No está claro en torno a que se haría esa armonización... ¿quizá con arreglo al ordenamiento fiscal de Luxemburgo? El ejercicio de hipocresía generalizada que ha supuesto la propia designación y elección de Juncker, a sabiendas de que Luxemburgo es un paraíso fiscal, desnuda la esencia de la conducta arrogante y temeraria de los gobiernos de las naciones miembro.

El Gran Ducado de Luxemburgo tiene el segundo producto interior bruto per capita más alto del mundo tras Qatar, estimado por el Fondo Monetario Internacional para 2011 en la franja de los 80.000 dólares. Con una población levemente superior a los 500.000 habitantes y poco más de 2000 kilómetros cuadrados, el país centra sus ingresos en la industrias financieras globales que se asientan en su territorio. Es la segunda sede mundial de los fondos de inversión tras Estados Unidos y de acuerdo con el ránking de la asociación de abogados Red para la Justicia Fiscal está levemente por detrás de las Islas Caymán como paraíso fiscal.

Que un político que ha gobernado a ese país durante 18 años, durante los cuales se ha mantenido y perfeccionado el entramado de facilidades para que las empresas tributen menos que en los países en los que desarrollan sus actividades, haya sido propuesto y elegido presidente de la CE -vale la pena recordar que con el apoyo de los socialistas europeos pero no de los del PSOE- es claramente una arrogancia temeraria. En particular si se tiene en cuenta cuál es la situación del empleo en Europa, la política de recortes sociales impulsada por Bruselas, los altos costes de los saneamientos financieros acometidos por las naciones de la periferia con ayudas de la UE, la lucha por el equilibrio presupuestario de las naciones miembro y sus intentos de incrementar la recaudación fiscal. En medio de un profundo descrédito, con una resistencia creciente a la pertenencia a la Unión por parte de la ciudadanía -el caso británico es un paradigma- el incidente bautizado como Lux Leaks ha supuesto combustible para la hoguera en la que se quema la reputación de los políticos comunitarios, incluidos los europarlamentarios. Lo significativo es que a estas alturas la reacción no se limita a la ciudadanía rasa. El show ha provocado un profundo malestar entre el empresariado ajeno al mundo de las altas finanzas y sus montajes de ingeniería financiera.

Juncker ha puntualizado que no ve conflictos de interés entre su pasado político y su presente cargo de presidente de la CE. La observación ha sido respuesta a un editorial de los editores de la agencia de noticias financieras Bloomberg que ha pedido su dimisión precisamente por ese flagrante conflicto de interés. Es en estas coyunturas en las que se detecta el nivel de descomposición creciente de las organizaciones políticas europeas bajo el empuje de la crisis económica internacional. Es este proceso el que además parece generar el escotoma que les impide ver como se avecinan al precipicio por el que se pueden acabar despeñando.

España es un caso claro de esta ceguera selectiva. Mención aparte para el consultor PriceWaterhouseCooper cuya división de consultoría ha sido objeto en España de una investigación fiscal por que 61 socios omitieron declarar sus bonus en 2002 por importe de 20,9 millones de euros. El caso se ha convertido en juicio oral en la Audiencia Nacional a partir de diciembre de 2013. Por añadidura PWC Auditores, PWC Jurídico Fiscal, PWC Asesores de Negocio, y PWC Consultores no efectuaron retenciones por su trabajo a esos profesionales por importe de unos 9,4 millones de euros...

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