edición: 2327 , Viernes, 20 octubre 2017
11/03/2011

Jueces y abogados se cruzan descalificaciones por los recortes en los recursos en la reforma de la justicia

Javier Ardalán
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, ha denunciado este jueves que las restricciones de presupuesto tanto en el Gobierno central como en el autonómico debido a la situación de crisis económica está menoscabando el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, así como a la eficacia que este servicio público debería tener. Estas críticas llegan en un momento crucial para la reforma de la Justicia española, después de que el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) haya pedido al Gobierno que acelere las reformas, que van desde la nueva Oficina Judicial hasta los Tribunales de Instancia, pasando por la digitalización de la Audiencia Nacional y, posteriormente, de todos los juzgados y tribunales.

Casi todas las voces autorizadas del mundo jurídico han alabado esta reforma que ha sido conocida como Ley de Medidas de Agilización Procesal. El proyecto recoge casi la totalidad de las iniciativas del CGPJ para detener el incremento exponencial de la litigiosidad, que aumentó casi un 33% en la última década y en algunas jurisdicciones, como la Civil, ha llegado a duplicarse.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, por su parte, considera que el actual modelo legislativo y judicial está agotado". Ha señalado que está "cargado de parches y de nuevos procedimientos que hace imprescindible una reflexión conjunta de todos los operadores jurídicos -con una gran carga de altruismo, generosidad y autocrítica-, sobre los problemas de gobernanza de la actual Administración de Justicia y sobre cuáles podrían ser las reformas que condujesen a una mejor y más actual Administración".

La Abogacía considera que el proyecto si sale adelante va a suponer un serio recorte de las garantías del ciudadano frente a la Administración de Justicia, ya que restringe las posibilidades de recurso y de revisión de las decisiones judiciales, obliga a pagar más tasas por la interposición de demandas y le impone a los litigantes contra la Administración que pierdan un pleito la obligación de pagar las costas del proceso, incluidas las minutas de los abogados del Estado.

Por el contrario la portavoz de la Cúpula Judicial, Gabriela Bravo, ha negado que la medida que establece que el Tribunal Supremo sólo estudiará los pleitos de más de 800.000 euros, frente a los 150.000 euros actuales, vaya a suponer que se cree una Justicia para ricos y ha asegurado que los ciudadanos van a seguir teniendo derecho a que el Tribunal Supremo conozca su caso pero, únicamente cuando se considere que tienen relevancia casacional.

Para los consejeros del CGPJ se trata de conseguir que el Tribunal Supremo tenga tiempo para poderse dedicar a todos aquellos asuntos en que los procesos en los que se deba unificar criterio cuando las audiencias provinciales hayan fallado asuntos con doctrinas contradictorias.

Por ello no es de extrañar que la tensión se haya apoderado de ambas instituciones. Sin embargo, la intervención de y del vocal del CGPJ, José Manuel Gómez Benítez, ha acusado a la abogacía institucional por atacar el proyecto de ley de agilización procesal. En su opinión, el informe de los servicios jurídicos de la Abogacía, que han lanzado las duras críticas contra la reforma, cree que trata “de poner palos en la rueda al sistema que trata de desarrollar Justicia para agilizar los procesos, limitando el uso abusivo de los recursos”.

Ante semejantes críticas, Carlos Carnicer ha anunciado que presentará una queja formal al presidente del CGPJ, Carlos Dívar, por esas manifestaciones que considera improcedentes.

Mientras surgen estos enfrentamientos institucionales, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha asegurado en una entrevista concedida a una cadena de radio que la reforma procesal, puesta en marcha por el no comenzará a notarse hasta dentro de “tres o cuatro años”, en el caso en el que el Congreso lo apruebe antes de verano.

Por si esta situación, en momento tan delicado no estuviese ya crispado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, ha venido a denunciar que las restricciones de presupuesto tanto en el Gobierno central como en el autonómico, debido a la situación de crisis económica, está menoscabando el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, así como a la eficacia que este servicio público debería tener.

La bronca para los próximos meses parece asegurada… lo que lleva a recordar aquel refrán popular lleno de sabiduría que dice… pleitos tengas… y los ganes.

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