edición: 2719 , Viernes, 17 mayo 2019
23/09/2011

Jueces y fiscales exigen al próximo Gobierno una Ley de Enjuiciamiento Criminal ante la antigüedad de su texto

Javier Ardalán
Los jueces están preocupados porque se acaba la legislatura y no se ha aprobado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ajuste los procedimientos judiciales a las novedades incluidas en la última reforma del Código Penal e, incluso, a la Constitución Española.

En el texto de la Exposición de Motivos de la Ley 13/2009, de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, se introdujo una explicación que explica  que “se introducen ciertas mejoras procesales fruto del a experiencia aplicativa de las Leyes de procedimiento. Esta finalidad se proyecta en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Procedimiento Laboral y la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. En cambio, no ha podido lograrse este propósito, debido a la antigüedad de su texto, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

La ley tiene que sustituir a un texto aprobado hace 129 años y que ha sufrido 66 modificaciones. Y tal y como ya auguraba esta normativa, el Parlamento ha ido aprobando cada una de esas normativas e, incluso, esta misma semana el Congreso de los Diputados ha dado su visto bueno a las nuevas leyes sobre Medidas de Agilización Procesal, la reforma de la Ley Concursal y la Reguladora de la Jurisdicción Laboral.

Técnicamente era imposible  que el actual anteproyecto se pudiese aprobar en esta legislatura, entre otras cosas, por el adelanto electoral, que ha supuesto que llegase antes la disolución de las Cortes que el próximo Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), previsto para los próximos días, en el que se debía estudiar la viabilidad del texto remitido por el Gobierno. No obstante, los jueces han abierto un debate sobre la conveniencia de elaborar o no el informe, según fuentes del  propio CGPJ.

Este paso, ya lo ha dado el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) rechazó hace unos días la entrega al Gobierno el informe solicitado sobre esta norma, al entender que el adelanto electoral ha frustrado el debate público sobre una norma  que considera capital en el Estado de Derecho.

La cúpula judicial, ha mostrado, a través de una nota, su satisfacción con la aprobación de estas leyes, pero, al tiempo, reclamaban que se extienda el proceso reformador a la Jurisdicción penal. Por ello, hacía un llamamiento a las fuerzas políticas invitándolas a alcanzar un pacto de Estado.

El consejero del CGPJ, Fernando de Rosa ha reconocido en diversas ocasiones que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lleva diez años reclamando al Gobierno que modifique la ley por los registros (como as extracciones de ADN, que no se hacen ante personal médico que compruebe que no se contaminan los resultados) y las intervenciones de las comunicaciones que en la práctica están muy mal reguladas.

La Fiscalía también recoge críticas a este retraso legislador en su memoria de este año, que acaba de hacer pública. En ella se añade que “resultaría por ello no solo negativa y frustrante para el propio desenvolvimiento de las garantías y las libertades proclamadas en la Constitución, sino incluso democráticamente inconsecuente, cualquier nueva tentación de remiendo normativo parcial que, con desprecio y olvido de esa evidencia apreciada por el Legislador en 2009, condujese a un nuevo ejercicio de miopía constitucional e institucional, mientras la desconfianza y la inoperancia siguen empañando y empequeñeciendo el esfuerzo enorme que magistrados, jueces y fiscales despliegan cada día para hacer Justicia con tan viejos, pobres, amputados y deteriorados instrumentos legales.

Sin embargo, no este el único problema procedimental que preocupa ahora en los Tribunales. La Memoria de la Fiscalía se hace eco también de la conveniencia de revisar el texto legal del artículo 295 del Código Penal, que sanciona la conducta de “los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren”.

En este caso, la Fiscalía señala que entre los sujetos pasivos enumerados por el precepto no se contempla como tal a la empresa o sociedad titular de los activos fraudulentamente administrados, lo que imposibilita que la misma sea considerada como víctima directa, y exige que el perjuicio económico o patrimonial se verifique o constate, directamente sobre el socio de la misma, cuentapartícipe o titular de los bienes.

Tal concepción, continúa razonando, tiene consecuencias procesales de importancia, puesto que la sociedad carece de legitimación activa para erigirse como perjudicada, y consiguientemente, como acusación particular, en el proceso penal, dependiendo por tanto de que lo hagan los sujetos legitimados en orden a defender unos intereses que a ella jurídicamente son imputables.

Además, la prueba en el Juicio Oral del perjuicio económico, de forma que se verifique directamente en los sujetos pasivos establecidos, es enormemente compleja, por no decir, en muchos casos, casi inviable.

La razón, sigue afirmando la Fiscalía, es clara, ya que en realidad la perjudicada primera o directa es la sociedad, de modo que en su balance es más fácil probar procesalmente un perjuicio patrimonial, dado que el ataque se produce directamente sobre los bienes de los que ella es titular. Finalmente, propone la reforma de este precepto penal, para que se incluya a la empresa o sociedad titular de los bienes afectados por gestión delictiva contemplada en el tipo.

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