edición: 2579 , Lunes, 22 octubre 2018
08/09/2011

Juicio en Islandia contra el ex primer ministro por la quiebra financiera

Pedro González
Creado en 1905, el Landsdómur es un tribunal destinado a juzgar a miembros del Gobierno de Islandia por delitos considerados de alta traición. Nunca se había activado, hasta el pasado el lunes, en que sentaba en el banquillo al ex primer ministro conservador Geir Haarde, acusado de ser el principal responsable de la crisis financiera que ha hundido tanto la economía y el desarrollo del país como el prestigio mismo de una Islandia, considerada hasta entonces como un modelo de sociedad próspera y equilibrada. Geir Haarde y su conservador Partido por la Independencia gobernaron de 2006 a 2009 en coalición con el Partido Socialdemócrata, desalojados del poder tan pronto como Islandia se declaró insolvente. Sin embargo, las elecciones posteriores provocaron el definitivo hundimiento del partido de Haarde y el triunfo de los socialdemócratas, que tienen actualmente la mayoría de la Cámara en alianza con los Verdes.

Estas circunstancias, unidas al hecho de que es solamente el ex primer ministro el único en sentarse en el banquillo de los acusados, son las que han llevado a que Haarde califique el proceso como una venganza política, “fruto de la cual es esta farsa”. El juicio ha comenzado precisamente un año después de que el Parlamento adoptara las recomendaciones de la comisión investigadora, creada para determinar las responsabilidades de las autoridades políticas y económicas durante la crisis. Cuando se expusieron las conclusiones para que las votara el Parlamento, éste ya había cambiado de configuración. El pleno aprobó entonces el procesamiento de Haarde y la exoneración de responsabilidades de tres ex ministros, entre ellos dos del Partido Socialdemócrata.

Haarde se ve por lo tanto a sí mismo como el único chivo expiatorio del hundimiento financiero de su país. Los cargos que se le imputan son haber violado la ley sobre la responsabilidad del Gobierno y desoír las advertencias, que habría recibido en reiteradas ocasiones, sobre la inminencia de la crisis. Acusaciones “poco claras”, en opinión del abogado defensor de Haarde, Andri Arnason, que ha solicitado al tribunal el cierre inmediato del caso. Una decisión para la que dispone de cuatro semanas, pero que en Reykyavik estiman poco probable vaya en el sentido reclamado por el abogado defensor. La opinión pública se halla muy crispada por descubrir que, debajo de aquel período de crecimiento disparado y expansión económica, se había acumulado una deuda gigantesca e impagable. Las tres principales entidades financieras del país entraron en bancarrota, la corona se desplomó y el paro, fenómeno prácticamente desconocido en aquellas latitudes, irrumpió en tromba.

La crispación alcanzó su punto culminante cuando miles de ahorradores británicos y holandeses exigieron que Islandia, como país, asumiera la deuda contraída por sus bancos, en  los que habían colocado miles de millones de euros, atraídos por el compromiso de pingües intereses. El pasado mes de abril la población islandesa exigió y obtuvo de su gobierno la celebración de un referéndum para decidir si pagaban ó no tales deudas. Como era de prever, ganó el “no”, decisión que va a traducirse en que los gobiernos del Reino Unido y Holanda demanden al de Islandia. Londres y La Haya garantizaron a sus ciudadanos el reembolso de las cantidades depositadas, conforme a las mismas cláusulas que regían para los ahorradores islandeses, pero a su vez exigen a Reykyavik que le devuelva lo adelantado.

Existe por lo tanto un ambiente proclive al escarmiento, y Haarde reúne todas las circunstancias para que sirva de ejemplo. En Islandia, pero también en todo el ámbito nórdico, cunde la impresión de que si los ejecutivos financieros han cometido errores y delitos, el poder político, que es el encargado de vigilarles, no ha estado a la altura de sus deberes y de la confianza depositada por los ciudadanos en el contrato electoral. Algo así como que va siendo hora de que no se vayan de rositas políticos acostumbrados a no responder de las calamidades que provocan sus decisiones y sus actos.

La ineptitud, aparte de un estigma social, no deberá ser considerada en adelante un mero defecto. A este respecto, Nueva Zelanda está abriendo la ruta. Hace apenas unos días que el Tribunal Superior de Auckland ha condenado a más de dos años de prisión a Kenneth Roger Moisés y a Mervyn Ian Doolan, presidente y director general respectivamente de la Nathans Finance New Zealand Ltd, no por falta de honradez ó corrupción, sino por “ineptitud”. El juez Paul Heath lo recalca varias veces en su sentencia, culpando precisamente a la falta de aptitud de los citados ejecutivos para desempeñar su trabajo, de haber llevado a la compañía a la suspensión de pagos. Un veredicto en suma que ha llevado a Sean Hughes, director del órgano regulador de los mercados financieros de Nueva Zelanda a calificarlo de “serio aviso a los participantes en los mercados financieros que deben ser enteramente responsables de su conducta”.

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