edición: 3027 , Miércoles, 12 agosto 2020
05/12/2012

Justicia anuncia que la inscripción en el Registro Civil por nacer y morir seguirá siendo gratuita, por el resto sí se pagará

Javier Ardalán
El Ministerio de Justicia se ha visto obligado a aclarar públicamente que la inscripción de nacimientos y las actas de defunción seguirán siendo gratuitas para los ciudadanos, después de que la asociación judicial Jueces para la Democracia acusase a este Departamento de querer privatizar el Registro Civil y cobrar por este tipo de servicios públicos.  Estas gestiones suponen aproximadamente el 60% de las realizadas en el Registro Civil y otro 20% corresponde a trámites de nacionalidad.

Nada dice la nota de Justicia, sin embargo, sobre los aranceles que se aplicarán por la actuación de los notarios en los matrimonios civiles, que dejarán de ser celebrados por ediles o jueces, como ocurría hasta ahora, ni por los secretarios judiciales, que era lo previsto en la reforma de 2011, que finalmente no se llevará a cabo. Así, se regula en el Anteproyecto de Ley de Reforma de los Registros, que en las próximas semanas aprobará el Consejo de Ministros.

Las acusaciones de los jueces progresistas, cercanos a las tesis del PSOE, se centran también en la elección de unos cuerpos funcionariales absolutamente separados de los asuntos incluidos en el Registro Civil, como es la concesión de la nacionalidad española por residencia, que será atendida por los notarios, o los nacimientos y defunciones, que serán gestionados por registradores de la Propiedad y Mercantiles.

Justicia, por el contrario, responde a los jueces, que cerca de un millar de registradores de la Propiedad ya colaboran con el Ministerio de Justicia para descongestionar las peticiones de nacionalidad que llevaban un retraso de años, lo que provocó un atasco de 400.000 solicitudes y obligó a adoptar esta medida excepcional.

Además, señala que los registradores, que son funcionarios públicos del Estado y que verán de esta forma aumentadas sus funciones tradicionales, pero sin percibir una contraprestación económica por ello. No obstante, en el colectivo de registradores y en el de notarios se espera la aprobación de arancel con los cobros que sí podrán percibir por las actuaciones en las que sí está permitido el cobro.

Ha sorprendido la rapidez y la contundencia del Ministerio dirigido por Ruiz Gallardón, que no quiere ver abierto un nuevo frente como el que ya tiene abierto con el cobro de las tasas judiciales, que ha motivado concentraciones de todos los colectivos componentes del mundo de la Justicia.

Así, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha anunciado que su departamento está elaborando un estudio para valorar si la cuantía de las nuevas tasas judiciales puede considerarse "excesiva" y que trasladará el informe a las autoridades pertinentes si en algún momento requieren su opinión al respecto.

Considera que siendo correctas las tasas, en principio tienen la limitación prevista por el Tribunal Constitucional para que no impidan el acceso a la Justicia y el acceso al sistema de recursos", ha añadido.

Más allá ha ido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, José Ignacio Vidau, que si considera que la nueva ley de Tasas Judiciales contempla unas subidas "excesivas", por lo que pueden impedir en algunos momentos el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial que garantice la Constitución. Así lo ha indicado tras la visita al nuevo Palacio de Justicia de Gijón. Por ello, ha reconocido que le parece "razonable y legítima" la protesta de los abogados, al igual de la que puedan hacer algunos jueces si lo ven oportuno.

Finalmente, es el Gobierno Vasco en funciones quien ha acordado presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de tasas judiciales al considerar que afecta negativamente al acceso a la Justicia.

La ley de tasas judiciales, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 21 de noviembre, prevé una subida generalizada de las tasas judiciales, de entre 50 y 750 euros, para poder recurrir una resolución en los tribunales, lo que ha provocado el rechazo general por parte de la judicatura y la oposición.

El PSOE ha anunciado también su disposición a presentar también un recurso ante el Tribunal Constitucional por entender que afecta al derecho a la tutela judicial efectiva.

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