edición: 2594 , Martes, 13 noviembre 2018
09/02/2017
LA OREJA DE LARRAZ

Justicia se plantea cambiar la Ley de Protección de Datos para adaptarla a las exigencias comunitarias

Javier Ardalán
El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea será plenamente aplicable en España a partir del 25 de mayo de 2018 y obligará a cambiar la actual Ley Orgánica de Protección de Datos.
El Ministerio de Justicia acaba de abrir una consulta pública sobre la adaptación al Reglamento 2016/679 del parlamento europeo y del consejo, de 27 de abril de 2016, sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

El Reglamento general de protección de datos viene a reforzar la seguridad jurídica y la transparencia a la vez que permitirá que sus normas sean especificadas o restringidas por el Derecho de los Estados miembros en la medida en que sea necesario por razones de coherencia y para que las disposiciones nacionales sean comprensibles para sus destinatarios.

Justicia considera preciso tener en cuenta que existen normas sectoriales específicas junto a la normativa general y horizontal en materia de protección de datos, la vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y junto a la Agencia Española de Protección de Datos coexisten agencias en los territorios de las Comunidades Autónomas. La adaptación al Reglamento general de protección de datos puede requerir, por tanto, la elaboración de una nueva Ley Orgánica que sustituya a la actual. El Reglamento será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018, según establece su artículo 99. En concreto, los Estados miembros deben estar facultados para mantener o adoptar disposiciones nacionales a fin de especificar en mayor grado la aplicación de las normas del Reglamento.

El Reglamento general de protección de datos pretende superar los obstáculos que impidieron la finalidad armonizadora de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995. La transposición de  esta norma por los Estados miembros se ha plasmado en un mosaico normativo con perfiles irregulares en el conjunto de la Unión Europea lo que, en último extremo, ha conducido a que existan diferencias apreciables en la protección de los derechos de los ciudadanos.

Se atiende también,  a nuevas circunstancias, principalmente el aumento de los flujos transfronterizos de datos personales como consecuencia del funcionamiento del mercado interior, los retos planteados por la rápida evolución tecnológica y la globalización, que ha hecho que los datos personales sean el recurso fundamental de la sociedad de la información.

El carácter central de la información personal tiene aspectos positivos, porque permite nuevos y mejores servicios, productos o hallazgos científicos. Pero tiene también riesgos, pues las informaciones sobre las personas se multiplican exponencialmente, son más accesibles, por más actores, y cada vez son más fáciles de procesar mientras que es más difícil el control de su destino y uso.

El Reglamento general de protección de datos supone la revisión de las bases legales del modelo europeo de protección de datos más allá de una mera actualización de la vigente normativa.

Los objetivos de la reforma proyectada buscan la adaptación al Reglamento general de protección de datos para evitar contradicciones con la normativa interna y proceder a ejecutar las previsiones del Reglamento en los puntos que el mismo Reglamento habilita. Se pretende una posible introducción de mejoras concretas en relación a aspectos del ordenamiento jurídico español en la normativa general en materia de protección de datos. Y, además, se prevé la posible introducción de mejoras concretas en relación a aspectos del ordenamiento jurídico español en las normas sectoriales en materia de protección de datos.

En virtud del artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el reglamento "tendrá un alcance general" y "será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro". Se integra, pues, en los ordenamientos jurídicos nacionales a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, desplegando su eficacia a partir de la fecha que él mismo fije o, a falta de ella, a los veinte días de su publicación (artículo 297 del citado tratado internacional).

.Dado que se trata de una norma no necesitada de incorporación mediante otra de naturaleza interna, presenta una clara vocación unificadora de los Derechos nacionales, tendente a excluir cualquier particularidad o diversidad interna en la materia por él regulada, al limitar la intervención de los Estados, en principio, a la aplicación material de la norma única europea, sin perjuicio de la labor de depuración normativa y de los eventuales desarrollos de los que aquella pueda ser objeto.

El principio de seguridad jurídica, en su vertiente positiva, obliga a los Estados miembros a integrar el ordenamiento europeo en el interno de una manera lo suficientemente clara y pública como para permitir su pleno conocimiento tanto por los operadores jurídicos como por los propios ciudadanos, en tanto que, en su vertiente negativa, implica la obligación para tales Estados de eliminar situaciones de incertidumbre derivadas de la existencia de normas en el Derecho nacional incompatibles con el europeo. De esta segunda vertiente se colige la consiguiente obligación de depurar el ordenamiento jurídico.

Los reglamentos, pese a su característica de aplicabilidad directa, en la práctica pueden exigir otras normas internas complementarias para hacer plenamente efectiva su aplicación. En este sentido, más que de incorporación cabría hablar de "desarrollo" o complemento del Derecho europeo.

Por tanto, no hay una alternativa no regulatoria para la adaptación al Reglamento general de protección de datos, que, por una parte, exige la depuración de todas aquellas disposiciones, incluidas las de rango legal, contrarias a su dicción y, por otra, incluye numerosas previsiones en que hay una autorización o una remisión a la normativa estatal, la cual ha de operar de complemento necesario para la plena efectividad del referido reglamento europeo

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