edición: 2724 , Viernes, 24 mayo 2019
04/06/2010
OBSERVATORIO JURIDICO

La aceptación de una Letra de Cambio por el Apoderado o representante del Librado

DATADIAR

El tenedor de una letra de cambio librada contra una sociedad ejercitó acción cambiaria contra la persona física que firmaba en la casilla de acepto. El demandado interpuso demanda de oposición por falta de acción, argumentando que se había obligado en su calidad de administrador de la sociedad, y no a título personal. El tenedor argumentó que el administrador se había obligado en su propio nombre por mandato legal, al no consignar indicación alguna de actuar por poder. El Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Amurrio (Álava) dictó sentencia de 23 de julio de 2005 estimando la demanda de oposición formulada concluyendo que el demandado aceptó la letra en su condición de administrador, cuya representación de la sociedad ostentaba y actuaba en nombre de la sociedad, y que el crédito correspondía a la actividad empresarial.

La Audiencia de Álava dictó sentencia de 19 de diciembre de 2005 estimando el recurso de apelación interpuesto y ordenó proseguir la ejecución argumentando, en síntesis, que (a) los firmantes de una letra que actúan por poder tienen obligación de consignarlo con arreglo al artículo 9 LCCH por razones de seguridad jurídica para evitar una situación de incertidumbre sobre la persona obligada; (b) solo puede admitirse flexibilidad en la forma de expresar que se actúa por poder o representación; (c) esta es la doctrina seguida por la mayoría de las AAPP; (d) la solución se ajusta la jurisprudencia del TS; (e) no cabe aceptar el argumento de que la aceptación se reserva al librado, pues cabe el pago por tercero con arreglo al CC, y no resulta indispensable que sea el librado quien acepte la letra de cambio, sino cualquiera que tenga mandato o representación de él (según se desprende de la presunción legal en favor del administrador, artículo 9 LCCH), quien resultará obligado personalmente si no lo hace constar.

Interpuesto recurso de casación ante el Tribunal Supremo, por la persona contra la que se dirige la acción cambiaria, dicho Tribunal en Sentencia de 5 de abril de 2010, resolvió el mismo dando lugar al mismo y fijando como doctrina jurisprudencial que la omisión por parte de quien firma el acepto de una letra de cambio de antefirma o de otra referencia al hecho de actuar por poder o por representación o como administrador de la entidad o sociedad que figura como librada en la letra no libera a éstas de responsabilidad como aceptante, excepto cuando el firmante del acepto carece de dicho poder o representación; y, a su vez, quien acepta la letra en tales condiciones no se obliga personalmente, sino que obliga a la entidad o sociedad que aparece como librado si efectivamente ostenta poder o representación de ella.

Señala el TS que el art. 9 LCCH establece que todos los que pusieren firmas a nombre de otro en letras de cambio deberán hallarse autorizados para ello con poder de las personas en cuya representación obraren, expresándolo claramente en la antefirma. Este mandato se funda en el principio de formalidad de la letra de cambio y atiende a la seguridad del tráfico mercantil, el cual exige que quienes intervienen en el giro conozcan con precisión la identidad de quienes intervienen en una letra de cambio y el concepto en que lo hacen.

El incumplimiento del mandato de hacer constar la representación en la antefirma comporta la consecuencia de que el firmante se ve obligado a responder personalmente. Planteándose, sin embargo, la cuestión de si esta consecuencia es aplicable en aquellos casos en los cuales, aun omitiéndose toda referencia a la existencia de un poder, la condición en que actúa el aceptante resulta de manera inequívoca de las menciones que constan en la letra de cambio en relación con la entidad o sociedad librada y existiendo sobre este punto doctrina contradictoria en las Audiencias Provinciales, la Sala Primera de nuestro más alto Tribunal, como ya hemos señalado con anterioridad, en aras de la unificación de la doctrina sobre la materia, fija como doctrina que la omisión por parte de quien firma el acepto de una letra de cambio de antefirma o de otra referencia al hecho de actuar por poder o por representación o como administrador de la entidad o sociedad que figura como librada en la letra no libera a éstas de responsabilidad como aceptante, excepto cuando el firmante del acepto carece de dicho poder o representación; y que a su vez, quien acepta la letra en tales condiciones no se obliga personalmente, sino que obliga a la entidad o sociedad que aparece como librado si efectivamente ostenta poder o representación de ella.

En el caso examinado en la sentencia la aplicación de esta doctrina conduce a la estimación del recurso de casación y ello puesto que en la casilla de acepto figura únicamente la firma de una persona que no puede sino actuar con poder o representación del librado, siendo además el administrador de la sociedad que figura en la letra como librado y, por consiguiente, ostentaba facultades para aceptarla en su representación.

Equipo jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo, de Régimen Jurídico de los Servicios de pago y de las Entidades de pago. (BOE nº 131 de 29 de mayo de 2010).
Contar con métodos e instrumentos de pago eficaces es fundamental para el correcto funcionamiento de las relaciones económicas y comerciales. Por ello, el logro de un verdadero mercado interior de bienes y servicios necesita, a su vez, del desarrollo de un mercado de servicios de pago eficaz, eficiente y seguro. Esta aspiración se sustanció en la adopción de la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, cuyo objetivo último era lograr la verdadera integración del mercado único de servicios de pago. Para ello prevé una serie de medidas articuladas en torno a tres ejes fundamentales y que se refuerzan mutuamente. En primer lugar, la Directiva pretende aumentar la eficiencia en el funcionamiento del mercado único de servicios de pago, estimulando la competencia a través de la armonización de los requisitos de acceso a este mercado e introduciendo una nueva categoría de proveedores de servicios de pago, las entidades de pago, cuyas condiciones para competir son iguales a las del resto de proveedores. También es central para la norma comunitaria la protección del usuario de servicios de pago. Para lograrlo, establece requisitos de información y salvaguardas que rigen antes y durante la ejecución de órdenes de pago y que garantizan la transparencia en la prestación de estos servicios. Finalmente, la relación directa existente entre la certeza en el uso de los instrumentos y sistemas de pago y la confianza en ellos de los usuarios, convierte a la seguridad del mercado de servicios de pago en el objetivo del tercer gran bloque de la Directiva, que contiene un régimen armonizado de derechos y obligaciones y disposiciones de reparto de responsabilidades entre usuario y proveedor en caso de ejecuciones erróneas o defectuosas de las órdenes de pago.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de falsificación de tarjetas de crédito y delito de estafa continuado. Tribunal Supremo. Sentencia 15 de marzo de 2010.
Delito de falsificación de tarjetas de crédito y delito de estafa continuado. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, competente por razón de la materia para el enjuiciamiento de los hechos, declaró probado que los dos acusados por sí mismos o bien puestos de acuerdo con otra persona dedicada a confeccionar tarjetas de crédito inauténticas, mediante la incorporación a su banda magnética de los datos auténticos correspondientes a terceros, se dedicaban a activarlas en su propio e ilícito beneficio, a costa de cargar el importe de lo adquirido en la cuenta bancaria del verdadero titular. En el relato probatorio se describen los episodios en que ambos acusados se presentaron en establecimientos en los que realizaban compras con cargo a dichas tarjetas, si bien que quien las utilizó en cada caso fue uno solo de los acusados que era el que firmaba los “tickets” correspondientes, limitándose el otro acusado a acompañarle. Al ser detenidos en el interior de una tienda adonde iban a retirar productos adquiridos ilícitamente, únicamente se ocuparon tarjetas falsificadas al primer acusado mientras que el segundo inculpado le acompañaba. Lo cierto es que la intervención del segundo acusado en el curso causal se agotó en el acto de acompañar al otro acusado pero sin implicación en la elaboración de las tarjetas ni en su utilización. El acusado no aportó actividad alguna, de manera que todo hubiera discurrido igual sin su presencia.

Mercantil

El mediador ha cumplido su obligación y tiene, por ello, derecho a percibir la remuneración pactada. Tribunal Supremo. Sentencia 18 de marzo de 2010.
En el contrato de mediación la relación que los conforman viene constituida porque la función del agente radica en la conexión y contacto negocial que procura entre el vendedor y el futuro comprador, con lo que su relación contractual sólo se proyecta respecto a la parte que le confirió el encargo, que por ello no exige necesariamente que se de propio mandato para un acto de riguroso dominio, estando supeditada su eficacia, en cuanto al devengo de honorarios por comisión, a la condición suspensiva de la celebración del contrato pretendido, salvo pacto expreso en contra. Dicho contrato nace a la vida jurídica por la actividad eficiente y acreditada del agente mediador, y, en consecuencia, los derechos de éste al cobro de las remuneraciones convenidas, los adquiere desde el momento en que se perfecciona la compraventa encargada. En este caso de la prueba practicada se puede concluir el derecho del mediador a su retribución como como consecuencia de la mediación del actor las partes se pusieron de acuerdo; el negocio final se realizó como consecuencia de la previa intervención del mediador. En todo caso, las gestiones de aquél fueron aprovechadas. La consumación del contrato se produjo el 2 de Agosto de 2.002, pero las referencias a la venta incluidas en el contrato de mediación no pueden interpretarse en el sentido de que en tal acto el mediador debiera representar a las comitentes sino que habida las gestiones de aquél las vendedoras finalmente cobraron el precio de la compraventa.

No existe una semejanza entre la Marcas enfrentadas, siendo ambas denominaciones suficientemente distintas como para no producir riesgo de confusión entre los consumidores. Tribunal Supremo. Sentencia 18 de marzo de 2010.
Las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación A partir de esto no es absoluto irrazonable concluir que las marcas enfrentadas presentan en este caso las suficientes diferencias como para llegar a la conclusión de su compatibilidad a la que llega el Tribunal de instancia. Entre los signos «Icebreaker» e «Iceberg» hay elementos de distinción suficientes para justificar el fallo de la sentencia que se recurre, que ha descartado la existencia de riesgo de confusión y las ha considerado plenamente distinguibles por el consumidor medio. Y, determinado que no hay riesgo de confusión, el hecho de que la marca prioritaria fuera notoria, y pudiera gozar de una protección reforzada, no impediría por tal razón, la concesión de la marca aspirante.

Civil

El contrato de arrendamiento concluido por uno de los cónyuges, constante matrimonio, se rige por lo dispuesto en la LAU en lo relativo a la subrogación por causa de muerte del cónyuge titular del arrendamiento. Tribunal Supremo. Sentencia 10 de marzo de 2010.
El contrato de arrendamiento concluido por uno de los cónyuges constante matrimonio no forma parte de los bienes gananciales y se rige por lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos Urbanos en lo relativo a la subrogación por causa de muerte del cónyuge titular del arrendamiento. Y es que la concreción de la figura del arrendatario resulta del propio contrato de arrendamiento, generador de derechos personales, independientemente de que la vivienda arrendada tenga como fin servir de domicilio conyugal o del régimen matrimonial que pueda existir entre los cónyuges, lo que resulta plenamente compatible con el régimen de subrogación existente en el antiguo artículo 58 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de diciembre de 1964 así como en el artículo 16 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994. En definitiva, al no haberse subrogado la viuda del arrendatario en el periodo establecido en el artículo 16 Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994, aplicable en virtud de lo dispuesto en su Disposición Transitoria 2,B, procede declarar la inexistencia de subrogación, la resolución del contrato de arrendamiento y, por tanto, la desestimación del recurso de casación.

Determinación de la eficacia que tiene el hecho de que los adquirentes de las viviendas suscribieron el contrato de compraventa al que se unió una memoria de calidades distinta de la que fue inicialmente ofertada. Tribunal Supremo. Sentencia 15 de marzo de 2010.
La obligación contraída respecto de las calidades contenidas en la memoria dejó de formar parte de lo que constituyó inicialmente elemento esencial del contrato desde el momento en que los adquirentes de las viviendas otorgaron escrituras públicas una vez construidas a las que se incorporaron las calidades en la memoria uniéndose todas ellas mediante anexo a cada uno de los contratos, de conformidad con el principio de la autonomía de la voluntad de los contratantes, y en adecuado cumplimiento de la previsión establecida en el artículo 9 del Real Decreto 515/1989 , de tal forma que una cosa es que en ausencia de esta memoria, los proyectos hubieran integrado necesariamente la oferta, haciendo exigible el acuerdo alcanzado, y otra distinta que el contrato haya expresado los cambios introducidos respecto al proyecto y que estos cambios fueran aceptados por los compradores, con conocimiento de lo que compraban, integrándolo normativamente en el mismo, sin que ninguno de ellos utilizara los mecanismos que el derecho ponía a su alcance para demandar la nulidad de alguna de sus cláusulas por no ajustarse los documentos contractuales a las reglas de claridad y sencillez, a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto citado, o incluso del pacto contractual sobre calidades, con reserva en su caso de derechos respecto de las posibles diferencias entre las pactadas expresamente y las determinadas inicialmente en la documentación técnica presentada ante la Gerencia de Urbanismo para obtener las oportunas licencias.

Laboral

Reclamación de diferencias en el salario base y plus de antigüedad. Interrupción de la prescripción en relación con la vinculación de dos procesos de conflicto. Tribunal Supremo. Sentencia 16 de abril de 2010.
El origen de la reclamación, se encuentra en sendas sentencias de conflicto colectivo. La sentencia ahora recurrida, desestima el recurso deducido por el demandante declarando prescritas todas las cantidades reclamadas en concepto de salario base en atención a la fecha de extinción del contrato de trabajo del actor -el 14 de enero de 1993-, es decir, con anterioridad a la interposición de las pertinentes demandas ante la Audiencia Nacional. El plazo de prescripción de cada mensualidad prescribía al año a contar a partir del mes en que no se abonó la antigüedad reclamada. Por consiguiente, la interposición del conflicto colectivo el 4 de noviembre de 1.992, solo pudo interrumpir la prescripción de la acción para reclamar la antigüedad que se debió percibir a partir de noviembre de 1.991, pero no la correspondiente a mensualidades anteriores, que ya estaban definitivamente prescritas. Fue pues correcta la solución alcanzada por la sentencia recurrida de reconocer al actor las diferencias por antigüedad solo a partir de 1 de noviembre de 1.991. En el segundo motivo del recurso, en el que se invoca también la infracción del art. 59 ET, se mantiene la tesis de que no están prescritas las cantidades reclamadas en concepto de diferencias por salario base del periodo 1 de enero de 1.991 a 31 de agosto de 1.994. Este segundo motivo debe correr la misma suerte que el primero, ya que también son erróneos los argumentos en que se sostiene. Desde esa fecha, Julio del 94, quedó interrumpida también la prescripción de la acción que el actor ejercitó el día 19 de septiembre siguiente, después de planteado el conflicto, tenía por tanto el actor derecho a percibir las diferencias correspondientes a los meses de julio a Diciembre de 1.994, que es la última que reclama en su demanda, dado la que relación laboral se extinguió el día 2 de enero de 1.995. No obstante, la sentencia recurrida solo le reconoció los atrasos a partir del mes de septiembre de 1.994, porque según razona, con argumento que no se combate en esta sede, se reclamaba así en el recurso de suplicación y la congruencia le impedía extender la condena mas allá de lo solicitado.

La concesión de más días de descanso al año de los previstos en Convenio  compensa por los festivos intersemanales trabajados, la empresa no deba pagar nada por el trabajo en festivo, pues da descanso compensatorio. Tribunal Supremo. Sentencia 20 de abril de 2010.
El problema planteado en el presente recurso consiste en determinar si el trabajo en días festivos intersemanales de los actores genera el derecho a la retribución de las horas trabajadas esos días con un incremento del 75 por 100, salvo que la empresa conceda descanso compensatorio, y, más concretamente, si ese descanso  se encuentra implícito en el hecho de que la empresa elabora un calendario laboral donde se incluyen bastantes más días de descanso de los exigidos por el Convenio Colectivo o si es preciso que a cada día trabajado en festivo se le impute un día de descanso concreto en todo caso. Si el calendario de trabajo anual confeccionado no sobrepasa la jornada laboral anual del Convenio  y garantiza el disfrute de un número de días de descanso al año igual o superior al que concede el Convenio, resulta evidente que el mismo se adapta a lo dispuesto en la norma convencional y en el art.47 del RD 2001/1983 que prevé excepciones a la regla de la libranza en festivo por razones organizativas como las que concurren en el sector sanitario que precisa prestar asistencia hospitalaria todo el año sin interrupción. Y es que cuando existe un calendario laboral previo no es preciso conceder un descanso compensatorio de forma expresa con posterioridad al trabajo en día festivo, pues la compensación se encuentra implícita en el calendario laboral que de forma expresa concede los descansos teniendo en cuenta las compensaciones por festivo, aunque no concrete los días a los que corresponde, calendario al que deberá estarse mientras no se anule, pretensión no ejercitada y que no se podría fundar en un supuesto derecho a cobrar el recargo del 75% por el trabajo en día festivo y a disfrutar del descanso compensatorio por el trabajo ese día cuando con el mismo no se sobrepasa la jornada anual del Convenio, máxime cuando la empresa establece una jornada laboral menor y da más días de descanso de los que requiere la norma convencional, concesión que no puede imputarse a su mera liberalidad, sino al pago de la deuda más gravosa, al pago de los descansos compensatorios por trabajo en festivo, tal y como decidió al fijar y publicar el calendario laboral anual.

Administrativo

Examen sobre si la controvertida sanción de "postergación en la carrera" prevista en el art. 352 del Reglamento Notarial, respeta la exigencia constitucional de Reserva de Ley. Tribunal Constitucional. Sentencia 27 de abril de 2010.
El derecho fundamental a la legalidad sancionadora, en relación con el principio de seguridad jurídica también garantizado constitucionalmente, exige que cuando la Administración ejerce la potestad sancionadora sea la propia resolución administrativa que pone fin al procedimiento la que, como parte de su motivación, identifique expresamente o, al menos, de forma implícita el fundamento legal de la sanción.  Pues bien, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre el régimen jurídico de las Administraciones públicas y procedimiento administrativo común, o el art. 681 del Código civil, que son, los únicos preceptos legales expresamente invocados por la Administración para justificar la doble sanción de postergación en la carrera impuesta, previenen, ni siquiera remotamente, un verdadero cuadro de sanciones administrativas ni, menos aún, tipifican la sanción de "postergación en la carrera", ahora controvertida. Como tampoco, las citadas normas contienen ninguna habilitación legal al reglamento para la tipificación de sanciones en materia de régimen disciplinario notarial. Por parecidas razones debemos descartar igualmente, que la decimonónica Ley del Notariado de 1862 proporcione, siquiera implícitamente, la imprescindible cobertura legal a la sanción controvertida de postergación en la carrera. toda vez que, además de no contener habilitación al reglamento para la tipificación del cuadro sancionador, las sanciones de amonestación, reprensión por escrito y multa que contempla su art. 43 no coinciden en absoluto con la citada sanción controvertida. También se debe descartar, en segundo lugar, en línea con el criterio que defiende el Ministerio Fiscal, que la sanción de "postergación en la carrera" prevista en los art. 351 y 352 del Real Decreto 1209/1984 sea una "minoración" o, en general, simple especificación de la sanción más grave de "traslación forzosa" que ya contemplaba el Reglamento Notarial de 1944. Como ha destacado el Fiscal en su escrito de alegaciones, ambos tipos de sanciones no son efectivamente homogéneas ni, por lo mismo, tienen las mismas consecuencias en la carrera profesional del Notario sancionado. Pues, mientras la sanción de "traslación forzosa" determina el nombramiento, siempre que fuera posible, del Notario para servir en otra Notaría distinta de la servida hasta ese momento, y que por aquel entonces podía ser de la misma o inferior categoría o clase, según la sanción de traslación forzosa fuera simple o cualificada y, por tanto, en su caso, un descenso en la categoría del Notario, la sanción de "postergación en la carrera" determina el correspondiente descuento en la antigüedad en la carrera del Notario sancionado y, por consiguiente, un retraso en sus posibilidades de promoción dentro de la carrera notarial.

Incongruencia extra petitum e incongruencia omisiva. Tribunal Constitucional. Sentencia 27 de abril de 2010.
En el presente caso, habida cuenta de que la queja sobre incongruencia extra petitum aparece referida a un pronunciamiento en costas por temeridad, y de acuerdo con la doctrina expuesta, debe concluirse que no concurre la vulneración aducida por la entidad recurrente, toda vez que, con independencia de que no hubiera sido solicitada su imposición por la Administración recurrida, es una cuestión sobre la que el órgano judicial podía pronunciarse de oficio. Por lo que se refiere a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por incongruencia omisiva, ésta tiene lugar cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las cuestiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución. En el presente caso, como se pone de manifiesto en las actuaciones y se ha expuesto con más detenimiento en los antecedentes, ha quedado acreditado que sí existió una respuesta expresa respecto de la alegación de prescripción de la sanción, por tanto, debe darse la razón al Ministerio Fiscal cuando descarta la existencia de incongruencia omisiva al haber existido una respuesta, en algunos extremos expresa y en otros tácita, al resto de cuestiones planteadas, lo que satisface las exigencias constitucionales de motivación de las resoluciones judiciales.

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