edición: 3007 , Viernes, 10 julio 2020
06/04/2016
LA OREJA DE LARRAZ

La actividad parlamentaria se inicia con un ambiente de provisionalidad entre los diferentes grupos

Javier Ardalán
Los grupos parlamentarios de la oposición han lanzado una amplia batería de proposiciones de ley y no de Ley instando al Gobierno en funciones a suprimir algunas de las leyes más polémicas de la pasada legislatura, como la derogación de la prisión permanente revisable, la paralización de la aplicación de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), o la Ley de Seguridad Ciudadana, llamada "Ley Mordaza" por sus críticos.
En el caso de las proposiciones no de ley, se trata de actuaciones sin efectos reales, únicamente con carácter simbólico, de cara a la galería, que pretende censurar la política del PP, una vez que no han podido hacerlo ni en una sesión de investidura, ni en una sesión de control.

Los catalanes independentistas de ERC han impulsado buena parte de estas iniciativas, como en el caso de la derogación de la prisión permanente revisable por considerarla una medida "inconstitucional" que, basándose en el "populismo punitivo", aleja a España de los países de su entorno europeo.

 En una proposición no de ley, defendida por la diputada de ERC Ester Capella, los grupos de la oposición han censurado que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobara en la pasada legislatura con su mayoría absoluta una reforma del Código Penal que introduce la cadena perpetua en la legislación, recurriendo para ello al eufemismo de prisión permanente revisable.

 "En el norte cierran cárceles y abren escuelas, en España justo lo contrario", sostiene ERC, que ha criticado que se renuncie al "principio reconciliador" de la reinserción social que recoge la Constitución de 1978 al introducir una prisión permanente revisable que, ha añadido la diputada, no repercute en mayores cotas de seguridad.

PSOE, Ciudadanos y Podemos han alegado razones diferentes para apoyar la moción, que solo ha contado con la oposición del PP.

En el caso de la LOMCE, el Pleno del Congreso de los Diputados ha tomado en consideración la proposición de ley del PSOE para paralizar el calendario de implantación, con los votos a favor de socialistas, Podemos, Compromís, ERC, Democracia y Libertad (DL), PNV, Izquierda Unida, EH Bildu. En cambio, han votado en contra PP y Foro de Asturias, y se han abstenido Coalición Canaria y UPN. Además, Ciudadanos, a pesar del acuerdo de Gobierno mantiene con los socialistas, ha decidido abstenerse.

Una vez admitida a trámite la proposición de ley, habrá que abrir un plazo de presentación de enmiendas tanto de totalidad, que tienen que incluir un texto alternativo, como al articulado. Dicho plazo es susceptible de prorrogarse a instancias de los grupos y por acuerdo de la Mesa de la Cámara, donde PP y Ciudadanos tienen mayoría absoluta.

Después, el texto y las enmiendas deberán discutirse en ponencia, comisión y nuevamente en el Pleno del Congreso antes de enviar la ley al Senado, donde se empezará de nuevo el proceso, y donde el PP tiene una holgada mayoría absoluta. Todo ello si no se disuelven las Cortes el 3 de mayo, y si no hay que repetir elecciones, pues en ese caso la reforma quedaría sin tramitarse.

En todo caso desde julio de 2013 existe un compromiso parlamentario de parar la ley en cuanto cambiase la mayoría en la Cámara Baja. Este pacto fue sellado por todas las formaciones políticas que entonces se encontraban en la oposición parlamentaria, salvo UPyD, Foro de Asturias y UPN, que no quisieron sumarse al compromiso.

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha dado luz verde a una proposición no de ley, impulsada por el PP, que reclama la elaboración de un protocolo para la orientación sobre la forma de examinar, interrogar u obtener testimonio de los menores de edad inmersos en un proceso judicial, reforzando las garantías de sus derechos y especialmente el derecho a ser escuchado, evitando su segunda victimización. La iniciativa ha salido adelante con los 34 votos de PP, Ciudadanos, PSOE, Democracia y Libertad y PNV. En cambio, se han abstenido Podemos y ERC.

La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a que paralice la última promoción de ascenso de los comisarios principales, máxima categoría en el Cuerpo Nacional de Policía. Denuncia la oposición que el objetivo del Ejecutivo es ejercer un control "en clave ideológica" de la cúpula policial con una convocatoria "en el último minuto".
 
Se trata de una proposición no de ley impulsada por el PSOE, que ha terminado pactando un redactado final con Ciudadanos. La iniciativa ha contado con 26 votos a favor, dos abstenciones y los 16 votos en contra del PP y UPN.

La vida parlamentaria ha comenzado, aunque se respira un ambiente de provisionalidad en las actuaciones.

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