edición: 2577 , Jueves, 18 octubre 2018
27/11/2014
LA OREJA DE LARRAZ

La actual estructura de la Justicia española da sus últimas "bocanadas" ante el colapso por los casos de corrupción

Javier Ardalán

Que el número y entidad de los procedimientos judiciales abiertos por hechos encuadrables en el concepto de corrupción se ha incrementado en los últimos años es de conocimiento general, pues no sólo repercute en los estados de opinión, sino también en el propio funcionamiento de la Administración de Justicia, que está quedando en evidencia por cuento no es capaz de dar una respuesta adecuada al fenómeno.

Ayer, el Fiscal General del Estado aportó datos en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados sobre este gran mal que asola España. Así, en el año 2013 se produjo  un incremento de un 22,54% con respecto al año precedente en el número de procedimientos incoados, con una clara preponderancia del delito de prevaricación administrativa, que supone un 38,50 % del total de los delitos de corrupción.

También, aumentaron  las calificaciones por delito de prevaricación administrativa en un 43,42% y por delito de cohecho en un 181,81%. Se ha producido también un incremento importante en los delitos de exacciones ilegales (100%) y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos (125%). Han descendido, por el contrario, las calificaciones por tráfico de influencias en un 72%.

La intervención del Ministerio Fiscal, a través de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, y su red territorial de Fiscales Delegados, así como a través de las Secciones de Delitos Económicos de las Fiscalías territoriales, se ha convertido en decisiva para el esclarecimiento de gran cantidad de delitos relacionados con el manejo de caudales públicos y con el ejercicio abusivo o desviado de las atribuciones públicas.

Sin embargo, Torres Dulce tuvo que reconocer, que la respuesta en estos procedimientos es lenta. Se halla alejada en el tiempo de la comisión de los hechos, a una distancia que impide percibir, cuando los hechos suceden o se denuncian, la eficacia del sistema, su efecto de prevención. La cifra de causas judiciales en las que interviene la Fiscalía Especial ha pasado de 246 a 312 en un periodo de seis años. El último año el incremento ha sido de 22 asuntos, aunque el número de causas judiciales asumidas por esta Fiscalía Especial alcanzó las 44, debido a la conclusión de algunos asuntos y la acumulación de procedimientos en los que se investigan delitos conexos.

En estos procedimientos la Fiscalía distingue dos bloques de delitos de corrupción, como son los del ámbito de la actividad pública y los cometidos en el desarrollo de actividades mercantiles y privadas, como son los delitos societarios, apropiación indebida, estafa o blanqueo de capitales. Dentro de este último bloque destacan, principalmente, ciertas prácticas irregulares cometidas en el seno de determinadas entidades financieras, como algunas de las antiguas cajas de ahorro o de las entidades en las que estas se reconvirtieron. Así, del total de causas incoadas el pasado año son 20 las que tienen tal objeto.

Ganan protagonismos, los casos de delincuencia económica como el `caso Bankia´ o sobre cajas como la CAM, Caja Duero o Caja España. La falta de medios materiales y personales ha sido una constante reivindicación de la Judicatura, la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad, que ven como los delincuentes se ven beneficiados de este déficit.

En el ámbito de actuación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada destacó el Fiscal General que de las 18 sentencias recaídas en procesos en los que intervino la misma, todas han resultado conformes, total o parcialmente, con la acusación realizada por el fiscal.
 
Los medios con los que cuenta la Fiscalía no son suficientes para abordar este fenómeno criminal que pone de relieve la precariedad en la que se mueve la Justicia española y constituye el síntoma de un excesivo deslizamiento de los mecanismos de control de la cosa pública al ámbito judicial, así como de una contraproducente intervención de los jueces en conflictos políticos.

La realidad diaria de las Fiscalías provinciales ante este fenómeno resulta descorazonadora, pues es en ellas donde se ventilan más del 80% de las causas de corrupción, pero el cuadro de  precariedad de medios materiales y personales que presentó el Fiscal General hace que una causa de estas características se convierta en una tarea poco menos que titánica y, en muchos casos, abocada al fracaso, ya que las investigaciones se prolongan en el tiempo y generan la consiguiente sensación de impunidad de comportamientos muy graves.

Esta comparecencia hace recordar la precariedad de los juzgados, como el de la juez Mercedes Alaya, que viene reclamando, sin mucho éxito, a la Junta y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que destine a su juzgado tres funcionarios de refuerzo ante la sobrecarga de trabajo derivada de investigaciones como el caso de los ERE o sobre las irregularidades en los cursos de formación.
 
El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha prometido "no escatimar medios" en la lucha contra la corrupción y ha recordado que se atendió al 100% de las solicitudes de refuerzo en el orden penal, en la Audiencia Nacional y en la Fiscalía durante 2013.

Por su parte, el presidente del Poder Judicial ponía esta semana el dedo en la llaga al hacerse eco de la necesidad de nuevas plazas de jueces y el fomento de la mediación y de los sistemas alternativos de resolución de conflictos, así como de acometer una nueva organización de los Tribunales, tanto territorial como funcional, una redefinición de la carrera de los jueces, el impulso de una oficina judicial moderna, la introducción y mejora del uso de las nuevas tecnologías y la potenciación de la seguridad jurídica con un nuevo diseño del recurso de casación y de la posición institucional del Tribunal Supremo. Una labor que está pendiente a pesar de la que está cayendo.

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