edición: 2576 , Miércoles, 17 octubre 2018
28/11/2017
banca 

La adenda a la guía del BCE para los créditos impagados desata resistencias en el Consejo Europeo

La consulta del Consejo de Supervisión Bancaria sobre la controvertida norma expira el jueves
Carlos Schwartz
El Consejo de Supervisión Bancaria del Banco Central Europeo (BCE) presidido por Danièle Nouy sometió a consulta pública en octubre un añadido a la Guía del regulador sobre los créditos impagados conocida como Adenda a la Guía. Los lineamientos para la clasificación y provisión de los créditos morosos se publicó en marzo de este año. La Adenda sometida a consulta establece criterios para provisiones sobre nuevos créditos en mora, es decir aquellos que no forman parte del stock de créditos en mora ya declarados al BCE. El documento especifica expectativas cuantitativas del supervisor para niveles mínimos de provisiones de los nuevos créditos en mora. Las expectativas de provisiones sobre criterios de prudencia se aplicarán a todas las exposiciones que se hayan clasificado ex novo como en mora en línea con la definición de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) a partir de enero de 2018. Los criterios en la Adenda tienen en cuenta la antigüedad que un crédito tiene como moroso y la cobertura y valor de sus garantías. “Más específicamente se espera que los bancos provisionen el total del tramo sin garantía de los créditos en mora tras dos años como plazo máximo mientras que el tramo con garantía se provisionará totalmente en el plazo máximo de 7 años”, señala el Consejo de Supervisión.
Los bancos deberán explicar a los supervisores cualquier desviación respecto de los criterios de guía y sobre la base de estas explicaciones el BCE valorará la necesidad de medidas suplementarias de supervisión.

La propuesta de provisiones suplementarias sobre los créditos que se clasifiquen ahora como morosos a partir de enero del próximo año ha despertado fuerte resistencia entre los bancos europeos como era lógico de esperar en la medida que suponen una nueva carga para su capital.

Pero por otro lado pone de relieve la profunda desconfianza del supervisor sobre las carteras de crédito de los bancos de la zona del euro que en algunos casos están seriamente lastrados por los activos morosos e impagados. El caso de Italia es relevante, pero Alemania no le va a la zaga en muchos aspectos. Hoy los técnicos ministeriales encargados de preparar la próxima reunión de ministros de Economía de la zona del euro, el Ecofin, tienen previsto debatir el tema que se tratará en el cónclave de ministros en diciembre.

Los analistas bancarios calculan que el nivel de créditos morosos en el sistema bancario europeo es del orden de los 850.000 millones de euros, pero el BCE considera que las entidades tienen previsto comunicar nuevos créditos en mora en el 2018 y quiere poner un límite al problema.

El stock de créditos en mora es de larga data y es herencia de la crisis financiera pero la política “blanda” de concesión de crédito por parte de los bancos ha regenerado el problema en el sistema financiero europeo. En la medida que el BCE tiene previsto una reducción de su balance hipertrofiado por la compra de activos para inyectar liquidez en el eurosistema, lo que va a drenar dinero del sistema bancario y subirá los tipos de interés, el regulador espera que una porción significativa de las empresas que sobreviven refinanciando sus pasivos entre en mora y acabe quebrando.

Otro filón de créditos morosos está en las empresas que no devuelven principal sino que refinancian y pagan intereses porque de lo contrario suspenderían pagos. Esto va a incrementar las carteras de crédito moroso en los bancos europeos en un futuro próximo pero lo haría de inmediato si se aplicara una norma más rigurosa o los bancos no maquillaran sus balances ocultando la presencia de clientes zombi.

Pero los esfuerzos por obligar a provisionar los nuevos créditos en mora en los bancos europeos han chocado primero con el Parlamento Europeo que no considera viable la Adenda mientras que el departamento legal del Consejo de Europa, es decir el cuerpo en el que están representados los gobiernos de los países miembros de la UE, lo ha descalificado. En un dictamen del cuerpo jurídico del Consejo, filtrado a la prensa, se considera que la ley que gobierna la capacidad de supervisión del BCE sobre los bancos de la zona del euro “impide al BCE adoptar instrumentos que puedan equiparase a leyes sin llegar a serlo, tales como la Adenda a la Guía para el tratamiento de los créditos en mora”.

El Banco Central Europeo no puede adoptar medidas “destinadas a asegurar el cumplimiento por parte de los bancos de criterios de provisiones mínimas que no son, o no lo son aun, objeto de armonización por el legislador de la Unión Europea”. El Parlamento Europeo ya se pronunció de forma oblicua pero convergente  con este criterio al estimar que el BCE estaría sobrepasando sus atribuciones con la Guía. El dictamen del cuerpo jurídico del Consejo de Europa no es vinculante pero desde luego refleja los criterios encontrados en el seno del cuerpo entre los gobiernos que lo componen. Un nutrido número de países se resiste a la implementación de la Adenda. El 30 de noviembre Danièle Nouy tiene prevista una comparecencia al expirar el plazo de la consulta pública.

Las directivas europeas establecen que el BCE puede dictar normas para bancos específicos, pero en ningún caso para el sistema bancario en general. Tanto el consejo del BCE como Nouy han defendido sus posiciones respecto de las nuevas normas. La presidenta del comité de supervisión señaló que una Guía y el documento bautizado Adenda no pueden ser equiparados con “leyes”. Lo cierto es que en una primera revisión del tema el 6 de noviembre el cónclave denominado Ecofin que reúne a los ministros de economía alcanzó un principio de acuerdo sobre el tema del que luego Italia se apartó, aunque de acuerdo con fuentes de medios financieros “hay otros países disidentes”.

En julio, los gobiernos de los países miembros estuvieron de acuerdo en la necesidad de enfrentar el problema de los créditos morosos y solicitó a la Comisión Europea que diseñara un paquete de medidas destinadas a controlar el problema. Por lo tanto la elaboración de directivas europeas para atajar el problema es cuestión de tiempo. Pero es evidente que hay países que lo que necesitan es eso: más tiempo.

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