edición: 2513 , Jueves, 19 julio 2018
24/03/2010
El Congreso de los Diputados apenas puede recortar 10 millones en gastos

La Administración aspira a rendir cuentas como la empresa privada

La crisis obliga a funcionarios y politicos a ser más transparentes
Juan José González

En el MAP trabaja desde hace dos meses un grupo de funcionarios, codo con codo, junto a una de las consultoras más renombradas del país en gestión de recursos humanos. El objetivo esta muy claro: reducir el gasto, recortar costes y aumentar la productividad, y todo esto se piensa hacer con criterios de empresa privada. Hay que apretarse el cinturón y si a los funcionarios se les congela el salario en 2010, en buena lógica y, sobre todo, en solidaridad, se quiere hacer extensiva la medida a la clase política, a los diputados y senadores, 558 representantes de los ciudadanos. Pero llegados a este punto, el equipo de trabajo cae en la cuenta de que el colectivo de representantes del pueblo, es inabordable, una especie de isla a la que no podrán acceder por la vía tradicional de la Ley Presupuestaria. Los consultores suelen comenzar sus trabajos por un análisis de campo, que estiman necesario para hacer su diagnóstico. En este caso, comprobaron que el coste anual del Congreso de los Diputados supera ligeramente los 100 millones de euros, inferior a la Cámara Baja francesa e italiana, estas por encima de los 135 millones.

Hoy día no es difícil encontrar a un servidor público, sea político o funcionario, sentado en un banquillo ante un juez, explicando con detalle sus gestiones y dando cuenta del uso y destino de los recursos públicos. Desgraciadamente, el hecho, que se produce con bastante frecuencia en los últimos años, se da cuando media una denuncia, es decir, demasiado tarde. Pero algo parece que puede empezar a cambiar si prospera una de las iniciativas elaboradas por el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) que pretende implantar un sistema de rendición de cuentas que haga posible un examen o evaluación del desempeño, hábito y práctica muy implantada en la mayoría de las empresas privadas, y que en el ámbito de la Administración tan sólo se encuentra en varios organismos públicos cuyos máximos responsables acuden periódicamente al Congreso de los Diputados a rendir cuentas.

La idea de la iniciativa que se pretende someter a la discusión de una comisión parlamentaria, esta orientada, en realidad, a hacer un poco de inventario y comprobar cuánto se gasta en qué, cómo, cuándo y por qué, y a las que a partir de ahora se sumará el con qué resultados. Uno de los efectos que traen consigo las situaciones de crisis económicas es que facilitan que cautericen algunas prácticas tan negativas como el despilfarro por el descontrol de los recursos públicos. En una crisis bajan los ingresos y el gasto público tiende a dispararse en un primer momento, pero la reducción de gastos no llega en ese momento, sino en el segundo.

Aseguran los conocedores de las plantillas públicas, que esta cantidad no es un foco de despilfarro y que ante un rígido plan de control y recorte de gastos, el ahorro no superaría el 10%, algo así como el chocolate del loro si lo que se desea es que sus 350 señorías, y el personal de apoyo y demás funcionarios que trabajan en el hemiciclo, se aprieten el cinturón.

Otro tanto sucede en la Cámara Alta en la que 208 senadores se encuentran en la misma situación. El sueldo de un diputado se encuentra en 3.126 euros limpios, sin contar con otros trabajos desarrollados en la Cámara como portavoces u otras funciones en las distintas comisiones, como se verá no parece que se trate de una remuneración como para tirar cohetes.

Sin embargo, la intención del MAP en esta larga batalla parece ir más allá del simple, aunque complicado, ahorro de costes. Se pretende que el segmento de la dirección sea a partir de ahora más transparente y se someta a examen y a una práctica de rendición de cuentas de la actividad, de la gestión en definitiva de los recursos públicos.

Seguramente se producirán resultados y avances muy interesantes en la mejora y asignación de los recursos públicos, pero con todo, no se conseguirá resolver más allá del 10% del problema, porque lo que no se ve del iceberg, de mayor volumen y calado, se encuentra en gestionar bien los ingresos, y en esto la Administración española tiene vías de agua por todas partes.

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