edición: 2597 , Viernes, 16 noviembre 2018
08/11/2010
Bruselas solicita todo el poder para el control de las agencias de calificación

La agencia europea de 'rating', en dique seco

La Comisión Europea podrá designar a la encargada de calificar el riesgo soberano
Juan José González

Tarde, mal y no se sabe si será, por fin, en diciembre, cuando la Comisión Europea (CE) logre sacar adelante la norma con la que se pretende poner orden en el confuso e interesado mundo de las agencias calificadoras de riesgo: las agencias de rating. Dos años de largas y mil veces aplazadas reuniones, no han servido para sacar adelante una norma que fije, al fin, algunos criterios básicos de trabajo en un sector donde imperan la falta de transparencia, la arbitrariedad, las dudas sobre la metodología de los informes y, consecuencia de todo esto, la constante sospecha de situaciones de conflictos de interés. Bruselas y algunos de los expertos que representan a diez países que no pertenecen a la UE, acaban de descubrir que las reformas recogidas en la normativa sobre las agencias de rating, es incompleta, pues no se consideran algunas situaciones novedosas, como en el caso de la crisis de la deuda soberana, donde varias intervenciones de estas agencias no estuvieron muy lejos de su habitual línea polémica.

Las normas nuevas para el funcionamiento de las agencias de rating en Europa, cuya entrada en vigor estaba prevista para el próximo día 7 de diciembre, sufrirán un aplazamiento. Pero en el fondo, no se trata de recoger nuevos aspectos de la crisis de la deuda soberana, sino de intentar un mayor grado de control y exigencia sobre el trabajo de estas agencias calificadoras. El argumento para frenar el plazo legal de aplicación, el señalado día 7 de diciembre, es que “la norma es insuficiente”.

Bruselas solicita todo el poder para reformar la actuación de un sector cuyas intervenciones, mediante la presentación de informes públicos, se cuentan por polémicas. Y la última ha surgido como consecuencia de las opiniones de algunas de estas calificadoras en la crisis del euro, algo que le ha servido a la CE para sentenciar que “es preciso poner en marcha nuevos criterios de actuación de estas agencias” porque la situaciones a las que deben hacer frente son, igualmente, nuevas. Los legisladores de Bruselas buscan ahora, una vez vistos y analizados los motivos que han desembocado en una crisis de la deuda de varios Estados europeos, nuevas exigencias de información y transparencia en todos los informes y calificaciones de deuda soberana e instrumentos financieros.

La reforma de la operativa de las calificadoras, señaladas como culpables de no haber previsto la crisis de 2007, persigue desde el principio, potenciar la competencia en un sector dominado por las tres firmas de mayor volumen de negocio y, por tanto, de mayores clientes, de origen norteamericano. Por esta razón, la UE siempre ha abogado por la creación de una agencia calificadora propia y europea, aunque controlada por la Comisión, algo que se contradice con el carácter independiente que se persigue para la nueva sociedad.

La UE persigue el objetivo de hacerse con el control total de la actividad de las agencias de rating porque considera que ejercen una fuerte influencia sobre las economías de los países que emiten deuda pública. Que en la práctica son la mayoría, si bien, se conocen numerosos casos donde ante previsión de una mala nota, se suspendieron intentos de acudir al mercado en busca de financiación. En esta situación se encontrarían varios organismos y empresas públicas europeas en su intento de lanzar al mercado programas de pagarés o de bonos.

La norma que ahora se quiere aplazar, a la vez que introducir algunas novedades, quiere terminar con las situaciones habituales de conflictos de interés en que incurren numerosos Estados de la UE. Se trata de romper el círculo vicioso que se produce cuando un Estado que quiere lanzar un programa de financiación mediante colocación de activos como bonos, pagarés u obligaciones, solicitan la calificación de sus propios productos financieros a aquellas agencias de las que se espera un trato más favorable.

Para terminar con esta práctica, la UE ‘reclama’ todo el poder para elaborar a su medida una norma que elimine los conflictos de interés, proponiendo para ello el establecimiento de un concurso-subasta cerrado al que acudirían las agencias calificadoras con una oferta competitiva. La propuesta solamente acabaría en parte con el conflicto de intereses, puesto que un concurso-subasta no garantizaría la independencia del juicio de la calificadora.

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