edición: 2683 , Lunes, 25 marzo 2019
01/12/2008

La ampliación del plazo de prescripción del delito fiscal divide a los magistrados

Xavier Gil Pecharromán

Se ha generado una honda preocupación entre los colectivos de asesores fiscales y magistrados por la situación que creará el incremento del plazo de prescripción para el delito fiscal introducido en el proyecto de reforma del Código Penal, fundamentalmente por considerar que aumenta la inseguridad jurídica, fundamentalmente, de los administradores de las empresas.

El plazo se duplica, para de los actuales cinco anos a diez. La Exposición de Motivos del texto de la reforma explica esta medida a fin de “evitar que queden impunes, en determinados supuestos, por la imposibilidad técnica de su detección y comprobación en los plazos hasta ahora previstos”.

La medida ha sido muy bien acogida por el colectivo de inspectores de Hacienda, que va a disponer de mucho más tiempo, aunque sea en su labor de peritaje judicial, para investigar y descubrir el fraude fiscal en las tramas de sociedades creadas para delinquir o para blanquear dinero de las organizaciones criminales.

Sin embargo, las reticencias de los asesores fiscales no chocan con las aspiraciones de los funcionarios de Hacienda, sino que van referidas a que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que como el plazo de prescripción administrativa es de cuatro años y el penal era de cinco, no se pueden aceptar regularizaciones penales espontáneas durante el quinto año. Esta situación se agrava ahora, ya que no se podrá regularizar entre el cuarto y el décimo año. Seis años sin posibilidad de deshacer voluntariamente situaciones irregulares.

El Código penal, con esta medida, desnaturaliza el significado auténtico de la prescripción como instrumento de la seguridad jurídica, en la que se abre una enorme brecha al dar al Estado una segunda oportunidad de castigar cuando la primera ya se desaprovechó. 

Desde un punto de vista procedimental, sin embargo, un amplio colectivo de especialistas, magistrados incluidos, venían abogando por regularizar el plazo al resto de los delitos de la misma categoría, que en el Código Penal tiene una duración de 10 años y no de cinco, tal y como ha  sucedido desde la incorporación del delito fiscal al ámbito de la legislación penal.

Sin embargo, en el caso de la prescripción del delito fiscal se dan características especiales, pues el bien jurídico que el delito tutela ha quedado suprimido por la prescripción administrativa, por lo que otro numeroso grupo de especialistas, magistrados incluidos, mantienen que si no hay deuda no puede existir delito, ya que al no estar vigente el delito de dejar de ingresar una deuda ésta no puede existir. Una deuda que ha prescrito no es tal deuda.

La polémica jurisprudencial se centra en el artículo 305.4 del Código Penal, que establece una exención para el contribuyente que regularice su situación tributaria y pague la deuda a que se refiere el art. 305.1, pero su aplicación no es posible en caso de deuda prescrita, lo que sitúa en una situación mucho peor ante la justicia al contribuyente que alcanzó la prescripción.

La regularización debería exigir que se conociese cual es la cuantía de la deuda no pagada, por lo que si se mantiene vivo el proceso sin que esté definida la deuda, no se podrá disfrutar de la exención.

Para intentar acabar con estas discusiones, el Gobierno pretende acabar, con esta medida, con la polémica surgida entre los Tribunales Supremo y Constitucional sobre el momento en que el cómputo del periodo de prescripción se interrumpe, exigiendo ahora que, tras la presentación de una denuncia, se lleve a cabo una actuación material sustancial del juez  o que éste ordene a la policía judicial la práctica de diligencias orientadas a la detención de aquella.

La prescripción se interrumpirá, olvidando el tiempo ya transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra una persona determinada sobre la que existan indicios de que es penalmente responsable. No bastará, pues, con la mera interposición de denuncia o querella la víspera de la finalización del plazo para evitar que el delito prescriba, como ha sucedido hasta ahora.

Ahora, será necesario modificar el artículo 180 de la Ley General Tributaria y todos los aspectos de la norma que no se adapten a la ampliación introducida por la reforma penal. La polémica está servida.

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