La anulación de la CESUR por un Gobierno incapaz de
edición: 2535 , Lunes, 20 agosto 2018
23/12/2013
La idea de que si el ministro arde, arde él solo, es peregrina
José Manuel Soria, Ministro de Industria, Energía y Turismo

La anulación de la CESUR por un Gobierno incapaz de asumir su sustitución en la Ley del sector agudiza el conflicto

La estrategia de convertir al ministro Soria en el fusible de una reforma nacida muerta estalla en las manos al ejecutivo
Carlos Schwartz

La decisión de anular la subasta eléctrica ha sumado problemas al cuadro de crisis en torno al sector eléctrico español. “Habrá que ver como reaccionan los mercados de futuros en los que se negocian posiciones sobre los bloques de energía tomados en la subasta CESUR”, afirma una fuente vinculada al trading en los mercado de futuros en Londres. La fuente explica que la decisión implica sugerir que lo que ha ocurrido en la subasta en la que se fija el precio para el trimestre entrante “es delictivo”, lo cual obligará al Gobierno a ir más allá que los simples enunciados que publica el Boletín Oficial del Estado el sábado: hubo menos rondas de subasta que en el pasado, un menor volumen calificado, retirada de volúmenes por ronda superiores a los de las subastas 22 y 24, y el conocimiento por parte de los agentes a partir de la tercera ronda de que el exceso de oferta era inferior al 200%. Con estos mimbres la Comisión Nacional de Mercados y Competencia dicta un informe que es la base de la resolución del Ministerio de Industria. Pero la misma resolución considera que “tales circunstancias y las restantes concurrentes deben ser objeto de ulterior investigación por parte de este organismo”.

Esta argumentación carece por completo de la solidez necesaria para apelar a la anulación de la subasta puesto que genera una quiebra en la cadena de negociaciones en mercados internacionales vinculados estrechamente por algo que se llama globalización y que en principio los mercados exteriores dan por supuesto que el Gobierno de España conoce.

Lo que no parece ser así. Hasta aquí, el ejecutivo y su presidente han jugado a dejar a los pies del ministro José Manuel Soria los tizones ardientes para que él solo camine por encima de ellos. La idea de que si el ministro arde, arde él solo, es peregrina. La decisión irreflexiva y precipitada sin el estudio de un sistema alternativo y la acusación a las compañías eléctricas por el resultado de la subasta no es sostenible más allá de nuestras fronteras.

Sobre todo cuando se permite que sea una subasta en la que intervienen fuerzas financieras especulativas la que se utilice para fijar el precio de la antes llamada tarifa de último recurso aplicada a los consumidores. Es decir, el responsable de que se utilice una subasta de ese tipo para la fijación del precio es el Gobierno en su conjunto que acaba de aprobar una nueva ley para regular el sector en la que el sistema de fijación de precios no se ha tocado. Por añadidura quien establece los parámetros de la subasta CESUR es el propio Ministerio de Industria, tal como señala el BOE del sábado pasado: “Por Resolución de 20 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se establecen las características de la vigesimoquinta subasta CESUR, se determinaron entre otros, los productos a subastar (base y punta para el primer trimestre de 2014), las cantidades máximas a subastar de cada producto y el calendario de la subasta (fecha de celebración y plazo de finalización de los procesos de precalificación y calificación)”.

El texto abunda más: “Posteriormente, la Resolución de 11 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueban determinados parámetros de la vigesimoquinta  subasta CESUR, a los efectos de la determinación del coste estimado de los contratos mayoristas para el cálculo de la tarifa de último recurso, estableció, entre otros parámetros, el volumen objeto de subasta”. Ocurre que de pronto, en el contexto del presente enfrentamiento del Gobierno con todos los sectores de la generación eléctrica en España sin distinción, el resultado de la subasta 25 no le viene bien al ejecutivo y fuerza a la acción a su fusible, el ministro de Industria. Pero esta maniobra en la que se pretende recuperar terreno político ante el consumidor tiene un coste muy alto para el Gobierno en su conjunto y no sólo para el ministro de Industria, desde el punto de vista de la credibilidad, responsabilidad y seguridad jurídica. Todos los analistas, no solo de España sino también de fuera, saben fehacientemente que la subasta CESUR es un mecanismo librado a las fuerzas de la especulación financiera que intervienen en él y que esto se hace con el conocimiento y consentimiento del ejecutivo.

Pero los desaciertos no acaban allí. En el contexto de este tipo de subasta, que difiere de forma esencial de las que se hacen a diario, conocidas como OMIE, en la que intervienen generadores y comercializadores, el ministro Soria ha cometido la torpeza sin precedentes de acusar por el precio fijado el día 19 de diciembre a las cinco grandes compañías eléctricas sin contar con medio de prueba alguno. Desde que sus palabras fueron reproducidas por los medios de comunicación con el objetivo de encubrir la incompetencia oficial las asesorías jurídicas de las empresas del sector echan humo mientras elaboran las estrategias para hacer frente a las acusaciones que consideran “muy graves e infundadas”.

Desde este flanco el Gobierno puede esperar una fuerte presión para que de forma sustanciada pruebe sus afirmaciones y justifique la suspensión de la subasta. El ejecutivo, que ya tiene muchos frentes judiciales abiertos por las compañías eléctricas y por la asociación que las reúne, UNESA, verá subir la temperatura en este asunto. Hace escasas dos semanas el Gobierno pretendió condicionar a una tregua judicial la concesión de un aval del estado a los títulos con los que las empresas del sector harán frente al déficit de tarifa de 3.600 millones de euros que no asumirán -pese al proyecto inicial- los presupuestos generales del Estado en 2014. No parece que esa tregua sea viable. Lo que ocurre es que ahora se puede añadir sobre este flanco un elemento nuevo, la de los partícipes financieros de las subastas CESUR, muchos de ellos no residentes en España. El grado de improvisación gubernamental queda reflejado en el hecho de que anuncia la anulación de la subasta sin tomarse el trabajo de una argumentación apoyada en pruebas y sin anunciar un mecanismo para la fijación del precio para el trimestre entrante al filo de final de año.

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