edición: 3102 , Viernes, 4 diciembre 2020
04/11/2010
OBSERVATORIO JURIDICO

La aplicación del canon por copia privada no es conforme con el Derecho de la Unión

Dudas sobre el alcance del concepto de "compensación equitativa"
DATADIAR

La Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2001...

... relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DOCE n° L 167 de 22-06-2001), dispone que "debe facultarse a los Estados miembros para que establezcan una excepción o limitación al derecho de reproducción en relación con determinados tipos de reproducción de material sonoro, visual y audiovisual para uso privado, mediante una compensación equitativa. Ello puede suponer la introducción o el mantenimiento de los sistemas de retribución para compensar a los titulares de los derechos por los perjuicios sufridos. Aunque las diferencias existentes entre tales sistemas de retribución afecten al funcionamiento del mercado interior, en lo que respecta a la reproducción privada analógica, dichas diferencias no deben tener efectos signifi-cativos en el desarrollo de la sociedad de la información. La copia privada digital puede propa-garse mucho más y tener mayor impacto económico. Por consiguiente, deben tenerse debida-mente en cuenta las diferencias entre la copia privada digital y la analógica, y debe establecerse entre ellas una distinción en determinados aspectos".
(...)
"Al aplicar la excepción o limitación relativa a la copia privada, los Estados miembros deben tener en cuenta el desarrollo económico y tecnológico, en particular, en lo relativo a la copia digital privada y a los sistemas de retribución, siempre que existan medidas tecnológicas de protección eficaces. Dichas excepciones o limitaciones no deben impedir ni el uso de medidas tecnológicas ni su aplicación en caso de elusión".

En concreto es en el Artículo 5 de la Directiva (excepciones y limitaciones) donde establece concretamente que:
Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones al derecho de reproduc-ción contemplado en el artículo 2 en los siguientes casos:
(...)
b) en relación con reproducciones en cualquier soporte efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa, teniendo en cuenta si se aplican o no a la obra o prestación de que se trate las medidas tecnológicas contempladas en el artículo 6;
(...)A efectos de la Directiva, se entenderá por «medidas tecnológicas» toda técnica, dispositivo o componente que, en su funcionamiento normal, esté destinado a impedir o restringir actos refe-ridos a obras o prestaciones protegidas que no cuenten con la autorización del titular de los derechos de autor o de los derechos afines a los derechos de autor establecidos por ley o el derecho sui generis previsto en el Capítulo III de la Directiva 96/9/CE.

Según la redacción originaria de la Ley de Propiedad Intelectual española (anterior a la reforma publicada en el B.O.E. nº. 162 de 8 de Julio de 2006), una obra ya divulgada podía ser reproducida sin autorización del autor cuando dicha reproducción se hacía "para uso privado del copista". 

La LPI en la originaria redacción del art. 31.2 disponía que: “las obras ya divulgadas podrán reproducirse sin autorización del autor y sin perjuicio en lo pertinente, de lo dispuesto en el art. 34, en los siguientes casos: para uso privado del copista, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 25 y 99 a) de esta Ley, y siempre que la copia no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa”.

Tras la reforma operada por la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refun-dido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril,  se incorporan mejoras respecto a los límites que ya aparecían recogidos en nuestra legislación, como es precisamente el caso de la supresión del término «copista» en el límite referido a la copia privada. De acuerdo con la Directiva, se aclara que la reproducción ha de ser efectuada por una persona física para su uso privado. En los términos de la redacción vigente "cuando se lleve a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa".

Pues bien, el conocido como canon digital, esta reproducción (autorizada por Ley), genera una compensación equitativa por copia privada, que está regulada en el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual con la finalidad de compensar la pérdida de ingresos que, para los titulares de una obra musical o audiovisual genera esta posibilidad de hacer copias de las mismas para uso privado.

Precisamente cabe destacar que, en el caso Padawan, la Audiencia Provincial de Barcelona en auto de 15 de septiembre de 2008 ha decidido plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE sobre como debe interpretarse la “compensación equitativa”. En síntesis, la Sala ha planteado las siguientes cuestiones;
a) Si la compensación equitativa es un concepto "armonizable", esto es, si debe entenderse por tal concepto lo mismo en todos los Estados miembros de la UE.
b) Si la compensación ha de guardar un justo equilibrio entre quienes lo pagan y quienes lo reciben.
c) Si la compensación puede aplicarse a los equipos y materiales de los que no puede presu-mirse que se destinen a copia privada.
d) Si la aplicación indiscriminada del canon sobre los profesionales y empresas es conforme con el concepto de compensación equitativa.
e) Si el caso concreto español es conforme a la Directiva.

Como se puede ver, el núcleo de la pregunta que se plantea la Sala trata precisamente sobre el alcance del concepto de "compensación equitativa".

Las conclusiones del Abogado General en su dictamen de 11/05/10 son que un sistema nacional que prevé la aplicación indiscriminada de un canon por copia privada a todos los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital no es compatible con el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29, por cuanto dejaría de existir una adecuada correspondencia entre la compensación equitativa y la limitación del derecho por copia privada que la justifica, dado que no puede presumirse que dichos equipos, aparatos y materiales se utilicen para la realización de copias privadas.

Finalmente la Sentencia de fecha 21/10/10 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-467/08 [PADAWAN / SGAE] concluye que la aplicación del «canon por copia privada» a los soportes de reproducción adquiridos por empresas y profesionales para fines distintos de la copia privada no es conforme con el Derecho de la Unión.

Cabe aplicar el canon a dichos soportes cuando éstos puedan ser utilizados por personas físicas para su uso privado. El Tribunal de Justicia considera que existe una necesaria vinculación entre la aplicación del «canon por copia privada» y la utilización para realizar reproducciones privadas.

Por consiguiente, la aplicación indiscriminada del canon en relación con todo tipo de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital, incluido el supuesto de que éstos sean adquiridos por personas distintas de las personas físicas para fines manifiestamente ajenos a la copia pri-vada, no resulta conforme con la Directiva.

En consecuencia, la aplicación indiscriminada del canon por copia privada, en particular en relación con equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas, no resulta conforme con la Directiva 2001/29.

La aplicación del «canon por copia privada» a los soportes de reproducción adquiridos por em-presas y profesionales para fines distintos de la copia privada no es conforme con el Derecho de la Unión.

El canon no puede gravar productos destinados exclusivamente a un uso profesional, empresa-rial o a cualquier otra aplicación distinta al consumo privado.

Solo cabe aplicar el canon a dichos soportes cuando éstos puedan ser utilizados por personas físicas para su uso privado.

Equipo jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Orden INT/2595/2010, de 29 de septiembre, por la que se crea y regula el Registro Electrónico en el Ministerio del Interior. BOE, nº 243, de 7 de octubre de 2010.
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públi-cos, contiene, en sus artículos 24, 25 y 26, una nueva regulación de los registros electrónicos, y el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la citada Ley, regula las condiciones de su funcionamiento, en su artículo 26, e indica que todos los De-partamentos Ministeriales de la Administración General del Estado, así como sus Organismos Públicos, deberán disponer de un servicio de registro electrónico, propio o proporcionado por otro Órgano u Organismo, para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicacio-nes correspondientes a los procedimientos y actuaciones de su competencia. En la actualidad existe un Registro Telemático en el Ministerio del Interior, creado por la Orden INT/3298/2003, de 13 de noviembre, que ha sido hasta el momento, el instrumento para la presentación de solicitudes, escritos y documentos dirigidos al Departamento por vía telemática. Desde su crea-ción, la relación de procedimientos administrativos incluidos en el Registro Telemático no ha dejado de crecer. Aunque la Ley prevé, en su disposición transitoria única, que los registros telemáticos existentes a la entrada en vigor de la Ley serán considerados registros electrónicos, la mejor aplicación de las previsiones contenidas en la misma así como la incorporación de la experiencia más reciente para la mejora tanto de los servicios prestados a los ciudadanos como de la seguridad en las relaciones telemáticas con éstos, aconsejan llevar a cabo una nueva regulación del Registro Electrónico del Ministerio del Interior, dando así, además, cumplimiento a lo dispuesto en la disposición final tercera del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, al tratarse de un registro telemático existente a la entrada en vigor de la citada Ley.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de blanqueo de capitales. Conducta de autoblanqueo. Quebrantamiento de forma. Error en la apreciación de la prueba. Tribunal Supremo. Sentencia 28 de junio de 2010.
El relato de hechos probados no contiene expresiones jurídicas predeterminantes del fallo. Error en la apreciación de la prueba: las declaraciones de testigos e imputados son prueba personal y no documentos a efectos casacionales. Delito de blanqueo de capitales: artículo 301 CP. Estudio. El nuevo texto del Código Penal incluye en el blanqueo al propio autor de los hechos delictivos. Caso de autos: existió una previa condena firme por delito contra la salud pública. Se imputa a los coacusados la realización de una serie de operaciones dinerarias, entre los años 1999 a 2004, con la intencionalidad de convertir las ganancias ilícitas obtenidas con la actividad de tráfico de drogas en general, en bienes de lícito comercio a sabiendas de que el dinero que utilizaban tenía su origen en la actividad de narcotráfico. Compras de vehículos de motor e ingresos en metálico en cuentas corrientes. Caso de autos. Vulneración existente: desconexión del delito de blanqueo respecto de los autores materiales del delito del que proceden las ganancias ilícitas. Absolución. Comiso: procedió en su día acordar el comiso del artículo 374 CP.

Mercantil

Los riesgos asumidos por la parte recurrente en relación con los productos suministrados y con su pago no desvirtuaban su condición de agente genuino. Tribunal Supremo. Sentencia 3 de septiembre de 2010.
Descartada, cualquier imposición o abuso por parte de la demandada y descartada también la indeterminación del precio alegada en su día como fundamento de la nulidad del contrato por falta de causa, la cuestión nuclear del litigio, esto es la prohibición del contrato litigioso por el art. 81.1 CE y su no exención de tal prohibición conforme al apdo. 3 del mismo artículo en relación con el Reglamento (CEE) nº 1984/83, de la Comisión que  ha de resolverse en sentido desfavorable para la parte recurrente y de acuerdo con la sentencia recurrida, pues los riesgos asumidos por dicha parte en relación con los productos suministrados y con su pago no desvirtuaban su condición de agente genuino ya que,  los riesgos que se transferían constituían una parte insignificante y, por ende, se correspondían con los que según el  C.Com. pueden correr a cargo del comisionista. Así, los gastos de transporte del producto los soportaba por entero la abastecedora; los riesgos por pérdida del producto sólo los asumía la actora-recurrente a partir de que se encontraran bajo su custodia; el riesgo de daños a terceros por el producto suministrado sólo comprendía aquellos que se causaran por acción u omisión de la propia actora-recurrente desde que se hubiera hecho cargo del producto, sin extenderse nunca a los daños causados por las características del producto tal y como había sido servido por la abastecedora; el pago a los nueve días se correspondía con la normal rotación del producto; y en fin, la actora-recurrente no soportaba los riesgos de la utilización de la tarjeta de crédito CEPSA por los clientes de la estación de servicio, riesgo este último que en la referida sentencia del Pleno de 15 de enero  del corriente año sí se consideró determinante para desvirtuar en aquel caso la condición de agente genuino del titular de la estación de servicio al haberle sido transferido por la abastecedora.

Seguro de responsabilidad civil. Cláusula no incorporada al contrato. Interpretación del contrato. Tribunal Supremo. Sentencia 8 de septiembre de 2010.
La diferenciación entre cláusula limitativa y de determinación del riesgo no es, al efecto de aplicar o no el artículo 3 LCS, siempre nítida ni absoluta, dado que merece la primera calificación una cláusula de este último contenido que, al identificar el riesgo, lo haga de un modo anormal o inusual, ya sea porque se aparte de la cobertura propia del tipo de contrato de seguro de que se trate, ya porque introduzca una restricción que haya que entender, en aplicación de un criterio sistemático en la interpretación, más limitado que el riesgo contractualmente aceptado de modo evidente. El Tribunal de apelación basó su decisión no en la calificación como limitativa de la cláusula a que se refiere el motivo ni, por ende, en no haber sido aceptada por escrito por la asegurada, sino en la negación de que la referida cláusula «forme parte del contenido del contrato», al no haber aportado la aseguradora demandada y ahora recurrente « documentación alguna u otro medio de prueba que acredite su entrega».

Civil

Validez del contrato suscrito de permuta de cosa futura, parcela a cambio de parte de edificación a construir. Tribunal Supremo. Sentencia 1 de julio de 2010.
En este caso se califica el contrato como de  permuta de cosa futura, parcela a cambio de parte de edificación a construir, contrato reconocido por doctrina y jurisprudencia y de enorme difusión en la realidad social, válido de la misma manera que la compraventa de cosa futura, encajable por consiguiente en el concepto de permuta que da el artículo 1538 del Código civil. Hay que tener en cuenta  que la interpretación y la calificación de un contrato es función que corresponde al Tribunal  a quo, sólo revisable en casación cuando sea absurda, ilógica o contraria a la ley. Por ello,  la alegación constante de la parte recurrente, en la instancia y en este recurso de casación, de que en aquel documento privado no se plasmó un contrato sino «una generalidad de promesa contractual», como se dice textualmente en el motivo, o un precontrato (que, ciertamente, es también productor de obligaciones) o unos simples tratos preliminares, no es aceptada por la sentencia de instancia, ni tampoco por esta Sala. Es un contrato perfecto de permuta de cosa futura. El que se deje para un momento posterior, breve plazo de treinta días, el completar los demás detalles, no impide la calificación de perfección del contrato por el consentimiento, objeto y causa. Un contrato se califica de perfeccionado aunque deba ser complementado con posterioridad en aspectos complementarios, que pueden salvarse por el uso, la práctica, los acuerdos o tratos previos o, en suma, por la buena fe contractual, que proclama el artículo 1258 del Código civil y constituye un principio general del Derecho.

El precio del retracto ha de ser el precio real pagado por la parte compradora, no el valor de mercado en el momento en que se ejercita el retracto. Tribunal Supremo. Sentencia 7 de julio de 2010.
El precio del retracto debe ser el precio real efectivamente abonado por el comprador de tal forma que se deje a este en situación de indemnidad económica tras el retracto, aunque el precio que aparezca en la compraventa sea diferente al que luego resulte acreditado.

Por tanto, «precio real» no significa «valor real», es decir, que no procede estimar el retracto por el valor real de tasación que resulte de la correspondiente prueba pericial, sino que el retrayente ha de pagar el precio realmente abonado por el comprador, una vez se acredite cuál fue. Y «precio real» tampoco significa «precio actual», como establece la sentencia recurrida, con lo que debe rechazarse también su argumentación acerca de que, como quiera que ha transcurrido tanto tiempo desde la compraventa, el precio que el retrayente deba abonar sea el «precio actual de la finca, a determinar en ejecución de sentencia». En primer lugar, porque la jurisprudencia antes analizada rechaza que el precio del retracto sea diferente al realmente abonado por el comprador. En segundo lugar, porque tal diferente precio debió ser interesado por la parte demandada en la contestación, sin que evacuase dicho trámite, intentando subsanar tal omisión, a través del recurso de apelación, de forma totalmente extemporánea, por lo que, en virtud del principio de justicia rogada, la Audiencia no debió entrar a valorar la procedencia o no de condenar al retrayente al pago de un precio distinto del que había resultado acreditado según la prueba practicada en el acto del juicio.

Laboral

Naturaleza del cese del trabajador jubilado anticipadamente a los efectos de determinar el porcentaje de reducción por cada año de anticipación en la jubilación. Normativa aplicable. Tribunal Supremo. Sentencia 5 de julio de 2010.
En el caso del trabajador demandante, partiendo de la no voluntariedad del cese, la norma aplicable impone la aplicación del un porcentaje de reducción  del 7% por cada año de anticipación, de manera que si el actor se jubiló con 60 años cumplidos, la que le correspondía era del 35%, tal y como se decidió en la resolución administrativa inicial en que se concedió la prestación que ahora se discute. Por ello, el recurso debe  estimarse para casar y anular la sentencia recurrida que aplicó un porcentaje erróneo a la pensión de jubilación anticipada que corresponde al trabajador demandante, que será de un 7% por cada año de anticipación en la jubilación, lo que determina que debamos resolver el debate planteado en suplicación desestimando el de tal clase interpuesto en su día por el trabajador recurrente contra la sentencia del Juzgado de Instancia que había desestimado la demanda, confirmando ésta en tal pronunciamiento desestimatorio, pero no por las que se contienen en sus fundamentos, pues ya se ha dicho que el cese del actor en la empresa no cabía calificarlo de voluntario, sino forzoso. Lo que sucede es que la aplicación a la situación del actor de la normativa vigente en el momento de la jubilación anticipada determina, la necesidad de fijar el porcentaje de reducción que reconoció en su día el INSS en la  resolución administrativa, esto es, de un 7% por cada año de anticipación.

Se declara el derecho de los trabajadores afectados a disfrutar de la reducción de jornada de una hora diaria durante los meses estivales, al constituir una condición más beneficiosa. Tribunal Supremo. Sentencia 6 de julio de 2010.
Constituye objeto del recurso, determinar si procede o no declarar la nulidad o improcedencia de la decisión empresarial relativa a la jornada de los trabajadores de los meses de julio, agosto y septiembre; y en concreto si la reducción de una hora en tales meses constituye una condición más beneficiosa que quedaría  incorporada  al nexo contractual, o por el contrario ha de estarse a lo estipulado en el art.12 del Convenio Colectivo. Es incontrovertido que la jornada de verano realizada por los trabajadores en la empresa durante los meses de julio, agosto y septiembre referida a los años 1990 a 1999  configuró una condición más beneficiosa. Pero tal condición merece asimismo la realizada durante los diez años siguientes, y sin que a ello obste el contenido del art. 12 del Convenio Colectivo del que la empresa ha consentido su no aplicación, al continuar con el horario estipulado ya en 1990. Cierto es que a partir de la vigencia del Convenio Colectivo de 1999 pudo la empresa imponer el horario estival fijado en dicha norma convencional, pero lo cierto es que no lo hizo, lo cual evidencia una clara voluntad empresarial de permisión del mismo horario y su incorporación al nexo contractual. El hecho de que en dos ocasiones (2005 y septiembre de 2008), se hiciera un cambio respecto a la jornada estival frente al resto de los otros años, por necesidades puntuales de la empresa, no rompe el iter de permisibilidad de la empresa, como lo evidencia la circunstancia de que en estas dos ocasiones la empresa compensara a los trabajadores por dicho cambio con tres días libres.

Administrativo

Valoración de los terrenos a obtener por expropiación tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997. Tribunal Supremo. Sentencia 9 de marzo de 2010.
No existe contradicción entre el método de valoración contemplado los preceptos del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1992 anulados por la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 y el previsto en el artículo 105.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976, ya que el cálculo del valor urbanístico y, por consiguiente, del justiprecio de los terrenos expropiados en el nuevo y en el antiguo Texto Refundido es equivalente, pues mientras en el de 1992 se hace con referencia a un porcentaje determinado del aprovechamiento tipo del área de reparto o del Plan General -75% en suelo urbano y 50% en suelo urbanizable programado-, en el de 1976 se lleva a cabo con referencia al aprovechamiento una vez deducidos los terrenos de cesión obligatoria y los costes de urbanización, de cuya operación, en definitiva, han de resultar valores análogos a los que se obtendrían si fuese aplicable el sistema establecido por aquellos preceptos anulados del Texto Refundido de 1992.
 
Competencia estatal sobre el Archivo de la Corona de Aragón. Constitucionalidad de la DA1ª del Estatuto de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Tribunal Constitucional. Sentencia 8 de septiembre de 2010
La disposición adicional decimotercera EAC no vulnera el art. 149.1.28 CE, destacando que "la integración en el sistema de archivos de Cataluña de sus fondos situados en el Archivo de la Corona de Aragón y en el Archivo Real de Barcelona no supone alteración del régimen unitario de éstos, ni conlleva afectación alguna de la competencia estatal, como expresamente recono-ce la representación procesal del Parlamento de Cataluña, de manera que la prescripción esta-tutaria, que no puede significar la desaparición de la titularidad y libre disposición estatal de esos fondos, se limita a introducir una calificación que sólo puede añadir una sobreprotección a dichos fondos". Si la competencia estatal sobre el Archivo de la Corona de Aragón no resulta desconocida ni invadida por la disposición adicional impugnada, en nada se habría visto afec-tada la disposición adicional primera del Estatuto de la Comunidad Autónoma de las Illes Bale-ars, la cual contemplaba que una norma estatal regulase la participación de esa Comunidad Autónoma en la gestión del Archivo de la Corona de Aragón.

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