edición: 3096 , Jueves, 26 noviembre 2020
26/03/2009
Observatorio Jurídico

La Audiencia Nacional determina que no procede la reversión de los terrenos expropiados de Chamartín

Datadiar.- La Audiencia Nacional en una reciente Sentencia de 9 de febrero de 2009, rechaza que las 1.100 familias expropiadas por el Estado en las décadas de 1940 y 1950 para construir la estación de Chamartín de Madrid tengan actualmente derecho a la reversión de sus terrenos. Los expropiados y sus herederos agrupados en la asociación de reversionistas "No abuso" plantearon en el año 2000, un año después de su constitución, un recurso contencioso-administrativo para reclamar la reversión de sus antiguos terrenos al haber cambiado el uso que justificó la expropiación.
En síntesis, los motivos de la demanda se centraban, en que las actuaciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración de RENFE desde 1993, implican la existencia de una desafectación tácita de los terrenos concesionados, y en que, finalmente, el proceso diseñado desde la convocatoria del concurso por RENFE en 1993, los contenidos de los Documentos de Adjudicación, de Adecuación al de Adjudicación y posteriores, así como los incumplimientos de los mismos, implican un fraude de ley.

El derecho de reversión, regulado en los arts. 54 y 55 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, así como los artículos 63 y siguientes de su Reglamento de 26 de abril de 1957, se considera como un efecto especial producido por el juego de la causa de la expropiación pudiendo ser caracterizado como la consecuencia de una “invalidez sobrevenida” a la expropiación por la desaparición del elemento esencial de la causa que la motiva. Ello puede darse por dos motivos, bien por no establecerse el servicio o ejecutarse la obra que motivó la expropiación, bien, si hubiera alguna parte sobrante de los bienes expropiados o desapareciese la afectación, pudiendo en tales casos, el primitivo dueño o sus causahabientes, recobrar la totalidad o la parte sobrante de lo expropiada, abonando a la Administración su justo precio.

Con relación al supuesto concreto de la desafectación, que es el que aquí nos interesa, debemos tener presente, que el Área de Planeamiento tiene por misión la fijación de objetivos a desarrollar mediante los correspondientes instrumentos de planeamiento, pero a mayor abundamiento, de tales objetivos no se deduce, qué terrenos incluidos en el Area de Planeamiento continuarán destinados al servicio ferroviario, sin que los recurrentes hayan probado que no vayan a ser los suyos.

A lo expuesto ha de añadirse, cual es la jurisprudencia sobre los efectos de la aprobación de instrumentos de planeamientos por Administración distinta de la expropiante, así como la importancia de acudir a lo que el propio instrumento de planeamiento recoge.

De todo ello se deduce, que resulta evidente que el acuerdo expreso de desafectación sólo puede dictarse por la Administración expropiante y que la desafectación tácita no puede deducirse de la Revisión del PGOUM realizada por una Administración distinta de la expropiante.

Los actores pretendían salvar esa imposibilidad de apreciar la desafectación tácita, que hacen derivar de la modificación del Plan, reconociendo que aun cuando el Ministerio de Fomento, Administración expropiante, no tuvo ninguna intervención en la referida Revisión, posteriormente participó en un Consorcio Urbanístico tendente a fijar las directrices de desarrollo del Area de Planeamiento.

El Tribunal rechaza esta argumentación y establece que la citada participación a los fines expuestos en un Consorcio Urbanístico, en modo alguno obvia la ausencia de intervención de la Administración expropiante reconocida por los propios recurrentes, en la Revisión del PGOUM de 1.997 que es considerada por ellos exponente de la desafectación tácita que postulan.

En todo caso, la adjudicación realizada a DUCH en 1 .994 y su posterior adecuación en 1.997, no excluyen ni dejan sin efecto los objetivos antes transcritos del APR 08.03 en relación a los servicios ferroviarios y la afectación a esos servicios de terrenos incluidos en ese ámbito.

Por tanto, los terrenos no han sido desafectados del objeto para el que fueron expropiados, que es condición necesaria para que tuvieran derecho a la reversión y el Tribunal concluye por ello, que  no se produce la vulneración de los arts. 54 LEF y 63 de su Reglamento, ni jurisprudencia que los desarrolla

Equipo Jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Resolución de 24 de noviembre de 2008, de la dirección general del catastro, por la que se aprueba el régimen de funcionamiento de la oficina virtual del catastro y de los puntos de información catastral (BOE núm. 295, de 08-12-2008)
Durante el periodo transcurrido desde la aprobación de la primera de las citadas resoluciones se han producido cerca de 51 millones de visitas a la OVC, muchas de ellas desde las casi 12.500 organizaciones administrativas registradas para el acceso a los datos, protegidos o no, de su ámbito competencial, y se ha autorizado el establecimiento de más de 3.100 PIC.

Ley 11/2008, de 28 de noviembre, por la que se modifica la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística (BOPV núm. 238, de 12-12-2008)
La recientemente derogada Ley 6/1998, de Régimen de Suelo y Valoraciones, fijaba dicha referencia señalando como porcentaje máximo el 10%, no fijando límite mínimo para dicha participación, que podía verse anulada en algunos supuestos. Esta ley también dejaba libertad al legislador autonómico para que este determinara si dicho porcentaje de participación estaba o no exento de liberar cargas de urbanización.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. Subtipo agravado: artículo 326 CP. Derecho fundamental a la legalidad. Non bis in idem. Doctrina de la Sala. Error en la valoración de la prueba. Atenuante de dilaciones indebidas. Tribunal Supremo. Sentencia de fecha: 8 de abril de 2008.
Al amparo del artículo 849 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se alega infracción del art. 326 b) del Código Penal aplicado en la sentencia pese a que, en el entender del recurrente, no precedió a su comportamiento una orden expresa, que es lo que exige ese subtipo agravado.

El art. 326 bis b) del Código Penal condiciona la estimación del subtipo agravado a que el acusado haya incumplido órdenes expresas de la autoridad administrativa b) que hagan referencia a la corrección o suspensión de actividades a que se refiere el art. 325.

Mercantil

Responsabilidad del porteador al no haber adoptado las precisas prevenciones para que la entrega se realizara en el término señalado.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha 13 de junio de 2008.
En el motivo primero del recurso se denuncia infracción del art. 350 del Código de Comercio, con arreglo al que el porteador y el cargador pueden exigirse mutuamente que se extienda una carta de porte en la que se expresará, entre otros extremos, el lugar y el plazo en que habrá de hacerse la entrega de la mercadería o efectos transportados al consignatario, y en el caso no hubo pacto alguno; y asimismo infracción del art. 358 del mismo Cuerpo Legal, en el que se dispone que "no habiendo plazo prefijado para la entrega de los efectos tendrá el porteador la obligación de conducirlos en las primeras expediciones de mercaderías", y en el caso el transporte de la mercancía desde Barcelona a Madrid se hizo en la primera expedición que partió hacia Madrid "como siempre se había realizado todos los lunes".

La extinción del derecho principal conlleva el del derecho accesorio de fianza, sin que obste que la fianza tenga carácter solidario. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 19 de junio de 2008
La exposición del motivo es muy deficiente técnicamente, tanto por ser asistemática y reiterativa en sus alegaciones, como por mezclar cuestiones procesales notoriamente diferentes y, por consiguiente, no susceptibles de denuncia conjunta, ya que la presentación o aportación de documentos hace referencia al trámite o procedimiento; la autenticidad o idoneidad del documento como medio de prueba no es necesariamente un tema de prueba documental; la veracidad del contenido es una problema de índole penal; y la eficacia probatoria de los documentos corresponde a la valoración de la prueba, cuya denuncia en casación se halla sujeta a determinados presupuestos (denuncia del error de derecho en la apreciación probatoria con indicación de la norma legal de valoración que se considera infringida).

Civil

Opción de compra de bien inmueble realizado sin el consentimiento de la esposa. Tribunal Supremo. Sentencia de fecha: 23 de julio de 2008
Los cónyuges deben elevar a escritura pública la venta por estar correctamente ejercitado el derecho de opción de compra. Así las cosas, un futuro pleito sobre la falta de consentimiento en el contrato de opción de compra opuesta por la mujer frente al marido y a la optante podría dar lugar a una sentencia contradictoria con el actual pleito que sí ha reconocido, sin entrar a conocer del consentimiento de la mujer al contrato por defectos procesales, la existencia del derecho de opción de compra.

Unión de hecho. Consecuencias económicas de su disolución. Reclamación de la conviviente con base en la existencia de una sociedad de pérdidas y ganancias. Tribunal Supremo. Sentencia de fecha: 8 de mayo de 2008
En cuanto a los efectos de la ruptura de la convivencia "more uxorio", el tribunal sentenciador se atuvo a la doctrina jurisprudencial que, con fundamento en el principio general de la protección del conviviente perjudicado por el cese de la relación, atribuye a éste el uso de la vivienda familar por un periodo concreto de tiempo.

Laboral

Lo relevante no son tanto las irregularidades de los contratos sino que éstas generaron una indebida percepción de prestaciones de desempleo. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 29 de mayo de 2008
Art. 145 bis de la LPL.- reintegro de las prestaciones de desempleo instado por el servicio público de empleo estatal contra la empresa, por contratación temporal abusiva y fraudulenta.- no procede tal reintegro cuando el trabajador, aunque hubiese sido contratado correctamente, habría percibido también la prestación de desempleo.

La declaración pública de no contratación de trabajadores extranjeros constituye una discriminación directa en la contratación. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD EUROPEA. Sentencia de fecha: 10 de julio de 2008.
Procede recordar con carácter previo que el artículo 234 CE no faculta al Tribunal de Justicia para aplicar las normas comunitarias a un caso determinado, sino tan sólo para interpretar el Tratado y los actos adoptados por las instituciones de la Comunidad Europea. Sin embargo, el Tribunal de Justicia, en el marco de la cooperación judicial establecida por dicho artículo, puede proporcionar al órgano jurisdiccional nacional, a partir de los datos obrantes en los autos, los elementos de interpretación del Derecho comunitario que pudieran serle útiles para la apreciación de los efectos de una u otra disposición comunitaria.

Administrativo

Recurso de casación en interés de la Ley. Doctrina legal: “No puede entenderse que un vial, por el mero hecho de no estar incluido en el correspondiente Inventario de Bienes Municipales , no es de titularidad municipal.  Tribunal Supremo. Sentencia de fecha: 21 de mayo de 2008-09-16
Ningún precepto del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local (R.D.L. 781/86, de 18 de Abril ), ni del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de Junio de 1986 (artículos 17 a 36 ), permite concluir que el Inventario tenga efectos constitutivos para el dominio público, de forma que sólo los bienes incluidos en él lo sean, o que sólo mediante su inclusión en él pueda probarse su condición de tales.

Impugnación requerimiento del Plan de acondicionamiento de vertedero de residuos. Tribunal Supremo. Sentencia de fecha: 17 de junio de 2008
No existe en absoluto infracción del principio de eficiencia en la actuación de la Administración (artículo 3.2 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre ), ya que ésta ha actuado con la eficiencia que el Real Decreto 1481/01 le impone; actuar como quiere la mercantil recurrente hubiera significado que la Administración incumpliera su obligación de controlar la adecuación de los vertederos preexistentes a las previsiones de aquél.

Noticias Relacionadas

Director
Juan José González ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
c/ Real, 3. 40400 El Espinar (Segovia)
Teléfono: 92 118 33 20
© 2020 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...