edición: 2595 , Miércoles, 14 noviembre 2018
12/04/2012
OBSERVATORIO JURIDICO

La Audiencia Nacional pregunta a Luxemburgo sobre el alcance del derecho al olvido en Internet y sobre la tutela de derechos afectados

DATADIAR

El llamado `derecho al olvido´ se entiende en España como una proyección de otros derechos que ya existen (como el de cancelación y el de oposición), y en ningún caso se trata de un derecho absoluto. El `derecho al olvido´ lo entendemos como una proyección del derecho que ya tenemos, porque forma parte del derecho fundamental a la protección de los datos, sobre el poder de disposición que tenemos sobre nuestros propios datos personales. Es decir, el derecho de decidir qué usos pueden hacer otros de ellos.

Así el `derecho al olvido´ realmente no incorpora nada nuevo sobre el contenido de estos derechos que ya estaban reconocidos en España -otra cosa son las dificultades que surgen a la hora de aplicarlos-, sino que puede ser entendido, y así lo entiende la AEPD, como una proyección del derecho de cancelación y el derecho de oposición, dependiendo de cada caso.

Pues bien, la Sección Primera de  la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional (AN) ha dictado un Auto de fecha 27/02/2012, por el que acuerda, al amparo del art.267 del TFUE, plantear al  Tribunal de Justicia de la Unión Europea diversas cuestiones prejudiciales en relación con los recursos interpuestos por Google contra  las resoluciones  en las que la  Agencia Española de Protección de Datos ha amparado los derechos de oposición y de cancelación de datos personales de ciudadanos frente a buscadores en Internet, y en concreto Google. La AN considera que la trascendencia del asunto afecta a  todos los Estados Miembros de la UE  por lo que entiende  necesario un pronunciamiento del Tribunal Europeo.

Los magistrados resumen en nueve preguntas todas las dudas jurídicas que se han encontrado al abordar el caso de un particular que, al teclear su nombre en Google encontraba el enlace con un anuncio en un periódico de tirada nacional, de la subasta de un inmueble por un impago a la Seguridad Social. El afectado afirmaba que el embargo ya se había solucionado y resuelto desde hace años y, pese a ello, esa referencia seguía apareciendo en el buscador.

La Agencia Española de Protección de Datos acogió la petición de tutela del afectado y requirió a Google Spain SL y Google Inc. que retiraran los datos del denunciante de su índice. Sin embargo, consideró que la información de la subasta aparecida en el periódico debía mantenerse por tener una justificación legal.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha venido manteniendo en sus resoluciones dictadas en los procedimientos de tutela de los derechos de los ciudadanos, que los buscadores de Internet están sometidos a la legislación europea y española de protección de datos, y que los ciudadanos pueden invocar y hacer valer sus derechos en España frente a los proveedores de servicios de búsqueda de Internet.

La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional plantea al Tribunal de Justicia de la UE una cuestión prejudicial de interpretación sobre la protección de datos de un particular frente a Google. Con su resolución, la AN describe jurídicamente la situación creada ante las nuevas tecnologías que traspasan fronteras y límites temporales y que se han desarrollado  con posterioridad a las normativas vigentes. Es la primera vez que un tribunal  plantea esta cuestión ante el Tribunal de Justicia de la UE y la decisión del Tribunal de Luxemburgo vinculará a todos los tribunales de los estados miembros donde existen reclamaciones similares.

El auto de la Sección Primera plantea de fondo si un particular tiene derecho a reclamar la supresión y bloqueo de informaciones en los buscadores de Internet relativas a su persona y que, con las nuevas tecnologías, podrán ser localizadas “a lo largo de toda su vida y la de sus descendientes”.

La AEPD confía en que el pronunciamiento del TJUE en respuesta a las cuestiones planteadas por la AN, que sin duda constituirán un novedoso precedente sobre la tutela del derecho a la protección de datos en Internet, permita a los ciudadanos españoles (y europeos) la defensa y ejercicio de sus derechos en su territorio, ya que de prosperar las tesis defendidas por Google deberían acudir a los tribunales de EE.UU para poder ver reconocidos sus derechos con las cargas y perjuicios que esto supondría y el riesgo de indefensión que podría comportar para los ciudadanos.

La empresa Google, por el contrario, afirma que el proceso el buscador no se realiza mediante el recurso a medios sitos en España puesto que ningún equipo de Google se encuentra en España, ni las arañas ni los robots que utilizan se instalan en los servidores que visitan. Google Inc. no emplea medios ubicados en España para la obtención de la información ni para el procesamiento de la misma. Los equipos de “Google” llevan a cabo la indexación de los contenidos mediante un software que les permite conectarse de manera sistemática y continuada con todas las direcciones de Internet ("URLs") que identifican en las páginas Web que encuentran a su paso. Los equipos de Google no se necesitan desplazar ni hacer uso de ningún medio para conseguir la información visitando, navegando y rastreando.

A este respecto el Auto añade que “sostener que la indexación de datos procedentes de páginas web  situadas en España, en relación con una información publicada en España, en base a una  norma legal española, que afecta a datos de un ciudadano español y que fundamentalmente  puede tener una repercusión negativa, a juicio del afectado, en su entorno personal y social  sito en España (centro de intereses), tenga que defender la tutela de su derecho a la  protección de datos en EEUU, por ser el lugar que el gestor del buscador ha elegido para  ubicar los medios técnicos, colocaría a los afectados en una situación de especial vulnerabilidad  e impediría o dificultaría enormemente la tutela eficaz de este derecho que podría resultar incompatible con el espíritu y finalidad que inspira la Directiva y, sobre todo, con una tutela eficaz de un derecho fundamental contenido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales”.

En definitiva, lo que depende de la decisión del Tribunal de la Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo respecto de los derechos relativos a nuestros datos en Internet es ni más ni menos que el hecho de que los ciudadanos españoles tengan que acudir a los tribunales de Estados Unidos para poder ver reconocidos sus derechos en este ámbito, o bien ejercitar las acciones correspondientes de tutela en España.
 

Equipo jurídico de Datadiar.com


LEGISLACIÓN

Orden HAP/588/2012, de 22 de marzo, por la que se delegan las funciones, asistencia y voto del Presidente del Consejo de Políticas del Juego. BOE, nº 72, 24 de marzo de 2012.
El artículo 34 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, crea el Consejo de Políticas del Juego como órgano de participación y coordinación de las Comunidades Autónomas y el Estado en materia de juego. El Consejo de Políticas del Juego está integrado por los Consejeros que desempeñen las responsabilidades en materia de juego de todas las Comunidades y Ciudades Autónomas y por un número paritario de representantes de la Administración General del Estado. En virtud del apartado 3 del artículo 34 de la Ley 13/2011 y de los Reales Decretos 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la presidencia del Consejo corresponde al titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Secretaría permanente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Igualmente previene el artículo 34.3 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, que tanto el Presidente como los demás miembros del Consejo de Políticas del Juego podrán delegar sus funciones, asistencia y voto. Razones de economía, celeridad y eficacia en el ejercicio de la atribución de que es titular el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de conformidad con el artículo 34 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, aconsejan delegar las funciones, asistencia y voto del Presidente del Consejo de Políticas del Juego en el titular de la Secretaría de Estado de Hacienda.


JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de blanqueo de capitales. Indicios. Derecho a la presunción de inocencia. Tribunal Supremo. Sentencia 24 de noviembre de 2011
La eventual apreciación de la concurrencia de la atenuante nunca tendría como consecuencia jurídica la extinción de responsabilidad penal que se insta. En el presente supuesto una eventual estimación del motivo carece de efectos prácticos porque no acarrearía otra consecuencia que la imposición de la pena en su mitad inferior del trecho posible, lo que ya hace la sentencia recurrida. Derecho a la presunción de inocencia: artículo 24.2 CE. Blanqueo de capitales. Indicios: reitera la Sala que, entre otros, podrá valorarse: el inusual incremento de patrimonio, no explicado; la ausencia de negocios lícitos del volumen necesario para constituir una explicación aceptable; y la existencia de alguna relación o vinculación o conexión con actividades ilícitas; la cantidad de capital que es lavado o blanqueado. No es preciso acreditar una condena anterior por el delito del que proceden los bienes o dinero lavado, siendo bastante con establecer la relación con actividades delictivas y la inexistencia de otro posible origen del dinero. Caso de autos: incremento patrimonial que se calcula en importe de 92.183.389 pts. que se justificaría en la compra de quinielas premiadas con dinero efectivo. Niegan los recurrentes que la obtención de los boletos premiados fuera posterior al hecho que los determinó, comprando a la persona agraciada los boletos. Afirman que el importe de los boletos adquiridos era del unos 4.000.000 de pesetas. Vulneración inexistente: inversión en juego de azar que resulta inverosímil. Disponibilidad no justificada de cuatro millones de pesetas, sin que consten actividades lícitas conocidas como fuentes de ingresos. En todo caso, el importe de las inversiones realizadas excede del importe del boleto premiado. Coacusado que disponía de antecedentes penales por delitos contra la salud pública.


Mercantil

Responsabilidad por deudas sociales: irretroactividad de la Ley 19/2005, 14 de noviembre, sobre Sociedades anónimas europeas domiciliadas en España. Tribunal Supremo. Sentencia 26 de noviembre de 2011
Rechazado que la responsabilidad regulada en el artículo 105.5 LSA tenga naturaleza punitiva, la pretendida retroactividad de la reforma del mismo que tuvo lugar por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre Sociedades Anónimas Europeas domiciliadas en España, debe dilucidarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.3 del Código Civil que impone la irretroactividad de las leyes si no dispusieren lo contrario. La reforma de la Ley 19/2005, no dispone la retroactividad de la norma por lo que para la decisión de la controversia deviene aplicable la redacción de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada vigente en el momento en el que se desarrollaron los hechos, ya que, como afirma la sentencia 553/2011, de 18 de julio, «La seguridad jurídica, principio inspirador del ordenamiento de plasmación constitucional (art. 9.3 CE), exige el conocimiento previo de la norma que va a aplicarse a una determinada situación jurídica, de manera que las situaciones y relaciones jurídicas se rigen por la vigente al tiempo en que aquellas acontecen o se producen. Certeza, predecibilidad y confianza en el ordenamiento vigente son exigencias por razón de la seguridad jurídica, que, de acuerdo con el viejo axioma «tempus regit actum», conducen a establecer al principio general de que las normas son por regla general irretroactivas salvo que excepcionalmente en ellas se diga lo contrario (SSTS 16 enero 1963, 22 diciembre 1978, 19 octubre 1982, 25 mayo 1995, 20 de abril 2009).

Impugnación de acuerdos sociales: derecho de información de los socios. Tribunal Supremo. Sentencia 30 de noviembre de 2011
El ejercicio del derecho de información, en general, está sometido a ciertas limitaciones, ya que el accionista no puede demandar cualquier información de la sociedad sobre cualquier extremo y en cualquier momento, de tal forma que es necesario que las informaciones o aclaraciones que el accionista estime precisas y las preguntas que estimen pertinentes -juicio de valor que corresponde en exclusiva al accionista- estén comprendidos en el orden del día o conexos con él. Además, las informaciones o aclaraciones deben requerirse y las preguntas formularse en el momento adecuado -si se formulan por escrito deberán efectuarse en el espacio temporal que va desde la convocatoria de la junta hasta el séptimo día anterior al previsto para que tenga lugar y si es verbalmente durante la celebración de la junta general-. El interés de la sociedad en no difundir ciertos datos ni siquiera en el limitado ámbito interno de los accionistas -no el de los administradores en ocultarlos- también supone un límite al derecho de información, de tal forma que la publicidad limitada a los accionistas de los datos interesados, no debe perjudicar los intereses sociales, sin perjuicio de que en este caso deba facilitarse cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital.


Civil

Contrato de ejecución de obra. La inobservancia del sistema previsto para la interrupción del plazo,  no puede prejuzgar la imputabilidad o no a la contratista del tardío cumplimiento de la obligación. Tribunal Supremo. Sentencia 13 de diciembre de 2011
Se plantea un problema de interpretación del contrato sobre las consecuencias derivadas de la terminación y entrega de las obras en el plazo pactado y así eludir la aplicación de la penalización convenida para este caso, sin referencia alguna a la existencia de caso fortuito o fuerza mayor como soporte viabilizador del retraso. La inobservancia del sistema previsto para la interrupción del plazo,  no puede prejuzgar la imputabilidad o no a la contratista del tardío cumplimiento de la obligación. Es decir, a los efectos de lo debatido entre los contendientes, una cosa es que el plazo no se haya prolongado, por cuanto no se hicieron valer las causa de interrupción conforme convencionalmente se pactó, lo que, entre otros extremos, podrá determinar el momento del traspaso de los riesgos en el contrato de obra, y otra distinta es que el tardío cumplimiento pueda ser imputable a la contratista a efectos de considerarlo jurídicamente relevante para que ésta pudiera quedar incursa en mora y responder por tal incumplimiento de conformidad con lo pactado.

Resolución contrato compraventa. Doctrina jurisprudencial. Requerimiento de cumplimiento por el comprador antes del requerimiento resolutorio del vendedor. Tribunal Supremo. Sentencia 15 de diciembre de 2011
El requerimiento resolutorio del art. 1504 del Código Civil, permite que hasta la notificación del mismo pueda pagar el comprador, pese a que conste una condición resolutoria expresa al amparo del art. 1124 del C. Civil. Igualmente para que el vendedor inste la resolución ha debido de cumplir fielmente sus obligaciones.  El comprador, hasta el requerimiento, puede pagar.  El comprador, al momento de ser requerido, había mostrado ya su voluntad inequívoca de cumplimiento, por lo que el requerimiento carece de eficacia, dado que solo tiene sentido si el comprador sigue renuente al cumplimiento de sus obligaciones. La actitud del comprador no fue obstructiva al cumplimiento sino que se fundaba en la existencia de defectos en el inmueble entregado, que han sido constatados.  Pese al transcurso del plazo contractual de entrega y pago, el vendedor, por dos veces, se avino al cumplimiento, prolongando los plazos contractuales. El comprador instó fehacientemente el cumplimiento antes de ser requerido de resolución. Sobre la ineficacia del requerimiento resolutorio cuando el comprador ha instado previamente el cumplimiento, no puede producir efectos un requerimiento de resolución posterior a otro en que el comprador manifieste su voluntad seria, de realización posible, de cumplir, sino sólo a partir de la fecha en que no cumpla lo prometido.


Laboral

Interpretación del acuerdo que facilitó la aprobación del ERE. Debe interpretarse de forma literal cuando se ajusta a la intención de las partes. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 28 de noviembre de 2011
La cuestión  que plantea el recurso se reduce a interpretar determinada cláusula, incluida en el Acuerdo que facilitó la aprobación del ERE de 4 de enero de 2008 de la empresa demandada, de forma acorde con lo dispuesto en los artículos 1.281 y siguientes del Código Civil  cuya infracción alega el recurrente, quien entiende que una interpretación literal del Acuerdo obliga a estimar su pretensión. El Tribunal desestima el motivo examinado, ya que, la interpretación de la cláusula controvertida que hace la sentencia recurrida se ajusta a la literalidad de la misma y a la intención de los contratantes, principales normas hermeneúticas que se establecen en el artículo 1.281 del Código Civil. Así, el término «reponer» que utiliza la cláusula a interpretar significa volver a poner o a adquirir lo perdido o colocar a alguien o algo en el lugar o estado que tenían antes (Diccionario de la Real Academia). Por ello, la interpretación que hace la sentencia recurrida parece ajustarse al tenor literal de ese acuerdo que era colocar a los afectados en el lugar o estado que tenían antes de los expedientes de regulación de empleo por los que se suspendieron sus contratos, esto es conservar los derechos que tenían a prestaciones por desempleo antes de aquellas suspensiones.

Despido por causas objetivas. Ineficacia extintiva del recibo de finiquito. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 28 de noviembre de 2011
Los actos de disposición en materia laboral han de vincularse a la función preventiva del proceso propia de la transacción. Desde esta perspectiva, parece claro que el finiquito puede cumplir esa función transaccional, aunque quede al margen de los cauces institucionales de conciliación. Pero para que la disposición sea válida será necesario que el acuerdo se produzca para evitar o poner fin a una controversia, sin que puedan aceptarse declaraciones genéricas de renuncia que comprenden derechos que no tienen relación con el objeto de la controversia». En atención a la doctrina relativa al finiquito, el Tribunal considera que en el litigio no hay una voluntad extintiva de la relación laboral alguna en la suscripción simultánea de la liquidación y finiquito, por las siguientes razones: a) ninguna deseo de poner fin al contrato puede atribuirse al trabajador por la firma del documento, siendo así que fue la empresa y no el recurrente quien lo extinguió previa y unilateralmente, acompañando a la comunicación del cese el escrito de saldo y finiquito; b) nula eficacia liberatoria puede atribuirse a un documento cuya fiabilidad no solamente pudiera considerarse mermada por haberse suscrito sin la garantía de los representantes de los trabajadores [cuya presencia no es necesaria, aunque sí conveniente], sino que a mayor abundamiento no cumplía función transaccional alguna, puesto que los actos de disposición en materia laboral han de vincularse a la función preventiva del proceso propia de la transacción, de manera que la eficacia del acuerdo requiere que se produzca para evitar o poner fin a una controversia.


Administrativo

Archivo de expediente disciplinario por el Consejo General del Poder Judicial. Tribunal Supremo. Sentencia 31 de marzo de 2011
No puede recurrirse en sede contenciosa contra un acuerdo de archivo cuando lo que se plantea en realidad es una cuestión ajena al ámbito disciplinario y propia del orden jurisdiccional penal al constar acreditado en las actuaciones que se están tramitando las diligencias previas en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla. Como ya considera el Consejo General del Poder Judicial al archivar el expediente disciplinario, lo que en el fondo subyace es la disconformidad de la recurrente con una resolución judicial, procediendo la confirmación del Acuerdo recurrido.

Inexistencia de incongruencia omisiva de sentencia que declara la vulneración de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007 por parte de un Ayuntamiento. Tribunal Supremo. Sentencia 8 de abril de 2011
Se rechaza la incongruencia omisiva de la sentencia recurrida pues no es cierto que la sentencia impugnada no se pronuncie sobre las peticiones de la recurrida en el proceso de instancia y que coinciden de forma prácticamente literal con las alegaciones contenidas en los antecedentes de hecho tercero a sexto del escrito de contestación de la demanda formulada en el proceso de instancia. El fundamento sustancial de la demanda formulada por el Abogado del Estado en el proceso de instancia es la vulneración por el Acuerdo adoptado por el Pleno de Ayuntamiento por el que se aprueba el Presupuesto de la Corporación Municipal para el año 2007 al no cumplir con la prohibición de un incremento global superior al 2% con respecto a las del año 2006 para las retribuciones del personal al servicio del sector público. La sentencia impugnada considera probado el incremento de gasto denunciado, no negado por la Administración recurrida y sin que, ante sus alegaciones genéricas y en algún caso ajenas a la cuestión plantea da en el proceso no acompañadas de ninguna prueba, aquélla haya acreditado que dicho incremento esté amparado por la ley.

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