edición: 2391 , Miércoles, 24 enero 2018
16/01/2014
Reconocidos los créditos fiscales

La banca agota su demora en la cita con el crédito

Bruselas flexibiliza el límite de crédito en las nacionalizadas y se extraña de la ausencia de los grandes en el mercado de préstamos
Juan José González

En medios financieros no salen de su asombro al comprobar que dos entidades como BMN y Bankia acaban de protagonizar un curioso `incidente´, según el calificativo de un alto cargo bancario: que dos nacionalizadas han roto la barrera y reabierto el mercado de emisiones de deuda. Sin duda, una anomalía para muchos y guasa para algunos más pero lo cierto es que las dos entidades se han adelantado a los tradicionales emisores como Santander, BBVA y Caixabank. Con independencia del significado del movimiento `emprendedor´ registrado por BMN y Bankia, el `incidente´ en cuestión obliga a mirar hacia el resto de sus colegas, en este lance, en evidencia, pero no sólo porque hayan tomado el riesgo de la delantera sino y sobre todo, porque han comenzado a abrir tímidamente el grifo del crédito, sólo el solvente, pero crédito al fin y al cabo. Tampoco parece que en este asunto el sector haya tenido muy en cuenta el reconocimiento de los créditos fiscales -activos fiscales- condición que el sector aseguraba, serviría para comenzar a dar crédito, algo que tampoco ha sucedido.

Sobre el terreno, el sector aguardaba como agua de mayo a que el Gobierno otorgara la gracia de contabilizar como capital los activos fiscales diferidos, bajo el argumento de que no era posible dar crédito si se bloqueaba el capital. Una batalla que se ha mantenido a lo largo de varios meses y que ha servido para prolongar aún más la sequía del crédito. Sobre el papel, las entidades bancarias hacían valoraciones distintas, pero todas en la misma línea, sobre las repercusiones que el citado reconocimiento de activos como capital tendría en el mercado. El sector tenía `pendientes´ de activar poco más de 48.700 millones de euros en créditos fiscales reconocidos, una cifra que se convertiría en casi medio billón de euros en créditos que irían directamente a las empresas y a las familias, es decir, al sistema.

Pero la práctica, la realidad, ha dejado aquella cantidad de crédito fiscal en poco menos de 32.000 millones de euros, dinero activado o convertido en capital y sin que la inyección prevista por el sector y que se correspondía con el volumen de crédito reconocido, haya llegado al sistema. Sobre el papel, los 32.000 millones de euros activados en capital se deberían traducir en unos 300.000 millones de euros en crédito al sector privado, empresas y familias, y sin embargo, no se tiene noticias de que se esté produciendo la correspondencia. Sobre el terreno, el sector bancario contaba con este argumento de peso que, una vez logrado se debería materializar en créditos. Para el Gobierno, la aprobación de la medida –reconocimiento de los créditos fiscales- era una de las patas que se consideraban decisivas para normalizar la actividad crediticia.

En el mismo sentido, el Banco Central Europeo ha creído que la activación del crédito fiscal tendría una repercusión inmediata en el mercado financiero, algo que no se ha producido. Sin embargo, el BCE, en la sospecha de que la activación del crédito se dilataría más en el tiempo, parece haber valorado la iniciativa de las nacionalizadas de acudir al mercado a financiarse y al mismo tiempo abrir el grifo del crédito. Considera el banco central que el problema principal de la economía española se encuentra en el crédito y que, por tanto, deberán tomar las medidas necesarias para recuperar el flujo crediticio. En esta línea se pueden enmarcar las facilidades que las autoridades de la Unión Europea están dando al Gobierno español, flexibilizando los límites de crédito impuestos a las entidades con ayudas, en este caso a Novagalicia Banco y a Bankia.

Entienden las autoridades que si el problema es el crédito, se deben utilizar todas las herramientas posibles para facilitar el flujo del crédito y que, por tanto, las dos entidades deben contar con la posibilidad de prestar más dinero ampliando el límite inicial fijado en 9.000 millones para el gallego (ahora con gestión venezolana) y Bankia 20.000 millones. Al menos, este era el objetivo de las ayudas públicas a la banca, facilitar la concesión de crédito nuevo. Ahora sólo falta que el resto del sector arranque y, a diferencia del mercado de deuda, tome la delantera a las nacionalizadas y abra el grifo del crédito.

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