edición: 2347 , Lunes, 20 noviembre 2017
05/05/2016
banca 
Banco de España ya avisó en 2003

La banca española se prepara para eliminar las jurisdicciones off shore

El sector da por descontado que el nuevo Ejecutivo modificará la lista de ”estructuras legales” reconocidas en el Real Decreto 1080/91
Juan José González
Han pasado ya trece años desde aquel aviso que el Banco de España envió al sector financiero advirtiendo de los "riesgos reputacionales" que suponía la operativa con territorios off shore, con centros financieros radicados en paraísos fiscales. La misiva, clara, concisa y por escrito, como figuraba en la `Memoria de Supervisión´ del Banco central, no parece que haya sido seguida u observada, al menos en su totalidad, por algunas entidades, caso de Santander y BBVA que, al parecer, continúan apareciendo en sus cuentas de resultados. El argumento utilizado en su día por las entidades para responder a la advertencia del supervisor, no era otro si no la ausencia de regulación específica en España sobre la emisión de preferentes a partir de 1994, y que no ponía impedimento alguno a la venta de este tipo de valores desde sociedades de otra jurisdicción como por ejemplo, los registrados como paraísos fiscales. Los riesgos reputacionales parece que cambiarán algunas opiniones, aunque serán criterios fiscales los que se impongan en el futuro.
Poco antes del ejercicio de 2000, las entidades financieras se vieron envueltas en la necesidad de reforzar sus recursos propios siguiendo caminos alternativos al hasta entonces habitual crecimiento orgánico. Comenzó una carrera por las emisiones de preferentes, de mayor intensidad en la última década del milenio. El problema hasta entonces era la ausencia de una regulación específica que permitiera la emisión de las preferentes por sociedades constituidas en España. Así que, nada más sencillo, al tiempo que `rentable´, que la utilización de una jurisdicción exterior (en este caso, off shore) para la emisión de dichos valores con la mayor flexibilidad y el mejor trato fiscal y mercantil posible. Trece años de vida del argumento han terminado con la bondad "reputacional" del esquema en cuestión.

En este sentido, los "Papeles de Panamá" parecen haber obrado una reflexión institucional, corporativa y racional en el seno de las entidades que hasta ahora se habían mostrado remisas a seguir las sugerencias del Banco de España en su ya lejana Memoria de Supervisión. Por diferentes fuentes de información (prensa, despachos jurídicos, abogados, intermediarios fiscales y financieros) las entidades que hasta ahora hacían caso omiso de la recomendación del supervisor, han acelerado las labores de liquidación de las sociedades `instrumentales´ en los paraísos fiscales.

Apenas un centenar de estas sociedades, se mantenía activo a 31 de diciembre de 2015, fecha en la que ya se estaba tramitando la liquidación de 63 sociedades, quedando las restantes 37 en proceso de reducción y traspaso, debido a que en varias de estas últimas se mantienen en cuenta emisiones de preferentes en plazo (vivas) que todavía no han finalizado. Son los casos de Santander, BBVA, Cajamadrid y Popular (BPE) que todavía aparecían recogidas en el último ejercicio de 2015.

No obstante, algunas entidades ya habían comunicado a principios de 2016 su intención de cerrar las cuentas de las sociedades en territorios offshore, no sólo por su baja actividad, sino por motivos reputacionales pues, al parecer, las autoridades de Bruselas presionan desde entonces a las entidades bancarias para que reduzcan la operativa relacionada con los offshore. En este sentido, una entidad bancaria española habría denunciado al supervisor español el mayor control y seguimiento de Bruselas ante "la ausencia de norma expresa", inexplicable según la entidad. El BCE habría cambiado de criterio a partir del escándalo fiscal de Luxemburgo -en 2011- por unos acuerdos fiscales secretos entre el Gobierno de ese país y las 300 multinacionales que utilizaban un esquema "dudoso y poco ortodoxo" de relaciones fiscales y mercantiles.

Con todo y a pesar de operar siguiendo al pie de la letra el Real Decreto 1080/91 del 5 de Julio, donde se enumeran las 48 jurisdicciones offshore (con cambios en enero de 2012) y basada en la lista gris de la OCDE, las estructuras legales en los paraísos fiscales reconocidos en ese Real Decreto, no van a pasar inadvertidas para los próximos legisladores. Y no por causas reputacionales, sino por criterios fiscales.

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