edición: 2578 , Viernes, 19 octubre 2018
08/07/2011
Bancos y cajas se unen en contra del proceso de ejecución hipotecaria

La banca insiste al Gobierno en que la dación en pago frena aún más la demanda de crédito

La mayoría de los Estados norteamericanos intentan eliminar la medida
Juan José González

Las situaciones extremas suelen admitir reacciones también extremas, lo que no siempre es garantía, ni mucho menos, de eficacia. La pérdida de un bien tan preciado, económica y sociológicamente en España, de primera necesidad como es la vivienda, se encuentra precisamente en esa zona de extremidades. Por tanto, es probable que la intervención del Estado estuviera más que justificada en aras de la protección, antes que del bien, del hipotecado, en su mayoría en una situación económica precaria, muchos de ellos con niveles paupérrimos de renta. Sin embargo, la situación es muy complicada debido a la unión personal y emocional, con el problema financiero, de ahí que la intervención del Estado en estos asuntos pueda llegar a tener una misión decisiva. Curiosamente, los ‘indignados’ que se manifestaron recientemente en las plazas de media España, pueden haber provocado que el Ejecutivo haya abierto un poco los ojos a tan espinoso, por actual, asunto. En todo caso, la dación en pago tiene otras repercusiones puntuales.

Una de ellas es que llega en el momento preciso, con una coincidencia maldita: por un lado, la larga duración de la crisis, acaba por agotar cualquier reserva de ahorro y da tiempo a que se produzca, con facilidad, una situación de desempleo en el deudor, algo cada vez más común, y por otro lado, aunque parezca muy social, no es buena idea introducirlo en un momento de restricción de crédito.

El Ejecutivo español esta alimentando la medida entre el público, a través de un debate social amplio de la misma, pero el sector financiero, posiblemente el más interesado en el asunto, insiste en público y en privado, que introducir la dación en pago en las condiciones actuales de mercado, aumentaría la restricción de crédito y, por tanto, reduciría la demanda potencial de viviendas, que a su vez presionaría a la baja en los precios. Es una cadena que funciona en esa dirección y no en otra, como en principio sería deseable y sobre lo que ya se cuenta con alguna experiencia.

En Norteamérica ya conocen alguna de las consecuencias económicas y financieras sobre la dación en pago, sistema aceptado en muchos Estados pero no deseado en la mayoría a la vista de los resultados de la mora hipotecaria (más del triple que la española) del país y que hace unos años, como es conocido, desembocó en que dos sociedades del mercado hipotecario como Freddie Mac y Fannie Mae reunieran en sus carteras todo el riesgo del mercado y sus deudas equivalentes al 32% del PIB norteamericano.

Y en este caso, sí que intervino el Estado, pero más en funciones de Mariner que de administrador o gestor político. Tras las experiencias citadas, los Estados que no tenían reconocida la dación en pago entienden que aquellos que la tienen intenten eliminarla por todos los medios. El Gobierno en aquel país, con gran experiencia y desarrollo en el asunto, ya ha intervenido inyectando el 2% del  PIB en un agujero del que se desconoce la profundidad.

Pero en España, parece ser, se ha convertido en asunto popular, social, identificado como una bandera del movimiento 15-M de los ‘indignados’, bandera que, cosas de la vida, ni partido en el Gobierno ni oposición Popular están dispuestos a dejar pasar. El sector bancario apunta al Ejecutivo a que bien podría haberse acordado de la dación en pago antes de la reforma financiera, momento en el que podría haberse debatido si la idea en cuestión iba a tener algún efecto positivo sobre el crédito. Así que ahora, tanto el debate público como la pretensión ‘populista’ de adoptar la medida, son económicamente, inoportunos.

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