edición: 2286 , Martes, 22 agosto 2017
15/10/2008

La Banca, molesta y de uñas con el Gobierno por el Decreto Ley de “intervención”

Inquietud en las cajas y recelo en los bancos por el “…se podrán adquirir acciones…”
Reunión de banqueros con Zapatero en La Moncloa la pasada semana
Juan José González

La puerta abierta -principal novedad del Decreto- al ministerio de Economía para que según considere la situación de crisis de una entidad financiera, pueda adquirir acciones, títulos de propiedad y representación legal de dichas entidades para recapitalizarlas y evitar quiebras en el sistema financiero, trae a los despachos más nobles de la Banca de cabeza. En alguna entidad se cuestiona la libertad discrecional del ministerio económico en considerar una situación de amenaza para el sistema financiero. Y preocupa la existencia de esa parte del Decreto, como dice un banquero “ese por si acaso nos suscita más sombras que luces”. Si los bancos españoles no tienen ningún problema, ni hay amenaza a la vista, ¿por qué ese apartado de “se podrán adquirir…”? Esta es la base de la preocupación de muchos banqueros.

A los banqueros no les gusta nada. No se fían de la utilización del Decreto. Se sienten inseguros porque supone un poder en blanco en manos del Ejecutivo. En privado lo rechazan. Es la parte más oscura del Decreto Ley aprobado en el último consejo de ministros del lunes y que ayer entró en vigor, que recoge los puntos, uno por uno, del “plan anticrisis”, diseñado en el marco de la acción concertada del Eurogrupo, el pasado fin de semana.

¿No debería pedir alguna explicación la Asociación Española de Banca? ¿No tiene dudas al respecto la AEB? Y el Gobernador del Banco de España, ¿se siente cómodo con este Decreto Ley? Se tiene la sensación de que tanto AEB como Banco de España han aceptado con la boca cerrada el mandato del Gobierno que, encantado por la invitación forzada de Nicolas Sarkozy, aceptó punto por punto, sin rechistar el texto íntegro de la propuesta del Eurogrupo. Algo que en sí mismo no tiene sentido, pues se trata de un plan forzoso contra el reloj destinado a intervenir bancos, cajas y aseguradoras con evidentes problemas de quiebra o, más bien, en quiebra técnica.

El Ejecutivo explicó claramente que “en este momento en España no concurre ninguna situación de dificultad en entidades financieras”, “son medidas que no se toman en condiciones normales”. Por novedosa que sea la situación actual y por mucho que el vicepresidente económico Pedro Solbes haya hecho hincapié, en la reunión del fin de semana en Washington, la Banca desconfía del Ejecutivo. A mayor abundancia, en el sector bancario hay una frase que ha destapado la caja de los truenos y que ha causado irritación y desasosiego: “no podemos descartar que esta situación inaudita pueda variar en pocos días dado el visible deterioro del sistema financiero desde el pasado mes de septiembre”.

Y, si no es un plan de rescate, ¿qué sentido tiene que se contemple la posibilidad de adquirir acciones si los problemas más graves que pueden sobrevenir en los bancos españoles es la falta de liquidez? A la Banca le gustaría que no se planteasen estas preguntas porque para reforzar los recursos de una entidad existen numerosas vías de actuación. En medios del sector se tiene la sensación de que esa letra del Decreto Ley sí podría justificarse en la medida en que hay “alguna crisis con sordina” en el sector de las cajas de ahorros, si bien, no deja de ser una mera sospecha que según afirman “navega en el mar de los rumores”.

Las medidas preventivas de ese Decreto (avales del Estado por 100.000 millones y posibilidad de entrar en el capital, con carácter excepcional) cuestionan por otra parte, la neutralidad y el control de la actuación estatal. Para algunos expertos se trata simple y llanamente de una potestad de carácter preventivo que difícilmente, bajo las actuales circunstancias, llegará a utilizar el Estado.

En bancos y cajas se quiere dejar bien claro que seguirán las actuaciones del Gobierno en materia de intervención en el sistema financiero con lupa. Solicitarán que “se dé la máxima transparencia a las operaciones que se realicen y se difundan por Internet persiguiendo las malas prácticas y potenciando las responsables”. Ahora, el ministerio de Economía deberá contestar a la petición de diversos grupos políticos sobre el plazo en que la comisión de control y seguimiento en la concesión de avales rendiría cuentas, fijado en cuatro meses. Plazo de tiempo éste exagerado, si tenemos en cuenta que los avatares de los mercados se suceden a otra velocidad, más lejos de los cuatro meses y más próxima al minuto.

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