edición: 2351 , Viernes, 24 noviembre 2017
17/12/2010

La banca podrá imponer los acuerdos preconcursales al resto de los acreedores si alcanza el 75% de la deuda

Javier Ardalán
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el proyecto de la reforma de la Ley Concursal, que permitirá a las entidades financieras alcanzar acuerdos de refinanciación preconcursales con las empresas deudoras serán de obligada aceptación para el resto de los acreedores, siempre que representen el 75% de la deuda y el juez mercantil no considere que el pacto es negativo para quienes representan el 25% de la deuda.

Con esta medida, el Ministerio de Justicia, que ha elaborado este texto jurídico se propone facilitar los acuerdos preconcursales y evitar que una minoría pueda bloquear el proceso, lo que supone un deterioro progresivo del patrimonio de la concursada.

La reforma modifica en profundidad el procedimiento preconcursal, pero el proyecto de reforma de la Ley Concursal mantiene la misma línea estructural de la Ley de 2003 y de la reforma introducida en 2009. Así, la reforma permitirá a las empresas con dificultades económicas acogerse a los actuales plazos de refinanciación para realizar la negociación financiera y presentar un convenio anticipado de acreedores o una reestructuración de la deuda, pero con la novedad de no tener que declara la situación de insolvencia, lo que evitará la calificación del juzgado.

Además, los administradores concursales podrán gestionar la venta de activos y realizar operaciones en beneficio del concurso antes de que se apruebe el convenio de acreedores sin necesidad de autorización judicial previa. La única exigencia será la notificación al juez y la suscripción de un seguro de responsabilidad civil, aunque el juez deberá atender las reclamaciones de la concursada y de los acreedores si consideran que estas operaciones han sido erróneas.

En el capítulo de la calificación de los créditos se amplían las garantías de cobro a las entidades financieras que aporten nuevos créditos durante un proceso de refinanciación de deudas, si posteriormente entran en concurso. Y, también,  las aportaciones de los socios que respalden con aportaciones la viabilidad de la concursada dejarán de considerarse créditos subordinados, tal y como se ha venido haciendo hasta ahora.

Los administradores concursales asumirán mayores atribuciones en la gestión del concurso y se incentivará su profesionalización, mientras que los jueces tendrán la tutela de todo el proceso. Por ello, un dato importante es que la reforma introduce las sociedades de administración concursal, que contarán con más medios físicos y técnicos que las personas físicas, lo que permitirá que el juez del concurso pueda decidir si la sociedad se hace caro cargo del procedimiento como único administrador, se trate de concursos abreviados u ordinarios, en lugar de intervenir tres como es obligado actualmente en este último tipo de procedimientos.

Por cierto, que ya no existirá la división de los 10 millones de euros de pasivo para delimitar el tipo de concurso, sino que será el juez del concurso quien decida por el volumen de la deuda y por la complejidad del caso si el concurso sigue la vía ordinaria o la abreviada.

La intervención del auxiliar delegado, que apoya al administrador concursal, será designada por el juez en los casos de especial complejidad y su actuación será considerada obligatoria.

En el capítulo laboral, cuando se declare un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) no será necesario repetir las actuaciones y se considerará válido lo ejecutado.

Finalmente, el Ministerio de Justicia ha anunciado que no se han incluido modificaciones en el tratamiento de las personas físicas insolventes, a pesar de que se han estudiado las opciones aprobadas en las normativas en otros países.

El texto, que comenzará a discutirse en el Congreso cuando se reinicie el periodo de sesiones en el primer trimestre de 2011, puede estar aprobado antes del parón parlamentario estival.

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