edición: 2861 , Jueves, 5 diciembre 2019
19/09/2012
El Gobierno quiere explotar un éxito pero no puede pagar

La banca, reticente a financiar Eurovegas sin aval del Estado

La imposible financiación del proyecto, asunto pendiente en la despedida de Aguirre
Para el Ejecutivo, Eurovegas es un proyecto de Estado, no de comunidad autónoma
Esperanza Aguirre
Juan José González

Al Gobierno se le multiplican los problemas: no hay ningún frente cerrado. La macroinversión del empresario norteamericano del ocio, Adelson, en principio estimada y “vendida” en público por las autoridades políticas locales de Madrid en 21.000 millones de euros, apuntan a que se quedará, finalmente, en 5.500 millones, que son los que costaría poner en marcha y desarrollar una de las fases previstas en el proyecto. La retirada de la primera línea de la política de Esperanza Aguirre, según sus propias palabras, viene a añadir mayor incertidumbre al proyecto. Ahora, resulta que la Comunidad Autónoma madrileña podría albergar mayor interés en que el complejo de ocio se instalara en Alcorcón que en Madrid. Alcorcón es terreno (suelo) de varios constructores del famoso “tamayazo”, así que las sospechas políticas se han disparado en la última fase de la decisión de Adelson. Peor aún es el interés del Gobierno central, similar al enfado de la “lideresa” saliente al entender que el protagonismo, al igual que la llave jurídica de la instalación de Eurovegas en la Comunidad Autónoma se quiere para el Gobierno central, para explotar el éxito del despegue inversor español.

A día de hoy, ni Industria ni Hacienda, dos departamentos clave en la adopción de algunas decisiones que hagan posible la instalación del complejo en Madrid, han comunicado su intención de modificar las cerca de 14 leyes y 6 normativas que interesan al proyecto (inversiones, laborales, impuestos…). Adelson tensa la cuerda porque sigue sin noticias de las autoridades españolas (en este caso de la Comunidad de Madrid) mientras continúa reduciendo la cantidad prevista de su inversión, ahora ya por los 4.700 millones de euros (800 millones menos que en julio pasado).

Pero el Gobierno central también tensa la cuerda por su lado. Aspira a presentar la decisión de Adelson como una elección de un país que inspira confianza a los inversores extranjeros. Porque, entre otros asuntos, con Eurovegas se quiere escenificar que España ha sido elegida como destino de un proyecto internacional de gran envergadura, con el mismo tirón –ahora en crisis, aún mayor- que en su día fue el de Eurodisney en el norte de Francia. Aspira también a que la elección española de Adelson sirva para mejorar la imagen de la marca España, un intangible que el Gobierno se siente incapaz de manejar.

Sin embargo, el asunto de Eurovegas tiene, entre sus numerosos inconvenientes, no sólo jurídicos y políticos, sino también financieros, el mismo de su financiación: quién paga la puesta en marcha? o será más preciso decir ¿quiénes pagan? ¿Quién avala? ¿Qué bancos se prestan a una inversión de tamaño riesgo con el panorama actual, justo en la víspera de…¿un rescate? El empresario y propietario del proyecto, pretende plantar en España algo más que una franquicia: un megaproyecto generador de fuerte actividad en el sector de ocio y servicios, sectores maduros pero muy intensivos en mano de obra cualificada y de dinero.

El primero es abundante, no habrá problemas para reclutar a 18.000 especialistas en juego o 7.000 sociedades proveedoras de servicios de ocio. Como tampoco faltará mano de obra para la obra civil. Al respecto, el ministerio de Trabajo ya esta encontrando alguna objeción en el apartado laboral, puesto que la creación de 180.000 puestos de trabajo directos, es un asunto en el que el departamento ministerial quiere dirigir, es decir, quiere estar presente en la contratación de colectivos de trabajadores.

Sin embargo, el segundo apartado, el del dinero, se encuentra con todos los obstáculos e inconvenientes. Al Gobierno central no le sirve la “original” y ya conocida fórmula financiera mediante la cual, los beneficios de la primera fase del complejo resort financiarían las siguientes fases, pero, eso sí, contando con que, además, ese resto de fases debería contar con los avales financieros del Gobierno. En este punto, ni el Ejecutivo central esta en condiciones de asegurar o comprometer (avalar) aventuras a riesgo como la pretendida por Adelson ni los siete bancos locales llamados a financiar el arranque del proyecto parecen dispuestos ahora a poner tanto dinero encima de una mesa de juego. La despedida de Aguirre deja al Gobierno central la posibilidad de asumir todo el protagonismo deseado. Aunque no le saldrá gratis.

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