edición: 3025 , Viernes, 7 agosto 2020
30/01/2017
Mensajes contradictorios

La batalla fiscal de Montoro frena la atracción de empresas y capitales

España quiere, pero no puede o no sabe, entrar en la `puja´ de las ventajas fiscales para atraer inversiones y sociedades de la Unión Europea
Juan José González
La realidad parece que no termina de imponerse en la pretensiones del Gobierno español que se encuentra en una difícil y comprometida tesitura como es, por un lado, aumentar la recaudación de las grandes empresas para cumplir con Bruselas (unos 6.000 millones de euros más) y por otro ofrecer las condiciones más favorables que aumenten el atractivo del mercado español como destino de sus inversiones y de establecimiento societario. Uno y otro se presentan para el Ejecutivo español como una misión imposible, incapaces para combinar unas medidas de adelanto de recaudación fiscal empresarial con un mensaje positivo, de recaudación positiva, ofreciendo seguridad y certidumbre fiscal, justo lo contrario que transmiten las últimas medidas fiscales. Contrastan con esta situación, algunos casos recientes de empresas que anuncian su intención de cambiar su sede fiscal en busca de jurisdicciones más favorables y que en la práctica se ha convertido en un auténtico proceso de `subasta pública´ en busca de la mejor oferta. Una suerte de "quién da más" (en este caso, quién ofrece más ventajas fiscales) que trae a mal traer a centenares de empresas y capitales de la Unión Europea, que está trastocando planes y estrategias de inversión de grandes -y no tan grandes- grupos empresariales.
Los próximos meses de presentan decisivos para comprobar hasta qué punto la indefinición -premeditada- que mantiene el Ejecutivo de Reino Unido respecto al alcance del Brexit, puede convertirse en un éxodo de cierta envergadura tanto por número de empresas como de inversiones que optarían por aprovechar los tratamientos fiscales más favorables que los que hoy establece Reino Unido. Una especie de subasta u oferta de mejores condiciones fiscales que, en el caso español, no se corresponde con la nueva ofensiva del ministerio de Hacienda de `meter en cintura´ a los grandes grupos empresariales españoles habida cuenta de "la baja tributación que soportan", según señala el ministro Cristóbal Montoro.

Porque a tenor de las últimas declaraciones del ministro Montoro, daría la sensación de que las grandes empresas con sede fiscal en España pagan el 7% del resultado contable en el Impuesto de Sociedades, lo que, de ser rigurosamente cierto, estaríamos ante un verdadero paraíso fiscal a la sombra, oculto o semicamuflado, y sin que multitud de empresas de tamaño medio y grande hubiesen caído en la cuenta de la tal ventaja fiscal. En otras palabras, España habría estado compitiendo con, por ejemplo, Irlanda, sin que el resto del mundo empresarial lo hubiera advertido. 

La realidad indica que, efectivamente, las grandes compañías, en su consolidación contable, devengan en España el 7% en Sociedades por los beneficios que generan en España, mientras que el resto de los que se generan en otros mercados quedan, fiscalmente, a merced de los tratados o acuerdos fiscales. Tampoco habría que olvidar que las grandes empresas españolas, además del citado 7%, están sujetas al pago de impuestos sobre el 19,2% de su base imponible. Entre los dos, desmienten ese pretendido estatus que se quiere atribuir al mal llamado `paraíso fiscal español´.

Y es que en los últimos meses, y con el objetivo de cumplir con lo prometido con Bruselas para evitar una multa millonaria -y humillante- y demostrar disciplina fiscal, el ministro Montoro puso en marcha un puñado de medidas fiscales destinadas a aumentar los ingresos, en especial, el impuesto de sociedades. Nuevas medidas fiscales que trastocó el calendario del impuesto y que se convirtió en un auténtico galimatías para muchos grupos empresariales. Esta medida para aumentar la recaudación no parece que vaya a jugar a favor del deseo del mismo Gobierno -al que pertenece el ministro Montoro- de ofrecer España con un mercado más atractivo fiscalmente para las empresas e inversiones que decidan abandonar Reino Unido tras el Brexit.

El intento de cuadrar el círculo puede convertirse en una fuente de costes para el Estado que difícilmente serían aceptados por Bruselas y que, en definitiva, vienen a demostrar el desacierto del Gobierno español en acometer una batalla (o campaña) fiscal `contra´ las empresas precisamente en el momento en que debería mostrar su cara más favorable para acoger empresas y capitales a la fuga de Reino Unido. La contradicción se convierte en este caso en el peor enemigo del Ejecutivo para atraer empresas y capitales extranjeros.

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