edición: 2346 , Viernes, 17 noviembre 2017
25/08/2009

La batalla tributaria de los próximos meses entre Estado y CCAA se centrará en la tributación ecológica

Javier Ardalán

El Gobierno prepara nuevos impuestos y tasas ecológicos para buscar nuevas formas de ingresos, tratando de evitar las críticas por el aumento de la presión fiscal, que se van a enmarcar en la Ley de Economía Sostenible, que el Gobierno espera aprobar este próximo otoño. Además, estas nuevas figuras tributarias servirán para equilibrar la aportación de las Administraciones Públicas al nuevo fondo que servirá para la dotación de préstamos para actividades que generen crecimiento y empleo y sean respetuosas con el medio ambiente. El fondo constará de un capital inicial de 20.000 millones de euros.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señalaba el camino que el Gobierno debería seguir para que la tributación verde contase con el apoyo de la opinión pública,  través de las conclusiones de la última Encuesta de Hogares y Medio Ambiente. En ella se señalaba que mayoritariamente los ciudadanos españoles estarían de acuerdo con que se estableciese un impuesto sobre los combustibles más contaminantes (64,4%) y también con que se obligase, a través de la imposición de multas la falta de colaboración en la separación de residuos (53,5%).

Por el contrario, entre las medidas que cuentan con un apoyo inferior a la mitad de los encuestados están la de restringir el uso del transporte privado (46,9%), establecer un impuesto ecológico al turismo (34,7%) y pagar más por el uso de energías alternativas (23,1%). Lo que da una idea de lo muy poco ecológicos que somos los españoles cuando se trata de bajar el nivel de calidad de vida. 

También, incluso los técnicos de Hacienda, agrupados en Gestha, han recomendado al Gobierno que profundicen en la fiscalidad ecológica y en la creación de nuevos impuestos, entre ellos el que gravaría a las industrias más contaminantes y que así, en líneas generales, calculan que podrían suponer otros 3.000 millones de ingresos nuevos para los Presupuestos del Estado.

La patronal CEOE se ha opuesto tradicionalmente a que se impongan nuevos impuestos ecológicos, fundamentalmente porque considera que la aparición de nuevos impuestos medioambientales lo soportarán prácticamente en exclusiva las empresas y eso, estiman que tendrá consecuencias negativas sobre la competitividad y la economía española. Aunque cada vez son más los empresarios conscientes de su responsabilidad en este terreno, ni tan siquiera los empresarios que informan públicamente sobre sus sistemas de gestión ambiental, no están de acuerdo en que se les grave con más impuestos.

Los empresarios consideran que el nuevo fondo ecológico para las empresas que inviertan en medio ambiente no es suficiente y recuerdan que Alemania, donde el incremento de los gravámenes ecológicos a las empresas ha ido acompañado con la rebaja de las cotizaciones sociales que pagan. La creación de esta nueva fiscalidad debería tener no sólo objetivos recaudatorios.

En definitiva, todo el mundo habla de dinero, pero nadie habla sobre que estos nuevos tributos también deberían tener una clara finalidad ambiental y debatir qué comportamientos se quiere gravar y qué prácticas se quiere incentivar. 

El siguiente paso es la coincidencia en el desarrollo de la tributación verde con las comunidades autónomas, que desde hace años han venido desarrollando nuevas figuras impositivas, que en ocasiones se han encontrado con problemas jurídicos por la falta de definiciones claras sobre la composición económica de la base imponible.

No obstante, una tan polémica como tasas especiales sobre grandes superficies creadas por algunas comunidades han logrado el reconocimiento de los tribunales, al  considerar que estos gravámenes son constitucionales, porque suponen una fiscalidad independiente del impuesto de bienes inmuebles (IBI) y el de actividades económicas (IAE), sin que pueda considerarse que actúan sobre la misma base imponible.

Otro cantar es el que están cosechando los Ayuntamientos sobre el cálculo del canon que cobran a las empresas eléctricas por la instalación de los molinos de generación eléctrica  de carácter eólico. La Federación de Municipios y Provincias se ha visto en la necesidad de calcular un sistema para calcular la base imponible, puesto que la que se estaba calculando en buena parte de los municipios ha sido rechazada por los tribunales.

Las comunidades autónomas, mientras tanto, han comenzado a aprobar leyes y reglamentos para asentar su tributación y no perder posiciones ante el Estado. Así, por citar dos ejemplos, Galicia acaba de aprobar una Orden, de 30 de julio de 2009, que la Orden de 30 de julio de 2009, por la que se desarrolla el Reglamento del impuesto sobre la contaminación atmosférica, y la Comunidad de Madrid ha aprobado otra Orden, de 16 de julio de 2009, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. Ambos asuntos llevaban años sin que se les pusiese solución.

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