edición: 2391 , Miércoles, 24 enero 2018
20/12/2017
banca 
Indisciplina bancaria

La bula de la banca italiana, modelo de pago compartido de las pérdidas

De nuevo, bancos italianos en el centro de la atención pública por problemas de liquidez
Juan José González
Se cumple ahora un año desde que el Banco Central Europeo reflejara en su informe anual sobre las 120 entidades que supervisa, según su criterio de referencia más exigente, que cinco bancos de la Unión Europea se encontraban por debajo del nivel mínimo de capital estipulado, dos de ellos italianos: Banca Popolare di Vicenza y Veneto Banca. A estas dos entidades había que añadir, por otro lado, la crisis que en ese momento, diciembre de 2016, estaba sufriendo Monte dei Paschi di Siena (MPS) y que el Gobierno italiano ya había iniciado los trabajos necesarios para sacarla del atolladero, dado el colapso de su actividad y, por tanto, de su urgente salvación. El informe del supervisor muestra un año más tarde que, con carácter general, el 98% de las entidades cumple la ratio de capital (del 10,6%) propuesta -impuesta- por el BCE, lo cual parece demostrar la eficacia de la medida. Sin embargo, no parece que el cumplimiento de ese umbral mínimo que fija la norma europea sea respetado por todas las entidades, en particular, por las italianas, habida cuenta de que son las que de forma mayoritaria y reiterativa se mantienen por debajo del umbral, además de otras cuatro que apunta el informe que necesitan con urgencia la retención de capital adicional. Un nuevo problema, italiano también, parece ser el nuevo destinatario de los avisos del supervisor europeo por el mismo motivo: la debilidad del capital y los problemas para hacer frente a las obligaciones de pago. Pero la singular protección que ejerce el supervisor europeo sobre la banca italiana en crisis, puede servir para modificar la fórmula actual en la UE -las crisis corren a cargo de los acreedores mientras en Italia son a cargo del Estado- por la que los costes de las crisis podrían llegar a ser compartidos por el Estado y los acreedores.
Un año después de que la crisis de la banca italiana dejara al descubierto las miserias de gestión, así como el estado lamentable de las tesorerías de algunas entidades históricas, Italia continua achicando el agua de una crisis bancaria de la que todo indica que no ha sido capaz de salir, a pesar de los numerosos y cuantiosos apoyos financiero en forma de dinero público -21.000 millones de euros- buena parte de los cuales han ido destinados a solventar el colapso del tercer banco del país (MPS) y más endeudado de Europa, con nada menos que 28.000 millones de euros de crédito de muy difícil cobro. Apoyo financiero que a la postre ha sido considerado como método sui generis de resolución de crisis, toda vez que las ayudas públicas al efecto violan el compromiso de una resolución del Parlamento Europeo por la que las crisis bancarias debían ser cubiertas o pagadas por sus acreedores y no correr a cargo del Estado, es decir, de los contribuyentes.

Y así, un año después, a pesar de las numerosas reacciones de varios socios de la Unión Europea y de grupos políticos, el método de resolución de crisis `a la italiana´ continua levantando comentarios al tiempo que ofrece nuevos casos, y que al parecer, dada la proximidad del informe del supervisor bancario, muy recientes. Es probable que antes de que finalice el año se conozca el nombre de un nuevo caso de insuficiencia de capital mínimo, aunque las sospechas recaen sobre una entidad perteneciente a un grupo financiero italiano.

Sea como fuere, la aplicación de la normativa comunitaria brilla por su ausencia, mantiene bajo una `zona de exclusión´ a la banca italiana y que hoy cuenta con, al menos seis entidades en vigilancia intensiva, en la zona de urgencia prevista por las autoridades de Bruselas en tanto que se trata de problemas que pueden derivar en una cascada de impagos y que, como se sabe, sólo aportan inestabilidad a la moneda única. Por si no fuera suficiente, el Ejecutivo italiano, no se conforma únicamente con la inyección de recursos públicos sino que además los destina para compensar las pérdidas que sufran las entidades.

Así las cosas, cabría pensar que se trata de un proteccionismo estatal permitido por las autoridades comunitarias, las cuales parecen inhibirse en el pulso con el socio italiano. Una posición política seguramente relacionada con la nacionalidad del presidente del BCE, Mario Draghi, conocedor como ningún otro de los problemas de MPS, de su época como primer ejecutivo del Banco de Italia. Es probable que algunas de las operaciones financieras del pasado de MPS, fueran rubricadas por Draghi, lo cual sería tanto como señalar su responsabilidad en alguno de los mayores fiascos llevados a cabo por la entidad `rescatada´.

La experiencia italiana, su praxis y descaro en burlar la aplicación estricta de las normas bancarias de la Unión, no parece servir de mucho al resto de socios de la Eurozona. Probablemente con problemas bancarios, en algún caso, similares a los que sufren los bancos italianos, las autoridades españolas han optado por la vía de aceptar el veredicto de las autoridades europeas, la JUR, u organismo de resolución de crisis bancarias que, como en el caso del Banco Popular resolvió mediante una operación de venta a Banco Santander. Vía de resolución que, a diferencia de la italiana, ha propiciado la ruina de los inversores españoles, en particular los preferentistas, así como una minusvalía salvaje para los bonistas y numerosos costes para miles de pequeños ahorradores. Y aunque el modelo italiano consista en salvar a estos últimos a cargo del sacrificio de todos, el modelo europeo de sacrificar sólo a los acreedores debería ser revisado en busca de una solución intermedia. Al final, el único que sale ganando es la entidad que se hace cargo del problema, y que en el caso español es Banco Santander.

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