edición: 2783 , Viernes, 16 agosto 2019
29/11/2011
OBSERVATORIO FISCAL

La caducidad de la deducción por cuotas soportadas de IVA

DATADIAR

El art. 98 Uno LIVA, establece que el derecho a la deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado nace en el momento en que se devengan las cuotas deducibles, salvo en los supuestos particulares que en el propio precepto se mencionan (importaciones, operaciones asimiladas a las importaciones, entregas intracomunitarias de medios de transporte nuevos y ciertas entregas de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección).

El art. 99 Uno LIVA señala que en las declaraciones-liquidaciones correspondientes a cada uno de los períodos de liquidación, los sujetos pasivos podrán deducir globalmente el montante total de las cuotas deducibles soportadas en dicho período del importe total de las cuotas del IVA devengadas durante el mismo período de liquidación en el territorio de aplicación del Impuesto como consecuencia de las entregas de bienes, adquisiciones intracomunitarias de bienes o prestaciones de servicios por ellos realizadas.

Por su parte, el apartado tres de este mismo precepto normativo dispone que el derecho a la deducción sólo podrá ejercitarse en la declaración-liquidación relativa al período de liquidación en que su titular haya soportado las cuotas deducibles o en las de los sucesivos, siempre que no hubiese transcurrido el plazo de cuatro años, contados a partir del nacimiento del mencionado derecho, entendiéndose soportadas las mismas, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado cuatro de dicho precepto, en el momento en que su titular reciba la correspondiente factura.

Asimismo, cabe señalar al consultante que cuando la cuantía de las deducciones procedentes supere el importe de las cuotas devengadas en el mismo periodo de liquidación, el exceso podrá ser compensado en las declaraciones-liquidaciones posteriores, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro años contados a partir de la presentación de la declaración-liquidación en que se origine dicho exceso (art. 99 Cinco LIVA).

Lo dispuesto en el párrafo anterior, hay que entenderlo en el sentido que, el plazo de los cuatro años para poder solicitar la compensación comienza a contar desde el período de liquidación correspondiente al momento en el que se produjo el exceso. En este sentido, indicar en primer lugar, que el IVA se declara por trimestre (con carácter general) o por meses, por lo que los cuatro años de caducidad habrá que medirlos por trimestres o por meses, no por años naturales.

Ahora bien, sin perjuicio de todo lo expuesto, la cuestión que se plantea es qué sucede una vez caducado el derecho a la compensación de las cuotas de IVA por transcurso del plazo de cuatro años.

En este sentido, nos parece interesante señalar la existencia de una sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio de 2007, que en un caso similar, habilita al sujeto pasivo (empresario) a una vez caducado el derecho a la compensación, solicitar la devolución del exceso no compensado.

La sentencia reconoce el derecho del sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido, a solicitar la devolución del importe que no ha podido compensarse, a pesar de haber optado en un principio por la compensación, porque ha transcurrido en el presente caso, el plazo que era de aplicación para determinar la caducidad del derecho a realizar la compensación.

La normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, ofrece a los sujetos pasivos la posibilidad de compensar en un plazo de cinco años, actualmente de cuatro, el exceso de cuotas soportadas sobre las repercutidas no deducido en periodos anteriores, en lugar de solicitar la devolución correspondiente a dichos ejercicios. Sin embargo, esta norma no permite privar al sujeto pasivo de la posibilidad de aplicar con carácter alternativo a la compensación que no se haya podido efectuar, una petición de devolución de las cuotas para las que no hayan obtenido la compensación, porque en caso contrario se estaría produciendo un enriquecimiento injusto para la Administración.

Más recientes, las sentencias del Tribunal Supremo de 30-5-2011 y de 23-5-2011, señalan que "si no ha sido posible optar por la compensación debido a la insuficiencia de cuotas, cumplidos cinco años (cuatro desde el 1 de enero de 2000), cabe pedir la devolución. O, lo que es lo mismo, no pudiéndose compensar y caducado el derecho a deducir, o sea, a restar mediante compensación, la neutralidad del impuesto sobre el valor añadido sólo se respeta y garantiza considerando que entonces empieza un periodo de devolución, que se extiende tanto como el plazo señalado para la prescripción de este derecho, después del cual ya no cabe su ejercicio. En definitiva, por cualquiera de los procedimientos que se establecen, compensación y/o devolución, se debe poder lograr la neutralidad del impuesto sobre el valor añadido".

Los Tribunales Superiores de Justicias de distintas Comunidades Autónomas, también han ido adoptado la interpretación del Tribunal Supremo.

Atendiendo a todo lo expuesto hasta ahora y desde nuestro punto de vista, no cabe compensar cuotas eternamente, ya que existe el plazo de caducidad mencionado. Lo que sí es posible es que una vez caducado el derecho a la compensación de estas cuotas de IVA, se solicite la devolución de las mismas.


Equipo jurídico de Datadiar.com


Consultas Vinculantes

A efectos de la aplicación del régimen transitorio de la deducción por inversión en vivienda resulta irrelevante la cancelación del préstamo hipotecario existente y la constitución de uno nuevo. D.G.T. C, (06/06/2011).
El consultante adquirió en 2010 su vivienda habitual mediante préstamo hipotecario; en 2011 procederá a cancelar el préstamo existente y a la constitución de uno nuevo. Aplicación de la deducción por inversión en vivienda habitual en 2010 y en periodos posteriores. Habiéndose producido en 2010 la adquisición de la vivienda y siempre que se cumplan los requisitos de residencia y ocupación de la misma en los plazos referidos anteriormente, se podrá practicar la deducción en dicho ejercicio. Además, podrá acogerse al régimen transitorio contenido en la disposición transitoria decimoctava de la LIRPF a efectos de aplicar la deducción correspondiente en los ejercicios 2011 y siguientes. En consecuencia, a efectos de la aplicación del citado régimen transitorio resulta irrelevante la cancelación del préstamo hipotecario existente y la constitución de uno nuevo, es decir, en el caso de que se sustituya un préstamo hipotecario por otro no cabe entender que en ese momento finaliza la inversión correspondiente y se agotan las posibilidades de deducción en la cuota, sino que se produce la simple modificación de las condiciones de financiación inicialmente pactadas, siempre que, evidentemente, el nuevo préstamo se dedique efectivamente a la amortización del anterior.

Se perderá el derecho a la deducción practicada por cuenta vivienda si finalmente no se produce la adquisición jurídica de la vivienda en el plazo de cuatro años desde el inicio de la inversión en su construcción. D.G.T. C, (06/06/2011).
El consultante abrió una cuenta ahorro vivienda el 29 de diciembre de 2006 a la que ha realizado ingresos de 9.016 euros cada año durante 2006, 2007, 2008, 2009, aplicándose una deducción del 15% de las cantidades aportadas. En 2010 realizó un ingreso en dicha cuenta de 41.647,88 euros y, posteriormente, el 5 de octubre de dicho año realizó un pago por la totalidad del saldo disponible en dicha cuenta a una cooperativa promotora de viviendas que le adjudicará una vivienda en propiedad que tiene previsto utilizar como primera vivienda habitual. La adjudicación de la vivienda y su escrituración a favor del consultante está prevista para finales de 2015 o principios de 2016. Se plantean las siguientes cuestiones: 1º) Si las cantidades deducidas por aportaciones a la cuenta ahorro vivienda en las declaraciones de IRPF de 2006, 2007, 2008 y 2009 están correctamente deducidas, y si en 2010 tiene derecho a esta deducción. 2º) Si existe algún límite temporal para que la cooperativa adjudique y escriture la vivienda a nombre del consultante, pasado el cual este perdería el derecho de deducción de las cantidades aportadas, y en caso de existir este límite, qué cantidades debería devolver por deducción incorrecta.


Tribunales

El rasgo que más claramente distingue la cesión del contrato de la cesión de créditos o la asunción de deuda es el de versar sobre un contrato de prestaciones recíprocas. Tribunal Supremo. Sentencia de 16 de junio de 2011.
El rasgo que más claramente distingue la cesión del contrato de la cesión de créditos o la asunción de deuda es el de versar sobre un contrato de prestaciones recíprocas, razón por la cual se exige la conjunción de tres voluntades contractuales (las de cedente, cesionario y cedido) como determinante de su eficacia, habiéndose inclinado la jurisprudencia por esta figura más que por la cesión de crédito y la asunción de deuda simultáneas. La esencia de la cesión del contrato es la sustitución de uno de sus sujetos y la permanencia objetiva de la relación contractual, implicando la transmisión de la misma en su integridad, por lo que pasan al nuevo sujeto no sólo las obligaciones sino también los derechos del primitivo. La cesión del contrato exige la concurrencia de tres voluntades, esto es, las del cedente y cesionario y, como acaba de indicarse, la del denominado cedido o contratante cedido, razón por la que se califica de auténtico contrato plurilateral. Ahora bien, esas tres voluntades no tienen la misma significación y, de consiguiente, la misma eficacia, pues cedente y cesionario declaran el uno frente al otro en un mismo plano, como se tratase de un contrato bilateral, mientras que, por el contrario, el cedido presta su consentimiento, en las condiciones que acuerde con el cedente, o el cesionario, o con ambos. Lo expuesto hace que si bien la prestación del consentimiento ha de aparecer en forma indubitada, puede ser expresa o tácita.

La naturaleza transparente o no de la recurrente, en este caso, viene dada en función de que más de la mitad de su activo total esté constituido por valores. Tribunal Supremo. Sentencia de 22 de junio de 2011.
La naturaleza transparente o no de la recurrente, en este caso, viene dada en función de que más de la mitad de su activo total esté constituido por valores. En vía económico-administrativa y contenciosa se sostiene que se omitieron, por error de la propia declarante, determinadas inversiones, cuyo cómputo habría modificado la proporción citada, y, en consecuencia, la calificación de la entidad demandante como transparente. En cuanto el dato fáctico automáticamente modifica la calificación jurídica, exige que el recurrente acredite la concurrencia de las circunstancias fácticas -error- que la llevaron a aceptar una situación que no respondía a la realidad de las cosas reflejadas en el acta de conformidad. La prueba sobre la concurrencia del citado error no se ha practicado, y así lo declara la sentencia impugnada, razón por la que no siendo tampoco impugnable en casación la valoración fáctica verificada por la sentencia, salvo en los supuestos excepcionales, que aquí no concurren, procede la desestimación del motivo.


Tribunales Económico-Administrativos

Cuando por concurrir circunstancias excepcionales fuera admisible la presentación de pruebas en el procedimiento económico-administrativo, no procede su admisión en segunda instancia ante el TEAC cuando hubieran podido ser aportadas ante el TEAR. TEAC R, (28-09-2011).
Cuando por concurrir circunstancias excepcionales fuera admisible la presentación de pruebas en el procedimiento económico-administrativo, pruebas que como regla general deben ser aportadas en el procedimiento de aplicación de los tributos, no procede su admisión en segunda instancia ante el TEAC cuando hubieran podido ser aportadas en primera instancia ante el TEAR y tal aportación no se hizo.
La entidad interesada, en el recuso de alzada aporta documentación o pruebas no aportadas en instancia anterior ante Tribunal Regional, ni en el procedimiento seguido ante la URGE. Respecto de esta cuestión, este Tribunal ya se ha pronunciado en diversas ocasiones en el sentido de que no cabe aportar en segunda instancia pruebas que pudieron aportarse en la primera instancia, salvo que, propuestas en dicha instancia, nos e hubieren aceptado por el Tribunal Regional. Es decir, de conformidad con el artículo 241 de la Ley 58/2003 General Tributaria: "Cuando el recurrente hubiera estado personado en el procedimiento en primera instancia, el escrito de interposición deberá contener las alegaciones y adjuntará las pruebas oportunas, resultando admisibles únicamente las pruebas que no hayan podido aportarse en primera instancia". Este Tribunal no puede admitir la prueba aportada por la entidad, toda vez que la misma es una prueba que pudo aportar la entidad en primera instancia (incluso, como se ha señalado anteriormente, debido ser aportada en el procedimiento gestor, ya que fue requerido para ello por el órgano competente) y que sin embargo no aportó y consecuentemente, no procede su admisión ahora en segunda instancia.

Exigencia del trámite de audiencia, formulación de alegaciones y presentación de pruebas en un procedimiento de devolución iniciado mediante solicitud, que termina en un procedimiento de comprobación limitada. TEAC R, (28-09-2011).
Cuando un procedimiento de devolución iniciado mediante solicitud termine con el inicio de un procedimiento de comprobación limitada, así notificado al obligado tributario con ocasión del requerimiento de documentación dirigido a verificar el cumplimiento de los requisitos para proceder a la devolución solicitada, resultan de aplicación las normas reguladoras de dicho procedimiento, debiendo notificarse propuesta de resolución y conceder el oportuno trámite de audiencia antes de dictar acuerdo denegatorio de la devolución de las cuotas soportadas. En el caso concreto el procedimiento se inició mediante la presentación del modelo 361, IVA empresarios o profesionales no establecidos. En el presente caso, sin la concesión de un plazo para la formulación de alegaciones o aportación de aquellas pruebas que se consideraran pertinentes a su Derecho, se dictó el acuerdo de denegación de la devolución solicitada, sin que el sujeto pasivo haya podido formular alegación alguna o haya podido aportar prueba en defensa de su Derecho, situación ésta que cabe asimilar a las consideradas por el Tribunal Supremo en su jurisprudencia como generadoras de indefensión. Así las cosas, se impone anular el acuerdo de denegación dictado por la Oficina Nacional, debiéndose retrotraer las actuaciones al tiempo de notificar al interesado la propuesta de resolución en la que, igualmente, se confiera a aquél el correspondiente trámite de audiencia. Tal retroacción de actuaciones viene impuesta en estos casos por la vigente Ley 58/2003, General Tributaria, al establecer en el apartado tercero de su artículo 239, bajo el epígrafe "Resolución (de los Tribunales Económico-Administrativos)", que "Cuando la resolución aprecie defectos formales que hayan disminuido las posibilidades de defensa del reclamante, se producirá la anulación del acto en la parte afectada y se ordenará la retroacción de las actuaciones al momento en que se produjo el defecto formal".

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