edición: 2575 , Martes, 16 octubre 2018
28/03/2012
Por presunta falsificación de documentos

La CAM denuncia al Banco de España

Se trata de la imputación al jefe del Grupo I de la Inspección del Banco de España, Ángel Rico, y el director del Departamento de Inspección I de la misma institución, Pedro González
Fernando Romero

El Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por el presidente de la comisión de control de Caja Mediterráneo (CAM), Juan Ramón Avilés. Dicho juzgado ha emitido un auto, con fecha del 21 de marzo, en el que señala que los hechos denunciados en la querella de Avilés podrían ser constitutivos de un delito de falsificación en documentos públicos, por lo que cita a declarar en calidad de imputados a los dos jefes de inspección del Banco de España el próximo 20 de junio.

Juan Ramón Avilés presentó el pasado 14 de marzo una querella contra Ángel Rico y Pedro González como firmantes de un informe a la Comisión Ejecutiva del Banco de España de propuesta de incoación de expediente disciplinario contra la cúpula directiva de la CAM, en la que figura el querellante, como presidente de la Comisión de Control.

El expediente disciplinario, según la querella, presuntamente incluía "afirmaciones frontalmente contrarias a la verdad", relativas a la supuesta ocultación de cobro de dietas en sociedades participadas a los órganos correspondientes, así como la presunta realización de operaciones de ocultación de propiedad, "utilizando a su hermana como testaferro de una sociedad en dificultades" que refinanció con la CAM un crédito "en condiciones favorables".

Según la querella, "el informe-denuncia, entre otros asuntos, contiene una serie de afirmaciones y hechos relativos a Juan Ramón Avilés que son frontalmente contrarias a la verdad y que, incluidas en el informe de la Inspección del Banco de España, en el ejercicio de sus funciones de supervisión, han sido la base para incoar expediente disciplinario contra él".

En concreto, según añade, el informe señala que "utilizando las sociedades participadas de la caja, se evitó que la asamblea general conociera y aprobara determinados cobros de los miembros de administración y control".

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