edición: 2613 , Martes, 11 diciembre 2018
02/05/2012

La CE muestra su preocupación por la falta de colaboración de los abogados en la prevención del blanqueo de capitales

Javier Ardalán
La Comisión Europea se muestra muy preocupada por la escasa colaboración que los abogados europeos prestan en la lucha contra la prevención del blanqueo de capitales y se plantea la forma de elevar el nivel de declaraciones. En su Informe sobre la aplicación de la Directiva sobre la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, la Comisión denuncia que la proporción que representan las declaraciones de transacciones sospechosas realizadas por algunas profesiones no financieras (particularmente abogados) es baja en comparación con la de las declaraciones efectuadas por las entidades financieras.

Como consecuencia del respeto al secreto profesional de los abogados cuando ejercer la defensa de sus clientes, las obligaciones que dispone la Directiva sólo se les aplican cuando asisten a sus clientes en la preparación o realización de ciertas transacciones, preferentemente financieras o inmobiliarias, o cuando participan en nombre o por cuenta de su clientela en cualquiera de este tipo de transacciones. Por tanto, esas actividades no afectan al derecho a un juicio justo ya que, por su naturaleza, se desarrollan en contextos que no guardan conexión con un procedimiento judicial.

No obstante, todos los Estados miembros han optado por integrar en su legislación nacional la excepción prevista para los abogados en el artículo 23, apartado 2, de la Directiva, pero sin precisar cuándo la obligación de declarar prevalece sobre la confidencialidad debida al cliente.

Esta situación suscita inquietud entre los profesionales del Derecho, que con regularidad denuncian la posibilidad de que las obligaciones que impone la Directiva violen la obligación de secreto profesional de los abogados y el derecho fundamental a un juicio justo y una defensa equitativa.

La Comisión Europea recuerda en su informe que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre este tema. Aunque la sentencia dictada se refiere a la Directiva 91/308/CEE, las principales conclusiones del Tribunal son válidas también para la directiva sobre el empleo de la banca.

De esta forma, El Ejecutivo Europeo considera que las obligaciones impuestas a los profesionales del Derecho en la lucha contra el blanqueo de capitales no infringen el derecho a un juicio justo que garantizan el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

Además, cuando a un profesional del Derecho que interviene en una transacción inmobiliaria se le pide su asistencia para defender a un cliente o representarle ante los tribunales o para asesorarle sobre la forma de incoar o de evitar un procedimiento judicial, dicho profesional queda —en virtud de la Directiva— exento de las obligaciones de declaración y cooperación.

A pesar de esta exención comunitaria, Bruselas exige que el derecho a un juicio justo deba protegerse en todos los casos por medio de normas nacionales suficientemente claras y precisas que permitan a los profesionales del Derecho distinguir entre las situaciones en las que sea aplicable la obligación de declaración y aquellas otras en las que no lo sea.

Y anuncia que al preparar su revisión de la Directiva, la Comisión, en consulta con las partes interesadas, examinará esta cuestión en su evaluación de impacto, analizando en especial, de conformidad con la política existente28, la posible incidencia en los derechos fundamentales.

Los representantes de los abogados han pedido que se les permita cumplir los requisitos de «vigilancia debida con respecto al cliente» dentro de un plazo razonable, y no necesariamente, como dispone el artículo 7 de la Directiva, al comenzar su relación con la clientela. Las normas del GAFI29 requieren que la identificación del cliente y la comprobación de su identidad se lleven a cabo al inicio mismo de la relación de negocios.

Los países pueden permitir que las tareas de comprobación se lleven a cabo lo antes posible después de ese inicio, siempre que los riesgos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo se estén gestionando efectivamente y que ese lapso de tiempo sea esencial para no interrumpir el desarrollo normal de los negocios.

Se ha propuesto también, por otra parte, suprimir el requisito de facilitar —“siempre que pueda solicitarse”— información sobre la identidad de los titulares reales en el caso de las cuentas agrupadas pertenecientes a notarios y otros profesionales independientes. Sin embargo, las nuevas normas del Grupo de Actuación Financiara (GAFI) han suprimido la referencia a las cuentas agrupadas como ejemplos de escenarios de bajo riesgo. Será necesario estudiar la forma de recoger en la nueva Directiva de la UE la regulación que haya de darse a esas cuentas.

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