edición: 2329 , Martes, 24 octubre 2017
22/09/2017

La CE pone diciembre como límite en su agenda para acordar la legislación que afecta a las tecnológicas

La UE señala que primará como criterio que los impuestos se paguen donde se genera el valor
Carlos Schwartz
La Comisión Europea (CE), el brazo ejecutivo de la Unión Europea (UE), definió el fin de este año como el plazo para adoptar una posición común sobre una reforma fiscal que establezca normas claras para la tributación de las empresas tecnológicas en las que quede asentado el principio de que los impuestos dentro de la UE se pagan dónde se genere el valor y no donde esté la sede de la empresa tecnológica. En un extenso comunicado destinado al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa firmado por Jean-Claude Juncker se desarrolla la idea de que los nuevos modelos de empresas que operan en el medio digital hacen negocios atravesando fronteras y en muchos casos escapan a la fiscalidad en los mercados nacionales en los que generan valor para su negocio. De acuerdo con el documento la legislación fiscal pensada para el negocio físico tal como se entendía en el pasado no se adapta a las necesidades actuales porque hay un profundo cambio en el modelo comercial. La CE señala que este cambio genera una desigualdad con el comercio tradicional inclinando la balanza en favor de las empresas del sector tecnológico que se ven libres de las cargas fiscales que soporta la economía tradicional.
El conflicto en torno a las tecnológicas ha sido ampliamente reflejado en el pasado reciente en las multas y sanciones aplicadas a las empresas tecnológicas con el objetivo de recuperar recaudación perdida. De acuerdo con fuentes del sector tecnológica dos de las más grandes economías europeas, Alemania y Francia, han señalado en forma reiterada que no perciben la tributación sobre ventas producidas en su territorio en bienes adquiridos por ciudadanos del país. Las tecnológicas han adoptado el criterio de tributar por sus beneficios en los países en los que establecen su sede, y esos países tienen normalmente un trato fiscal más blando que los mercados en los que se origina el valor.

El documento de la CE reconoce que el problema está vinculado a una normativa que se desarrolló antes del surgimiento de un mercado digital a escala internacional y que los huecos jurídicos existen realmente.

Señala que el debate interno en la UE debería iniciarse el 29 de septiembre en Tallin en la cumbre digital de la UE para una aproximación de criterios políticos. La Comisión puntualiza que las reformas fiscales pueden llevar tiempo, pero apuesta por instrumentar cambios normativos si no hay un progreso real a escala internacional en el corto plazo.

La UE espera poder materializar un acuerdo en el Consejo de diciembre próximo. “Esta comunicación hace un llamamiento para una fuerte y ambiciosa posición común europea ante la fiscalidad de la economía digital que debe ser introducida en el proceso en desarrollo a escala internacional sobre este tema”, señala. La expectativa es que la posición común de la UE se exponga en el debate dentro de la OCDE para que las posiciones europeas se reflejen en el informe de ese cuerpo para la reunión de ministros de finanzas del G 20 en abril de 2018. En ausencia de un progreso global adecuado, las soluciones de la UE deberán ser introducidas dentro del mercado único “y la Comisión está dispuesta a presentar las adecuadas propuestas legislativas” señala el documento.

De hecho, el ejecutivo europeo propone introducir las nuevas medidas fiscales en la primavera próxima si no hay progreso a nivel internacional en el debate de la cuestión y en la implementación de reformas. El fin de semana pasada en Tallin los ministros de finanzas europeos en una reunión informal del Ecofin dieron un tibio apoyo a la voluntad del ejecutivo de imponer la reforma fiscal para las tecnológicas. “La Comisión continuará analizando las opciones de política y consultando con los socios relevantes y representantes de la industria en este asunto apremiante e importante con la vista puesta en posibles propuestas en la primavera”, concluye el documento.

La Comisión analiza en su comunicación al Parlamento y al Consejo los progresos hechos en el Mercado Único Digital y señala que completar ese esfuerzo representaría una contribución anual de 415.000 millones de euros a la economía de la UE. En este sentido señala que la presencia de las tecnológicas mejoran la gestión, ofrecen soluciones para reducir las cargas administrativas, facilitan la colaboración entre las autoridades fiscales y ayudan a combatir el fraude fiscal. “No obstante transforman los modelos de negocio, con una creciente importancia de los intangibles sometiendo a presión al sistema fiscal de Europa”, de acuerdo con la Comisión que señala además que “El mercado único digital necesita un marco fiscal estable y moderno para la economía digital para estimular la innovación, superar la fragmentación del mercado, y permitir a todos los partícipes del mercado entrar en su nueva dinámica en condiciones justas y equilibradas. Es necesario establecer certeza fiscal para la inversión empresarial y para prevenir la aparición de nuevos huecos jurídicos en el mercado único digital.”

El documento esboza algunas opciones alternativas para soluciones a corto plazo: Una tasa para igualar los ingresos de las empresas digitalizadas. Esta sería una tasa sobre todos los ingresos generados en el entorno de Internet que no están sujetos a fiscalidad o que son sujeto de una fiscalidad insuficiente, incluidos los ingresos entre empresas y entre empresas y particulares, que podría formar parte del impuesto de sociedades o estar separado del mismo. Una retención fiscal sobre las transacciones digitales. Sería una retención única sobre determinados pagos hechos a proveedores no residentes de bienes y servicios obtenidos on line. Una tasa sobre los beneficios generados por la prestación de servicios digitales o actividad de publicidad. Se podría aplicar una tasa separada a todas las transacciones efectuadas de forma remota para clientes dentro de un país en las que una entidad no residente tiene una presencia económica significativa. Esto en resumen es lo que podría llegar a aplicarse de una u otra forma si para la primavera no hay un acuerdo internacional consistente.

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