edición: 2580 , Martes, 23 octubre 2018
17/06/2011
OBSERVATORIO JURIDICO

La cláusula que condiciona el aval de un título cambiario a que este sea protestado debe levantarse con los requisitos establecidos en la LCCH

DATADIAR
Se reclamó en juicio cambiario el abono de tres pagarés al Banco avalista, fundándose en que, presentados al cobro, no los había abonado la libradora y así se había hecho constar mediante declaración de la Cámara de Compensación. El Banco, como avalista, formuló oposición fundándose, en la falta de protesto notarial.

El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda de contradicción argumentando, en síntesis, que en el aval se había impuesto la obligación de protestar el pagaré a su vencimiento, pero no se había exigido que el protesto fuera notarial. La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación, fundándose, en que si el aval se condicionó a que los pagarés fueran protestados y la compañía tenedora de los efectos no los protestó en la forma que establece el artículo 52 LCCH, dejó de cumplirse una formalidad necesaria para la eficacia del aval cambiario.

Interpuesto recurso de casación contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, se conoce del mismo en la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 2011.

El juicio cambiario en el que se ha dictado la sentencia recurrida constituye un procedimiento que la LEC establece por razón de la materia (dentro del Libro IV, dedicado a los procesos especiales) cuando «se presenta letra de cambio, cheque o pagaré que reúnan los requisitos previstos en la Ley cambiaria y del cheque» (artículo 819 LEC).

El motivo del recurso se funda, en síntesis, en que la sentencia recurrida vulnera la doctrina del Tribunal Supremo respecto a los efectos de la declaración equivalente o sustitutoria del protesto regulada en el art. 51 LCCH, la cual figuraba en los pagarés. Por su parte, el motivo segundo, se funda en que el precepto que se cita como infringido establece como vía válida de protesto la declaración equivalente «salvo que el librador haya exigido expresamente en la letra el levantamiento del protesto notarial», y esta excepción no concurre en el caso examinado.

En el caso de autos, el aval se otorgaba bajo la condición de quedar nulo y sin efecto «si este pagaré no se protestase a su vencimiento». La parte recurrente considera que la sentencia recurrida infringe el mandato en virtud del cual la declaración de la Cámara de Compensación que conste en el propio título, en la que se deniegue el pago (artículo 51 LCCH) produce todos los efectos cambiarios del protesto alegando que dicho artículo ha sido aplicado por las SSTS que cita, a cuya doctrina considera que se opone la sentencia recurrida al considerar que el protesto debe ser notarial.

Estima el Tribunal Supremo, que no se puede aceptar tal fundamentación, pues en una interpretación literal de la cláusula cambiaria controvertida debe tenerse en consideración que el artículo 52 LCCH establece que el protesto se hará por el notario, en los términos y condiciones que se establecen en el artículo 52 y concordantes LCCH, por lo que, si otra cosa no se deduce de la intención del otorgante, por protesto debe entenderse el levantado en las condiciones que exige la LCCH y, por consiguiente, por medio de notario.

En suma, considera el TS correcta la doctrina de que la cláusula que condiciona el aval de un título cambiario a que este sea protestado debe entenderse en el sentido de que el protesto debe levantarse con los requisitos establecidos en la LCCH y, por consiguiente, por medio de notario, aun cuando dichos requisitos no se hagan constar expresamente; y que no se cumple esta exigencia mediante la declaración de la Cámara de Compensación, en la que se deniegue el pago, salvo que el librador haya exigido expresamente en la letra el levantamiento del protesto notarial en el espacio reservado por la normativa aplicable a cláusulas facultativas (declaración prevista en el artículo 51.2 LCCH), aunque produzca todos los efectos cambiarios del protesto.

Se desestima, por lo tanto, el recurso de casación interpuesto.

Equipo jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Real Decreto 771/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de las entidades financieras y el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de las entidades de crédito. BOE nº 133 de 4 de junio de 2011.
La supervisión prudencial de las entidades de crédito y de las empresas de servicios de inversión tiene como objetivo garantizar la estabilidad del conjunto del sistema financiero español, evitando la aparición de crisis entre aquellas entidades que conforman su tejido. La reciente crisis financiera ha puesto de manifiesto las imperfecciones que presentaban los mercados financieros de todo el mundo en los ámbitos de la legislación y supervisión financieras. En la actualidad, la actividad pública supervisora de ámbito nacional resulta insuficiente en un contexto de mercados cada vez más internacionales que requieren una coordinación eficiente y eficaz de los distintos supervisores. Estos argumentos se intensifican si analizamos la situación en el ámbito europeo, dado el elevado nivel de integración de los mercados financieros en la Unión, donde las fronteras entre los mercados nacionales en los que las entidades financieras desarrollan su actividad se han ido disipando progresivamente. Por otra parte, un fenómeno que ha estado en el origen de la crisis ha sido el desarrollo de instrumentos financieros cada vez más opacos, como las estructuras de titulización, cuyo riesgo resultaba a menudo difícil de evaluar para los inversores. La titulización es un instrumento eficaz y de importancia significativa para el buen funcionamiento del sistema financiero, dada su función de diversificación riesgos y refinanciación. No obstante, hasta la actualidad ha existido un grave problema de información asimétrica entre originador o patrocinador, más informado sobre las características de la estructura que pretende titulizar y la calidad de los activos subyacentes y, el inversor, mucho menos informado. Además, resulta procedente reforzar la solvencia de las entidades con exigencias de un capital de mejor calidad, así como evitar la concentración excesiva de riesgos para limitar los efectos sistémicos del fallo de alguna entidad en el resto del sistema financiero.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de estafa. Doble venta de inmueble. Estafas impropias. En la medida en que toda segunda venta de un mismo bien (sea real o solo aparente), determina la insolvencia del vendedor y frustra el derecho otorgado al primer comprador. Tribunal Supremo. Sentencia 21 de febrero de 2011
Se declara probado que el acusado vendió en documento privado una vivienda de su propiedad por precio fijado en 69.000 euros, recibiendo en el acto la cantidad de 6.000 euros a cuenta del precio y en concepto de arras confirmatorias. Se acordó también que el resto del precio se abonaría al otorgamiento de la escritura pública. Tras diversos intentos infructuosos por parte del comprador para que el vendedor le otorgara la escritura de venta, el primero consiguió del segundo que le firmara un acta notarial de entrega de las llaves de la vivienda y simultánea autorización para que realizara obras en la casa, comprometiéndose de nuevo al otorgamiento de la escritura pública con fijación al efecto de nueva fecha tras lo cual el comprador hizo entrega de otros 9.000 euros No obstante lo cual el acusado tampoco compareció en la notaria el día señalado para la documentación formal de la venta. Promovido juicio civil por el comprador, cuando trató de anotar preventivamente la demanda en el Registro de la Propiedad, comprobó que el mismo piso lo había vendido el acusado a uno de sus hermanos, y a la esposa de éste, por precio de 48.068 euros mediante escritura pública inscrita registralmente. El primer comprador dedujo querella por Estafa, Insolvencia punible y Apropiación indebida siendo condenado el acusado por el primero de los delitos (del art. 251.2º CP), absolviéndole la Audiencia Provincial de los otros dos, con imposición de la pena de un año y nueve meses de prisión, accesorias legales y abono de las costas procesales incluidas las correspondientes a la acusación particular. Esta parte recurre en Casación que el Tribunal Supremo desestima. En la medida en que la insolvencia es consecuencia necesaria del delito del art. 251 CP, si no existen más perjudicados que el primer comprador la ilicitud del hecho no sufre incremento alguno que justifique la apreciación de un segundo delito en régimen de concurso ideal. La pretensión casacional de la acusación particular se contrae a la condena asimismo por delito de Insolvencia punible del art. 257 CP por cuanto que, al decir de la parte recurrente, la segunda enajenación obedeció al doble propósito de soslayar el cumplimiento de la obligación de perfeccionar la venta mediante el otorgamiento de la escritura pública, y asimismo ocultar su patrimonio frente a las reclamaciones de los acreedores, entre ellos el recurrente. Se desestima con el argumento de que el art. 251 CP, que tipifica las denominadas Estafas impropias, no constituye en realidad más que supuestos de defraudación específica, que entran en concurso de normas con la Insolvencia punible del art.257 CP, dado que el contenido de ilicitud de esta ya forma parte de aquella defraudación impropia, debiendo resolverse dicho concurso conforme a la regla de la absorción (art. 8.3ª CP). La razón es clara, según la Sentencia que se reseña, en la medida en que toda segunda venta de un mismo bien (sea real o solo aparente), determina la insolvencia (al menos parcial) del vendedor y frustra el derecho otorgado al primer comprador.

Mercantil

Acción de repetición de la aseguradora en supuesto de daños corporales ocasionados por accidente de circulación, encontrándose el conductor en estado de embriaguez. Tribunal Supremo. Sentencia 16 de febrero de 2011
No resulta correcto circunscribir el conflicto al ámbito del seguro obligatorio, ni imputar a este las cantidades pagadas por la aseguradora, ya que no cabe desconocer la existencia de un acuerdo entre las partes que cubriría el evento acaecido, mientras que no conste su expresa exclusión, que fue precisamente lo que aconteció en el presente caso en atención a los hechos que declara probados. En efecto, la AP, tras valorar en conjunto al prueba fija como datos fácticos sustentadores de su razonamiento jurídico, de manera incontrovertible en casación, que el tomador y asegurado era el hoy recurrente, en su condición de dueño del vehículo, que su conductor habitual y también en el momento del siniestro era su hijo, quien lo hacía con su conocimiento y autorización, y fundamentalmente, que aunque fue el hijo el que firmó la póliza, ha de considerarse acreditado que lo hizo por cuenta del padre, ya como mandatario expreso o, en todo caso y aún sin mandato, conocimiento del progenitor y en su beneficio. De esta manera, lo hecho por el hijo vincula al padre, que a través del primero fue en todo momento conocedor de la cláusula incorporada al contrato por la que se excluía el riesgo de conducción bajo la influencia del alcohol, y ninguna controversia suscitó al respecto antes de suceder el siniestro, no siendo razonable que si se aprovechó de las ventajas de tener asegurado un vehículo de su propiedad más allá de los límites del seguro obligatorio pueda después negarse a soportar las consecuencias de lo que no es sino obligaciones derivadas del contenido de la póliza y del propio aseguramiento voluntario.

Crédito al consumo. Gratuidad de la financiación. Exclusividad de la relación entre la proveedora de servicios y las entidades financieras. Tribunal Supremo. Sentencia 22 de febrero de 2011
La concesión de un préstamo por parte de una de una entidad financiera de un crédito para el consumo con un interés de tipo 0, no supone la obtención de un préstamo gratuito. El crédito al consumo debe examinarse desde una perspectiva unitaria, porque pese a que existan varios contratos, existe una conexión entre todos ellos por la interacción de fines entre las distintas relaciones jurídicas. En el caso que se analiza aparecen unos contratos de arrendamiento de servicios de enseñanza conectados con unos contratos de financiación, resultando imposible otorgar una tratamiento aislado y diferenciado a cada de las relaciones jurídicas que surgen de tales negocios. La consecuencia, tal y como ya se ha fijado por esta Sala es que basta con que el prestamista convenga con el proveedor de los servicios una retribución a cargo de este, para que la gratuidad respecto del consumidor, pese a estar expresamente pactada en la financiación, deba considerarse excluida en el conjunto de la operación, dada la aptitud potencial del oneroso contrato conexo como instrumento para provocar una repercusión en la contraprestación pactada en el otro contrato.

Civil

El ejercicio por el optante en tiempo y forma  ha de entenderse producido por su clara manifestación en este sentido con independencia de que surjan discrepancias entre las partes sobre obligaciones accesorias de la compraventa. Tribunal Supremo. Sentencia 24 de marzo de 2011
Si se examina el contenido de las comunicaciones dirigidas por vía notarial a las concedentes u optatarias   se ha de concluir necesariamente en el hecho de que dicha optante -dentro del plazo concedido- manifestó en tal ocasión inequívocamente su voluntad de ejercer el derecho de opción, pues ello se deduce claramente de sus palabras, sin perjuicio de que la optante, en virtud de su particular entendimiento del contrato, afirmase que, siendo condición esencial de la compraventa la transmisión de la licencia de edificación en unas determinadas condiciones, la vendedora había de darle cumplimiento según lo pactado anunciando que, en caso contrario, respondería dicha vendedora del saneamiento  por evicción y vicios o defectos; lo que en definitiva, si las partes discrepaban sobre tales extremos, habría de ser resuelto por los tribunales, pero que significaba el anuncio por el optante del ejercicio de unas acciones que sólo podían corresponderle como comprador.  Por ello ha de considerarse que la interpretación dada por el órgano «a quo» a dichas manifestaciones de la entidad optante en el sentido de que no comportan los efectos propios del ejercicio de la opción, no puede ser compartida por no ajustarse a la intención y a los propios términos literales en que se expresa.

La legislación aplicable a los arrendamientos de industria ha de ser la contenida en el Código Civil. Tribunal Supremo. Sentencia 25 de marzo de 2011
No cabe confundir el arrendamiento de un local de negocio para que el arrendatario establezca su propio negocio, con el arrendamiento de industria en funcionamiento, pues aquí se alquilan una serie de elementos -la empresa, las instalaciones, la clientela, etc.-, entre los que se encuentra el local, que ha de quedar fuera de la Ley arrendaticia, toda vez que, como dice el Texto Refundido de la Ley de 1964, donde la exclusión es tajante, lo que se alquila es «una unidad patrimonial con vida propia y susceptible inmediatamente de ser explotada o pendiente de meras formalidades administrativas». Los arriendos de locales para negocio se diferencian de los de industria en que, respecto a los primeros, lo que se cede es el elemento inmobiliario, en cambio, en los segundos, el objeto contractual está determinado por una doble composición integradora; por un lado, el local, como soporte material; y, por otro, el negocio o empresa instalada y que se desarrolla en el mismo, con los elementos necesarios para su explotación, que conforman un todo patrimonial autónomo, sin que sea preciso que el arrendador facilite necesariamente todos los medios para la comercialización de la actividad negocial a desarrollar, que pueden ser ampliados o mejorados con los que aporte el arrendatario, incluso sustituidos, sin que ello afecte a la calificación y naturaleza del contrato como de locación industrial; además, dicho contrato queda extinguido cuando expira el término convencional, como dispone el artículo 1569.1 del Código Civil.

Laboral

Plazo fijado por convenio para la solicitud de reingreso tras un periodo de excedencia voluntaria. El incumpliendo del preaviso no puede suponer la pérdida del derecho a la reincorporación. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 24 de febrero de 2011
La cuestión sometida a debate es la de resolver acerca de la trascendencia que cabe otorgar al mandato convencional de que la persona que solicita el reingreso tras un periodo de excedencia voluntaria formule su solicitud con una antelación prefijada en la norma colectiva. Se trata de interpretar el alcance de los términos en los que está redactado el artículo 52 párrafo 4º) del Convenio Colectivo Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal que literalmente dice lo siguiente: «Antes de finalizar la misma y con una antelación de al menos treinta días antes de su finalización, deberá solicitar por escrito su reingreso.» La parte empresarial pretende vincular el incumplimiento del preaviso con la pérdida al derecho a la reincorporación de la demandante, pretensión que es rechazada de plano por el Tribunal Supremo.

Determinación del ámbito territorial del convenio colectivo y determinación del centro de trabajo de un conductor de transporte de viajeros. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 24 de febrero de 2011
La determinación del ámbito territorial del convenio colectivo forma parte de las facultades de las partes negociadoras. El art. 83.1 del Estatuto de los Trabajadores consagra el principio de libertad de las partes para definir la unidad de negociación al establecer que «los convenios colectivos tendrán el ámbito de aplicación que las partes acuerden». Esa facultad está sometida no sólo a la legitimación de los negociadores, sino también a una cierta razonabilidad y objetividad en la configuración del ámbito natural en el que ha de desplegar su fuerza normativa. La conexión con la legitimación sirve para negar la extensión territorial del convenio a ubicaciones geográficas en que alguna de las partes negociadoras no alcance la representatividad del art. 87 del Estatuto de los Trabajadores. Por otra parte, la circunstancia de que el centro no conste dado de alta administrativamente no impide que pueda ser afirmada su existencia, pues el alta no es un elemento constitutivo. Lo decisivo es que se aprecie la existencia de una unidad técnica de producción que, dentro del conjunto de la actividad de la empresa, sirva a la ejecución práctica de ésta. El centro de trabajo se configura como unidad simple, en donde se efectúa la realización de la actividad empresarial. Consistiendo ésta en el transporte de viajeros por carretera, habrá de tener relevancia la estación de autobuses de inicio y final de trayecto, en una línea regular cual es la que ocupa de forma continúa al trabajador. Con independencia de que la empresa planifique desde su sede social la actividad del conjunto de sus instrumentos, es en esa estación en donde el conductor comienza el tiempo de prestación de sus servicios, se pone a disposición de la empresa y acciona los medios materiales de ésta para la ejecución del transporte.

Administrativo

La base imponible de la Tasa de Dirección e Inspección de Obras se constituye por el importe líquido de las obras ejecutadas, incluidas las adquisiciones y suministros definidos en el Proyecto. Audiencia Nacional. Sentencia 11 de abril de 2011.
La base imponible de la llamada Tasa por dirección e inspección de obras se constituye por el presupuesto de ejecución material, excluida la revisión de precios, con devolución de cantidad, más los intereses legales de demora devengados desde la fecha de abono de la liquidación impugnada. Según el Tribunal Supremo es improcedente en la base imponible de la Tasa por Dirección e Inspección de Obras la revisión de precios que aparece incluida en la base imponible de la Tasa.

Autorización para un depósito de residuos. Concurrencia de un motivo de invalidez no alegado por las partes. Infracción del artículo 33.2 de la LJCA. Incongruencia extra petita partium. Tribunal Supremo. Sentencia 18 de febrero de 2011.
La Sala declara que la sentencia que decide sobre motivos no alegados por las partes comete una infracción que trasciende la propia sentencia y afecta a las garantías procesales, por lo que si se estima un recurso de casación fundado en tal infracción la consecuencia debe ser, conforme a lo previsto en el artículo 102.1.2 LJCA , la reposición de las actuaciones al momento anterior al de dictar sentencia para que la Sala de instancia someta la cuestión a las partes, según lo indicado en el artículo 43.2 LJ. Ha lugar a la casación.

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