edición: 2973 , Lunes, 25 mayo 2020
27/02/2010
OBSERVATORIO DE TELECOMUNICACIONES

La CMT, las telecos y la sostenibilidad les aterrizan a los ayuntamientos la euforia de las wifis municipales

Málaga insiste, pero su sanción -la más cara y la primera de oficio de la CMT- sienta precedente y refuerza opciones como el ‘operador neutro’ de Miguelturra o el modelo con publicidad de Avilés
Ibiza y otra decena de grandes ayuntamientos aguardan luz verde y se piensan, a pesar del despegue de la infraestructura, si acogerse al estatus de operadora que exige el regulador
Con Vodafone en cabeza y el modelo de banda ancha móvil copatrocinado por Andalucía las telecos buscan puntos de convergencia municipal y autonómica para su carrera de internet en movilidad
Ana Zarzuela

Transitan aún sin brújula definitiva, buscan sitio en un laberinto en el que, si la Ley de Economía Sostenible y el Fondo del Plan E les han dado alas, los recelos de las telecos, la regulación de la CMT y los límites de la sostenibilidad financiera y técnica han empezado a recordarles -con el antecedente de Málaga en carne viva- que el vuelo de sus wifis municipales puede ser de ida y vuelta. Industria había dejado hasta ahora a la CMT entre la espada de la Ley General de Telecomunicaciones -que impide a organismos públicos financiar este servicio con impuestos y hacer la competencia desleal a las operadoras- y la pared de la casuística. Pero la Comisión acaba de dejar grabada en el consistorio malagueño la prueba de que está dispuesta a pelear, una por una, las avanzadillas locales. Nada de wifi gratuito sin límites si no se inscriben como operadoras de telecomunicaciones, no a menos más allá del primer año de su puesta en marcha. Echan cuentas casi 200 ayuntamientos que pidieron permiso a la CMT para desplegar sus redes; una veintena ultima planes ante el Fondo Local con 11 millones de euros aprobados. Pero tras los pasos de Ibiza, una decena de grandes municipios tienen que barajar de nuevo sus cartas y sopesar el sistema de cobros de Vitoria, o el año de prueba de Barcelona y Vigo. El ‘efecto Chaves’ y su inyección financiera, la red de banda ancha móvil de Vodafone en Andalucía y las zozobras de financiación que más de un consistorio empezará a vivir se lo ponen más fácil a una tercera vía entre las operadoras y los municipios para consolidar la facilidad del acceso y las infraestructuras a cambio de despliegues conjuntos, o complementarios y la cooperación público-privada, tras las huellas de Miguelturra, o sobre todo del operador comercial Gowex financiado con publicidad de Avilés. Gran Canaria busca ya reeditar la fórmula.

Buscaba ser modélica, abrir la puerta -aunque fuera de espaldas al regulador- a un nuevo modelo de wifi municipal gratuito y extenso, el mayor de España, anunciaban. Uno que -bajo los apellidos de la red Biznaga- batiera todas las marcas españolas desde el momento en que, en el segundo trimestre de este año, expandiera todo su perímetro hasta llegar a 120 puntos en un radio de 100 metros de la sede municipal para navegar de 8.00 a 20.00 horas. Pero si Málaga se ha convertido ya en paradigma para la ‘guerra de las wifis municipales’, esta vez es a su pesar y de los apenas medio millar de usuarios han recurrido a él desde su puesta en marcha. La multa de la CMT, los 300.000 euros como responsable directo de una infracción administrativa muy grave, tipificada en el artículo 53.t) de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, no sólo son la mayor sanción del regulador (muy lejos de precedentes como Atarfe, multada con 5.024 euros, Puenteareas, con 9.225, Bordils y Fornells de la Selva con 2.000 euros, o Quart, con 1.000 entre otras). El primero expediente en el que la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones actúa de oficio y no por denuncia de un tercero sienta precedente, compromete el futuro del wifi malagueño y abre la puerta de la incertidumbre a al menos una decena de proyectos ya en marcha en todas las latitudes españolas. Lo reconocen, para empezar, en el consistorio ibicenco. El Ayuntamiento tiene “problemas jurídicos” para poner en marcha el servicio wi-fi - en la frecuencia de 5Gz, que sólo captan los ordenadores de última generación y con un ancho de banda mínimo de un mega- desde cualquier punto de la ciudad, tantos que a pesar de que ha financiado ya el proyecto a través de la ayuda estatal del PlanE del año pasado, con un presupuesto de casi 113.000 euros y aunque las obras de instalación de la infraestructura ya están acabadas y recepcionadas y aseguran que el sistema “funciona bien”, Ibiza no pudo poner en marcha su red wireless tal como estaba previsto el verano pasado y ahora ya no se atreve a ponerle fecha. Menos aún a hacerlo sin cobrar algún precio simbólico para las conexiones en las zonas más turísticas. Y si Ibiza se lo piensa, Gran Canaria pondrá de largo este verano su red inalámbrica gracias a una subvención de 193.000 euros del Plan E con la articulación de fórmulas  como establecer unos micropagos con tarjetas prepago o que la operadora a la que adjudiquen el concurso de explotación facilite la señal de forma gratuita a cambio de algún patrocinio. El proyecto se sacará a concurso en los próximos meses con dos condiciones: la operadora que resulte adjudicataria deberá adquirir todas las estaciones y repetidores necesarios y hacerse cargo de la explotación del servicio, lo justo para evitar que el consistorio tenga que registrarse ante la CMt como operador. Nadie quiere una batalla abierta como la de Málaga.

Temblando. Así se ha quedado el Ayuntamiento malacitano con la resolución de la Comisión del Mercados de Telecomunicaciones, después de dos años enrocados sin ajustarse a la legislación, según entiende la CMT. Pero no rinde los sables de su ‘ejemplaridad’. Si la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) juró pelear uno a uno cada contencioso con el sector de las telecomunicaciones y avala todas las batallas jurídicas por la retirada de antenas y las tasas de uso de espacio radioeléctrico, el consistorio andaluz se lo tomará al pie de la letra con el servicio que prestan desde el verano de 2008. A pesar de la sugerencia de IU y el PSOE de estudiar su registro como operador de telefonía -y realizar un concurso público para el mantenimiento y explotación de una red gratuita de wifi con financiación a través de publicidad o del patrocinio por parte de alguna de las empresas que integran el Club Málaga Valley-  presentará primero un recurso de reposición contra la sanción y si fuera necesario está dispuesta a llegar a un recurso contencioso administrativo. Ni la resolución de julio de 2008, ni el expediente sancionador de febrero de 2009 la hicieron reconducir su empeño. La resolución de la CMT recoge tres atenuantes para la sanción -la máxima alcanza los 2 millones de euros- por la "aparente escasa utilización" del servicio (algo más de 500 usuarios), la inexistencia de infracciones anteriores del consistorio y el hecho de que la actividad no tenga una finalidad comercial. Pero a la CMT le parece inaceptable que, bajo el manto de la “autoprestación”, el ayuntamiento dé Internet gratis en instalaciones como el pabellón de deportes Martín Carpena o el Teatro Cervantes.

Para conjurar cualquier duda, los de Reinaldo Rodríguez acaban de entonar, más alto que nunca, el aviso para navegantes: el regulador, a la vista del antecedente malagueño, está dispuesto a marcarles las líneas rojas a todos los municipios españoles. Uno a uno, si hace falta. Nada de wifi gratuito si no se inscriben como operadoras de telecomunicaciones, no a menos más allá del primer año de su puesta en marcha. Ya con la autorización desde junio de 2009 a la red inalámbrica de la ciudad condal marcó la fecha de caducidad del wireless con fondos locales. Los 500 puntos de acceso a internet “ciudadano” de Barcelona tendrán que definir de nuevo su horizonte a finales de 2010, justo cuando hayan culminado su despliegue en bibliotecas, centros cívicos y centros culturales y sociales, oficinas de atención ciudadana, museos, mercados, instalaciones deportivas y parques y jardines con horario de acceso restringido. En junio el alcalde Hereu tendrá que escoger entre cobrar o buscar que un tercero la financie. Y mientras tanto, el acceso sólo será una hora al día y con ciertas restricciones (un límite de banda de 200 kpbs y no se permite el acceso a páginas para adultos, conexiones P2P, VoIP ni los programas de descargas). El mismo camino que ha seguido el ayuntamiento de Vigo, ha pedido un plazo de un año para probar su red wifi, con idea de ver la demanda existente y su eficacia técnica. Una vez pasado ese plazo, los ayuntamientos tendrán que informar a la CMT de cómo se va a ofrecer el acceso a internet, siguiendo con las exigencias de la ley. El caso de Vitoria es distinto, ya que ofrece acceso wifi a través de tres edificios municipales (aunque prevé ampliarlos), contratando un abono a un coste bajo, de 12 euros por un mes de conexión y 25 euros por tres meses.

DEL BOOM DE LAS REDES A LA TRANSICIÓN DEL MODELO

Los euros del Plan E y los antecedentes de Barcelona -tras dos negativas consiguió su conexión inalámbrica municipal- y Madrid -con una red que se extiende a 120 kioscos de la capital- han nutrido el boom de las redes municipales. Se lo habían anunciado los asesores tecnológicos de las administraciones públicas españolas: antes de 2010 era el  "momento ideal para el desarrollo de las Redes Wifi Municipales, por la confluencia de la adecuación de la normativa reguladora, la sintonía de los proyectos de Municipios digitales y la ley 11/2007 y los objetivos del nuevo Fondo Estatal, en particular el articulo 9.4". Aceleran sus pasos con el impulso de Industria. Sólo 132 de los más de 8.100 municipios españoles tiene licencia WiFi, pero más de 200 consistorios han llamado ya en los últimos meses a la puerta de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Si en 2009 las entidades locales invirtieron en redes 8,35 millones del primer Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad, ya hay más de una veintena de municipios a las puertas de los 5.000 millones de euros del nuevo Fondo Local -11 proyectos ya aprobados con una inversión de 14 millones de euros- y más de uno podría buscar el impulso financiero, más allá, en el Fondo Sostenible de la LES. Entre los proyectos ya aprobados están el de Alcorcón con 6,2 millones de euros; el de Sevilla con una inversión de 1,7 millones; Zaragoza con 2,8 millones -que multiplicará este año por diez los puntos de acceso a  su red municipal, hasta 500 y llegará a todos los barrios de la capital aragonesa- o Pamplona con 986.000 euros.

Gracias a la partida del Fondo para la Sostenibilidad, la red jerezana -que asegura contar con 55 conexiones diarias de media y 1771 usuarios registrados- promete extenderse a las 29 dependencias municipales y a todos los distritos. La CMT mira a Valencia -donde 260 de los 266 municipios de la provincia han solicitado participar en el programa ‘Valencia provincia WiFi- o a Aragón, con más de 40 municipios inscritos como operadores WiFi, aunque muchos de estos proyectos aún están en fase de desarrollo. Tendrá que atender, además, las solicitudes que cocinan ya una veintena de ayuntamientos con otras aplicaciones del WiFi distintas al mero acceso a Internet, desde servicios públicos como el control del tráfico, o el tiempo de paso de los autobuses y todo tipo de soluciones prácticas, como sucede en algunas ciudades de Estados Unidos, donde los contadores de agua disponen de WiFi, lo que permite obtener el consumo de agua en tiempo real de toda una zona. Les animan los modelos exteriores, de ayuntamiento en ayuntamiento han prodigado el WiFi en Swindon, una localidad industrial del sur de la campiña inglesa que ha expandido una red pionera en el Reino Unido: con paquetes de 20 Mb de velocidad, 1400 hotspots -sin ‘capar’, con acceso a  VOIP y programas similares- y un millón de libras de inversión. Nada que pueda transplantar -se lo recuerda la CMT- pieza a pieza al mercado español, salvo que –como en el modelo anglosajón- se opte por el pago de cuotas (aunque sean competitivas). Pero inspira la tercera vía de Gowex en Avilés, Burgos y Madrid.

CONTRA LOS MUROS DEL REALISMO

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones marca sus líneas rojas en el mar de los silencios y las contradicciones con el Ministerio de Industria. Moncloa les ha dejado a los 8.100 municipios a mano -y a contrapié de los recelos iniciales de Sebastián- el ‘bálsamo’ del Plan de Inversión local y sus 5.000 milloens de euros y  sus aristas tecnológicas. Con el ‘bálsamo’ municipal  del Plan de Inversión local, Manuel Chaves había echado sal a la batalla entre las operadoras y los municipios y a sus propios desencuentros con Zapatero y con Sebastián, aún a costa de saltarse la neutralidad con la que trata de caminar la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y la imparcialidad ante la batalla entre la Federación de Municipios y Provincias y las operadoras ya no tiene trincheras. El Secretario de Estado para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, lo ha dicho alto y claro: es “un error que los ayuntamientos pretendan convertirse en un operador de telefonía con inversiones  que permitan acceder a Internet de forma gratuita a los ciudadanos”. Nada que el regulador esté dispuesto a admitir.

El precedente de Málaga no sienta ninguna frontera que la Comisión no hubiera levantado ya: su doctrina es la misma desde que en 2005 empezaron los primeros municipios a tentar las aguas de las redes inalámbricas para dar servicios gratuitos. La legislación no permite que las administraciones den internet gratis por un periodo indefinido si no es para la “autoprestación de los servicios de la administración”. Los Ayuntamientos que quieran prestar de servicios de acceso a Internet tendrán que registrarse en el Registro de Operadores y cumplir con los requisitos exigidos por la normativa. Hasta el momento, el regulador ha limitado el tiempo de gratuidad y la velocidad a la que se navega, ha forzado que el uso sea lúdico o cultural al impedir las descargas o las visitas a determinados contenidos o el tiempo que puede estar conectado cada usuario.

El decálogo del despliegue de redes municipales de Novarum les recuerda a los ayuntamientos españoles -a la luz de su experiencia entre el 2006 y el 2009 con 175 redes inalámbricas de 36 ciudades norteamericanas- que sus redes deberían ofrecer un servicio útil que prevea, al menos, un 90% de cobertura para portátiles que funcionen bajo el estándar 802.11n;  implementar una mayor densidad de puntos de acceso -más de 50 nodos de 2,4 GHz por milla cuadrada- y la tecnología 802.11n como infraestructura -tanto en el acceso a 2,4 GHz como en el backhaul a 5 GHz-. El oxígeno del Plan E les ha permitido a los municipios lanzarse a una piscina a la que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones le ha puesto límites -o es temporal, o debe financiarse- y que ya empieza a resultar demasiado fría para algunos: si requiere servicios técnicos o antenas, los ayuntamientos quieren cobrar;  se pueden solapar las frecuencias; empiezan a darse cuenta de que su mantenimiento, su conservación y su reparación necesitarán nuevos fondos. Y de que, si le dan la espalda a las operadoras de telefonía y el despliegue de fibra ultrarrápida, los municipios serán los primeros ´huérfanos’ de las verdaderas autopistas de la información. Algo que -Madrid lo sabe bien- no siempre les interesa: la Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha preferido desistir de la promesa de wifi y wimax gratis en sus 2.000 autobuses, antes que claudicar en los muros del regulador, que abogaba por subir la tarifa de los billetes a cambio del servicio o  instalar el WiFi con carácter provisional. Además, si hasta ahora las operadoras se conformaban con repudiar el wifi municipal gratuito y esperar las resoluciones caso a caso de la CMT -en tanto llega la nueva regulación por parte de la Comisión- ahora están dispuestas a levantar las lanzas de todas las reclamaciones con lo que las patronales Asimelec y Aetic consideran ‘competencia desleal’ y a pelear las tasas municipales, ahora que los municipios se han lanzado a ‘pasar la gorra’, con la utilización del dominio público local como ariete.  Todo antes de terminar financiando a golpe de tasas el despliegue de su propia competencia en banda ancha fija y móvil.

No es Corcubión el único que comienza a saltarse las líneas rojas: más de uno, tras el municipio coruñés se propone hacer permanente el wifi gratis a sus 1.822 habitantes -que parte de cuatro adsl convencionales- a cambio de una cuota para poder rentabilizar su soporte técnico. La opción del pago la han explorado municipios como San Sebastián, con una red que agrupa 22 puntos de acceso disponibles y, a una escala más reducida, Vitoria. En la ciudad guipuzcoana se ofrecen bonos de un euro por día de conexión, 10 euros por un mes o 30 euros por 4 meses. En la capital alavesa, donde la cobertura se reduce a tres edificios, aunque prevén aumentarla en breve, los precios se elevan a 4 euros por día y 12 euros por mes. Pero es Asturias la que tiene, al menos, una de las llaves de las telecos para esa tercera vía de la paz: allá donde ellas no lleguen con las redes de última generación, en los municipios donde la mano de la inversión privada no alcanza. La ciudad asturiana fue uno de los primeros en dar contra los muros del realismo consistorial: en 2007 instaló el sistema local gracias a una inversión financiada por el programa Ciudad Digital, pero el acceso libre amparado por el Ayuntamiento dejaba a la administración en una situación que encajaba difícilmente con la legalidad. Ahora, hacen ondear en dos meses 11.508 conexiones en su plataforma Wiloc -un 64% más- y más de 5.000 personas registradas para probar su expansión. La sostenibilidad de la red municipal gestionada por Gowex desde el 6 de noviembre -el primero que se registró como operador autorizado ante la CMT, tras el concurso convocado en su día por el Ayuntamiento de Avilés - no depende de las arcas locales, sino de un sistema de publicidad patentado por ellos. A través de cualquier dispositivo (consolas, portátiles o teléfonos móviles) con tecnología de conexión inalámbrica, el ciudadano accede a la plataforma Wiloc, un sistema de publicidad y contenidos relacionados con el ámbito local desarrollado y patentado por la empresa concesionaria.

LA BISAGRA CON LAS OPERADORAS COMERCIALES

Los ayuntamientos y las grandes operadoras de telefonía se miden las distancias y las urgencias. Ya Gloria Calvo, Consejera de la CMT, dejaba claro en Junio de 2009, en el IV Encuentro sobre Telecomunicaciones y Gobiernos Locales, su sugerencia para las Administraciones Públicas: “buscar compañeros de viaje solventes para las implantaciones de Redes Wifi Municipales”. Si la administración pública ofrece Internet sin coste,  nadie va a contratar su conexión con un proveedor de Internet, por lo que se daña la competencia. Pero los ayuntamientos saben que la euforia de sus ‘autopistas digitales’ municipales tiene líneas rojas propias: los analistas les advierten que los canales wifi pueden solapar sus frecuencias, si el consistorio ocupa un canal en todo el  territorio. Las autoridades municipales saben que si no atienden a las demandas de los operadores que construyen las redes de nueva generación, de banda ultra-ancha, se quedarán sin las auténticas ‘avenidas’ de sus ciudades digitales. Para las telecos, el cumplimiento por parte de las corporaciones locales de la Ley de Acceso Electrónico es mucho más que el puente de la ‘e-administración’  con las Administraciones y los ciudadanos por medios electrónicos, es, además, un gran generador de la demanda para sus servicios. Los alcaldes tienen miedo a quedarse atrás en la carrera hacia la Sociedad de la Información; los operadores de telefonía, a la emergencia masiva de empresas públicas de telecomunicaciones amparadas por los euros del PlanE. Reclaman la vía libre a las canalizaciones que utilizarán los operadores y exigen que se eliminen las restricciones de licencias para zanjas o antenas, la emergencia continua de organismos locales que construyen infraestructura de telecomunicaciones y las nuevas tasas y cargas fiscales. Y advierten que se puede poner en peligro la inversión privada y ampliar la brecha digital.

Andalucía estrena Internet móvil de 3,6 Mbps en todas las poblaciones de menos de 20.000 habitantes -2.015 núcleos de población, entre ellos 696 que no superan los 20.000 habitantes y, también, 1.245 núcleos secundarios o pedanías- delegando en Vodafone el despliegue de estaciones 3G con financió con más de 20 millones de euros de Fondos Europeos FEDER para compensar la falta de interés de las operad oras en las zonas menos rentables.  La comunidad es la primera región del mundo en garantizar el acceso universal a Internet con un teléfono móvil o un ordenador, pero Griñán ha tenido que dar marcha atrás en las promesas de expandir una wifi autonómica gratuita por todo su territorio. Vodafone, ahora que acelera el despliegue de las nuevas redes de banda ancha móvil mediante mediante HSPA a 31 ciudades, acaba de poner en marcha un proyecto piloto con el que pretende probar que es posible cambiar el acceso a Internet fijo (a través de ADSL o cable por uno móvil): desplegará la red HSPA 14,4 Mbps (10,8 Mbps reales) en San Quirze del Vallés y ofrecerá a más de un centenar de hogares módems 3G HSPA y bases WiFi en lugar de routers ADSL convencionales. Si funciona, será sólo el principio de un modelo que llevará a todos los municipios medianos (alrededor de 20.000 habitantes) con carácter general.

Desde el sector de las TI -con la Aetic al frente- las operadoras -a través de Redtel y Aste- y desde los municipios -por boca de la Femp- han llamado a la paz. Miran, de parte y parte, el antecedente de Migueturra, donde la CMT ha aceptado el modelo del ‘operador neutro’. El Ayuntamiento del municipio castellano ha desplegado una red de fibra óptica que será alquilada a los operadores para ofrecer hasta 100 megas. El consistorio sólo se ha ocupado de las infraestructuras (la parte más costosa de la inversión) y serán las telecos los que ofrezcan servicios de banda ancha pagando a Miguelturra -que no interfiere en las ofertas- por el alquiler de la fibra. Una iniciativa similar a la red Asturcón desplegada en el Principado de Asturias y que permite a los usuarios navegar con 100 megas desde 40 euros al mes. Los ayuntamientos que tengan ya una red corporativa pueden aportarla a una empresa mixta constituida con operadores privados, o incorporarla a un convenio, contrato o consorcio. La Diputación de Valencia, por ejemplo, ha anunciado la licitación de un contrato de colaboración público-privada para una red provincial en el que se va a usar la novedosa técnica del diálogo competitivo.

Además, mientras  las operadoras frenan las prisas de la fibra (al menos hasta que Moncloa decida si sigue las promesas del Secretario de Estado Ros, sintoniza con la regulación de las redes ultrarrápidas que ultima la UE y la coordinación de las inversiones privadas) por ahora, ante las exigencias del sector, Moncloa sólo les devuelve la espalda de sus obligaciones: si Redtel pide un marco regulador claro y un Plan E para la fibra ultrarrápida con respaldo del Plan Avanza y apoyo de la administración para expandir la banda ancha móvil, Moncloa les obligará a hacerse cargo del servicio universal de la banda ancha antes de 2011.El plan de inversiones para favorecer la fibra sólo llegará en los próximos presupuestos, con garantías para los nuevos edificios y una parte menor de los 400 millones para modernizar las telecomunicaciones. Sólo el Fondo de Inversión Local dará aire a la fibra de los ayuntamientos, ahora que tras los pasos de ‘Villadecans’, decenas de municipios se entregan al ‘sálvese quien pueda’ de la fibra y desplegarán sus propias redes, con o sin las operadoras, al calor del vacío inversor y las obligaciones de las telecos. Las operadoras, como con el wifi, buscarán la tercera vía de las alianzas municipales, pero advierten que España enfría la carrera de la fibra. La pelota está en el tejado de Moncloa -la inversión pública será imprescindible en muchas zonas- y de las operadoras alternativas. La CMT descuenta que hay sitio para tres redes rentables nacionales, pero requieren una inversión de más de 400 millones de euros por ciudad.

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