edición: 2514 , Viernes, 20 julio 2018
11/06/2013
LA OREJA DE LARRAZ

La CNC cree la Justicia será más cara con las nuevas funciones exclusivas para los procuradores

Javier Ardalán

La valoración de la Comisión de la Competencia sobre el anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento (LEC) es muy negativa y aboga por eliminar la obligatoriedad de la representación procesal por parte de un procurador; analizar la justificación de someter esta actividad a colegiación obligatoria; y facilitar los mecanismos de acceso académico-formativo a la profesión.

También supone asegurar la posibilidad del ejercicio simultáneo con la profesión de abogado y, finalmente, eliminar el arancel como mecanismo de retribución del servicio.

En su informe, la CNC critica que su contenido robustece el marco “innecesario y desproporcionadamente restrictivo” de la competencia en la prestación de los servicios de representación procesal, al otorgar determinadas funciones correspondientes a la esfera del Secretario Judicial en exclusiva a los procuradores.

La procura, como servicio obligatorio dentro de diversos procesos judiciales, se presta en España por profesionales liberales, de colegiación obligatoria, cuyo ejercicio simultáneo es incompatible con la profesión de abogado, a cambio de un arancel administrativamente determinado que además limita en gran medida la posibilidad de descuentos. El marco actual es, por tanto, excepcional en Europa y desproporcionadamente restrictivo de la competencia. La CNC cree que este marco se debe modificar urgentemente, procediendo a la liberalización del servicio de procura.

Entre las actuaciones que podrían realizar, en exclusiva, los procuradores destacan los actos procesales de comunicación;  la ejecución de las medidas ejecutivas decretadas por el secretario judicial; el requerimiento de pago en los casos legalmente establecidos; las diligencias de embargo de bienes muebles, la orden de retención cuando lo embargado lo constituyan intereses, rentas o frutos, así como su administración; y las respectivas diligencias cuando lo embargado sean participaciones en sociedades civiles.

La crítica sube de tono según pasan las líneas y aprecia que no existe justificación en aras de razón de interés general alguna, más allá de la explicitada voluntad de que la figura del Procurador de los Tribunales “adquiera un papel más relevante en su función de auxilio a la Administración de Justicia”, ni una vinculación de las medidas a la mejora de un posible interés general.  Existen vías menos restrictivas de la competencia para potenciar el funcionamiento de la Administración de Justicia en los ámbitos que el anteproyecto de ley ahora reserva a los procuradores.

La CNC recomienda que el órgano proponente indique la razón por la cual los ciudadanos y empresas, españolas y extranjeras, con plena capacidad jurídica ante la práctica totalidad de las administraciones en la Unión Europea, no pueden representarse a sí mismos ante la Administración española de Justicia.

La posibilidad, que no obligación, de representarse sin intermediarios permitiría reducir costes y favorecería la competencia. Eliminar dicha singularidad en Europa, que por derecho comparado se muestra innecesaria, permitiría adicionalmente compatibilizar esta iniciativa normativa, y otras análogas que puedan impulsarse, con prioridades declaradas del Gobierno como reducir las cargas administrativas de particulares y empresas; fomentar la competencia y la creación de empleo; o evitar las fragmentaciones del mercado en España.

Por un lado, impide la competencia en precios y dificulta la competencia potencial. Por otro, impide dinámicamente la generación de eficiencias, que podrían originarse por economías de escala, sinergias o economías de alcance, privando de los beneficios de las mismas al ciudadano y la empresa. Todo ello acarrea al usuario del servicio de justicia, servicio irremplazable, un coste que podría ser prescindible, atendiendo al derecho comparado, y que, sin embargo, se configura en España como obligatorio.

En  relación con el proceso monitorio, se adecua la Ley de Enjuiciamiento Civil para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de junio de 2012. Se introduce un trámite que permitirá al Secretario Judicial controlar la eventual existencia de cláusulas abusivas en la admisión de los procesos monitorios que se dirijan contra consumidores.

Sobre la incompatibilidad para ejercer como abogado y procurador, señala la CNC que se ve reforzada en el anteproyecto de ley, también, por la Disposición adicional segunda2, que pretende configurar en este ámbito la futura Ley de Servicios Profesionales, al disponer que la futura Ley haya de regular la relación entre estas dos profesiones prohibiendo el ejercicio simultáneo. Ni se aporta ni se encuentra justificación ninguna para tal incompatibilidad, altamente perjudicial para la competencia.

En consecuencia, de forma necesariamente conjunta al resto de medidas propuestas, se debería suprimir toda referencia a la retribución mediante arancel en esta profesión, tanto en el anteproyecto de ley como en cualquier otra norma. Y ello en relación con todas las funciones que desarrollan los procuradores y podrían desarrollar otros colectivos profesionales.

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