edición: 2941 , Lunes, 6 abril 2020
27/04/2012
LA OREJA DE LARRAZ

La CNC pide cambios en la elección de peritos judiciales y de administradores concursales

Javier Ardalán

La Comisión Nacional de la Competencia considera que es necesario cambiar los procedimientos de elección de peritos judiciales y administradores concursales, puesto que los listados se realizan por colegios profesionales que no son de colegiación obligatoria y se excluye, por tanto, a quienes teniendo la misma titulación, e incluso experiencia, no están colegiados.

Así se afirma en el informe  sobre los colegios profesionales tras la transposición de la Directiva de Servicios, en el la CNC plantea una modificación normativa para posibilitar, en el caso de profesiones sin colegiación obligatoria en alguna demarcación, la participación como peritos judiciales de los profesionales no colegiados o colegiados en otra demarcación, en las mismas condiciones que los profesionales colegiados, dado que la colegiación no es un requisito para el peritaje, de acuerdo a los arts. 340 y 341 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).

En este sentido, considera que es conveniente que, además de las modificaciones que puedan resultar procedentes en la LEC, dada la predominancia de los colegios como vía de remisión de listas de peritos a los juzgados, la reforma comprenda también una modificación del artículo 5.h de la Ley de Colegios Profesionales (LCP).

La normativa ampara la función de los Colegios Profesionales de elaborar listas de peritos para asuntos judiciales. El art. 5.h de la LCP establece que en su ámbito territorial, los colegios profesionales tienen la función de “facilitar a los Tribunales, conforme a las leyes, la relación de colegiados que pudieran ser requeridos para intervenir como peritos en los asuntos judiciales, o designarlos por sí mismos, según proceda.”

El informe destaca que es fundamental la consideración de que la colegiación no es un requisito imprescindible para el peritaje, pues, por un lado, el artículo 341 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) prevé el procedimiento a seguir cuando no exista Colegio profesional, situación en la que las listas de peritos estarán formadas necesariamente por profesionales no colegiados; y por otro lado, el artículo 340 de la LEC, que establece los requisitos para ser perito, no prevé como condición la colegiación sino únicamente la titulación.

Por otro lado, señala el informe sobre la CNC que la denominación profesional de “Economista” debe estar debidamente inscrita en un Colegio de Economistas mientras que un licenciado en Economía que no esté debidamente colegiado no podría denominarse “Economista”, aunque su cualificación profesional sea idéntica a la de otro, que por el mero hecho de hallarse colegiado sí puede autodenominarse de tal manera. En profesiones en las que no es obligatoria la colegiación, esta clase de restricciones no tienen justificación.

Si se permite su aplicación literal, estas restricciones a la denominación profesional pueden restringir el acceso de profesionales a otras parcelas de actividad. En el caso de los economistas, la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal establece en su art. 27.1 que podrán ser administradores concursales los economistas con cinco años de experiencia profesional, con especialización demostrable en el ámbito concursal.

La restricción de denominación del Estatuto Profesional de los economistas hace que para poder ejercer la profesión de economista haya que estar colegiado, lo que a su vez conlleva que sólo puedan reunir los requisitos previstos en la ley para ser administradores concursales los economistas inscritos en el Colegio correspondiente; llevado al extremo, los cinco años de experiencia profesional que les requiere la Ley Concursal sólo podrían acumularse por profesionales que hayan estado colegiados al menos cinco años,

Para la CNC, las obligaciones de colegiación suponen una situación de exclusividad, bajo la que sólo determinados profesionales, los que están colegiados, pueden ejercer una cierta actividad profesional. Tal exclusividad constituye una barrera de entrada frente a terceros competidores que perjudica a los consumidores al reducir la oferta potencial del mercado.

Esta situación, además, facilita o potencia conductas prohibidas por la LDC al tener el colegio identificados a todos los profesionales que compiten en el mercado y al quedar los profesionales sujetos al régimen colegial de control y ordenación de la actividad. Por ello, las obligaciones de colegiación deben definirse de manera restrictiva y venir establecidas por norma con

A día de hoy son muy escasos los colegios profesionales que cuentan con Estatutos y demás normativa interna adaptados expresamente a la Ley Ómnibus, pese a que ésta lleva ya más de dos años vigente.

El retraso en la adaptación explícita a los anteriores desarrollos de la normativa reguladora de los colegios profesionales, tanto la normativa autonómica como la interna de los distintos colegios, puede aprovecharse para mantener restricciones que son contrarias a la Ley Ómnibus y afectan negativamente a la competencia y a los consumidores y han perdido su amparo legal.

Asimismo, existe el riesgo de que aparezcan nuevas restricciones, como reacción a los cambios legales, que tratan de mantener las situaciones de competencia reducida a favor de un escaso grupo de profesionales. La falta de adaptación explícita a la ley de la normativa colegial puede estar favoreciendo el desarrollo de estas restricciones.

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