edición: 2578 , Viernes, 19 octubre 2018
20/03/2015
Seguro 
LA OREJA DE LARRAZ

La CNMC critica la Ley que regulará a las aseguradoras

Javier Ardalán
La Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados considera que aunque la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) sobre la ‘Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras’ justifica las limitaciones incorporadas en la Ley por las dificultades que tendrían para desarrollar su actividad con suficientes garantías para los asegurados, la Directiva 2009/138/CE contempla ciertas medidas para asegurar una protección adecuada para los asegurados, como fondos propios complementarios para mutuas o sociedades de tipo mutualista que operen con cuotas variables (artículo 89 de la Directiva).
Por ello se muestra contraria en su informe a la restricción de que las mutuas de seguros, las sociedades cooperativas y las mutualidades de previsión social no puedan operar con prima variable, que únicamente podrán operar a prima fija, según se regula en el anteproyecto.

La mayoría de las restricciones vienen motivadas por la Directiva Solvencia II que el anteproyecto de la Ley transpone. Considera que esta Directiva pretende armonizar las condiciones de acceso y ejercicio en todo el Mercado Interior en el sentido de facilitar el libre establecimiento y la libre prestación de servicios, y establecer sólo las restricciones al acceso y ejercicio que resulten necesarias y justificadas, eliminando las que no lo estén.

Señala la CNMC Indica el informe que la regulación del anteproyecto contiene condicionantes del acceso al mercado (que podrían operar como barreras de entrada) y del ejercicio de la actividad (limitaciones a la capacidad de autonomía de los operadores para organizarse y ofertar sus servicios). Así, el informe señala como ejemplo que la autorización para iniciar la actividad está condicionada a numerosos requisitos, distintos para cada ramo de actividad, en lo relativo a forma jurídica, capital social, condiciones de aptitud y honorabilidad, etc.

Además, los requisitos de desembolso de capital social (y fondo mutual), son independientes de la escala de la cartera de la entidad (artículos 29 y 30). Teniendo en cuenta que posteriormente las exigencias de recursos propios son las que se modulan en función del tamaño de los riesgos asumidos por la entidad, dichos requisitos de capital social son relativamente más perjudiciales cuanto más pequeño es el tamaño de la entidad.

En relación con el régimen especial considerado para las entidades de reducida dimensión circunscritas meramente al ámbito nacional, podría discriminar negativamente a entidades domiciliadas en la UE (al exigirse la domiciliación en España para beneficiarse de la aplicación de dicho régimen).
Además, quedan pendientes de desarrollo reglamentario algunos aspectos esenciales como el régimen de gobierno, inversiones, provisiones técnicas, fondos propios y capital de solvencia (artículo 109 del anteproyecto), que deberán ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad señalados anteriormente.

Por otro lado, como ya indicó la extinta CNC en su informe de 2011, el impacto de la regulación de acceso y ejercicio de la actividad sobre la estructura de mercado, no parece plantear en términos generales riesgos para la competencia, habida cuenta de la actual estructura del mercado que puede inferirse de informes previos y otros precedentes de la Autoridad de Competencia.

Así, la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) estima que es presumible que prime el efecto de las fusiones y las concentraciones como consecuencia de los nuevos requerimientos de capital, efectos cuya intensidad dependerá del tamaño de las distintas aseguradoras.

Sin embargo, considera que hay que tener en cuenta que ello tendría lugar sobre una estructura de mercado de seguro con una amplia oferta aseguradora (a 31 de diciembre de 2013, 264 entidades operativas de acuerdo con la información de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones), y heterogeneidad en la configuración estructural de los operadores del sector (grandes empresas presentes en todos los ramos del seguro, gran número de operadores de ámbito de actividad reducido y entidades pertenecientes a grupos bancarios).

Las agencias de suscripción (disposición adicional decimocuarta), con las que las entidades aseguradoras podrán suscribir contratos de apoderamiento, están sometidas a exigentes requisitos de acceso y ejercicio, cuya necesidad y proporcionalidad es necesario valorar. En particular, llama la atención la necesidad de constituirse bajo la forma jurídica de sociedad mercantil.

Finalmente, el informe determina que el procedimiento de autorización administrativa (a cargo del ministro de Economía y Competitividad) para las entidades de cometido especial no está explicitado al remitirse a desarrollo reglamentario (disposición adicional sexta). Cabría la posibilidad de explicitar en mayor medida en sede legal los requisitos fundamentales en los que se base este procedimiento.

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