edición: 2851 , Jueves, 21 noviembre 2019
19/06/2014
LA OREJA DE LARRAZ

La CNMC rechaza incluir el IVA en el precio de la contratación pública si intervienen licitadores exentos del impuesto

Javier Ardalán

La CNMC no comparte  la propuesta del Ministerio de Economía sobre la posibilidad de incluir en el precio de los procedimientos de contratación pública el IVA cuando intervengan licitadores exentos del impuesto, en particular entidades del Tercer sector, a la vista de la normativa comunitaria sobre contratación pública.

Argumenta Economía en el informe remitido a la CNMV que en determinados procedimientos de contratación de las Administraciones Públicas, al concurrir licitadores exentos del pago del IVA con otros licitadores no exentos, el hecho de incluir o no el IVA en el precio puede resultar discriminatorio entre las diferentes ofertas, tanto cuando se determina el límite para concurrir a los contratos públicos, es decir, para el presupuesto máximo de licitación, como en el momento de comparación de las ofertas presentadas.

Al considerar el precio ofertado sin IVA, también cabe adivinar repercusiones negativas en la Administración Pública contratante, puesto que el precio final real que ha de pagar es superior cuando el contrato es adjudicado a una entidad no exenta de IVA.

Aunque aparentemente esté escogiendo una oferta más económica, de conformidad con los criterios de adjudicación contemplados en la normativa comunitaria, por el hecho de no incluir IVA, la realidad es que dicha Administración debe abonarlo sin posibilidad de recuperarlo posteriormente. Las reglas de valoración de los contratos establecidas por las Directivas comunitarias determinan el ámbito en que explícitamente se excluye el IVA.

El Derecho de la Unión Europea, a la luz de los principios de libre concurrencia y no discriminación, a la hora de determinar la oferta económica más ventajosa, fija que lo que debe ponderarse como criterio económico es el valor de la prestación objeto del contrato, excluyendo el IVA, puesto que éste es un elemento a añadir al valor de la prestación, variable (según los sujetos o los países) y cuya valoración como coste resulta de difícil cuantificación a priori
En un informe publicado ayer, la CNMC señala que en el caso de la asimetría entre las distintas empresas, la medida únicamente intenta corregir las diferencias de las exenciones del IVA, por lo que no se conseguiría el objetivo propuesto.

Además, la CNMC entiende que las obligaciones tributarias de los operadores no derivan del contrato al que acceden, sino de la normativa fiscal aplicable, por lo que "no son cuestiones sobre las que los operadores puedan negociar ni van a formar parte de su oferta económica", un planteamiento que, a su juicio, no debería cambiar por el hecho de que se presenten a una licitación operadores exentos de pago.

Además, explica sin perjuicio de que la normativa aplicable en materia de contratación pública ya contempla mecanismos que no deben ser obviados para la puesta en valor de la inclusión de criterios sociales en las licitaciones públicas, las decisiones de política legislativa (exenciones fiscales a operadores, concesión de ayudas pública, etc.) que conceden estas ventajas competitivas deben someterse a un análisis desde el punto de vista de la afectación al mantenimiento de la competencia efectiva y la regulación económica eficiente.

La CNMC considera que un análisis en detalle de las decisiones desde esta óptica llegaría a la conclusión de que sólo estén justificadas aquellas medidas de exención que pretendan corregir un fallo de mercado o persigan la consecución de algún otro objetivo de interés público identificable.

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