edición: 2495 , Lunes, 25 junio 2018
15/04/2015
banca 
LA OREJA DE LARRAZ

La CNMC recomienda que prime la viabilidad del negocio en la venta de entidades financieras

Javier Ardalán
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomienda al Gobierno que en la fase de resolución de entidades financieras se regule la obligatoriedad de optar por la opción más competitiva, de forma que prime la venta del negocio viable a entidades que puedan ejercer una competencia efectiva en el mercado sobre la utilización de entidades puente o sociedades de gestión de activos.
Así se afirma en el informe publicado sobre el ‘Anteproyecto de Ley de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión sector financiero’, en el que se explica que respecto al tratamiento específico de la venta del negocio de la entidad, se establece que la selección de adquirentes se realizará en un procedimiento competitivo. No obstante, también se señala que, si lo justifica una amenaza para la estabilidad financiera, la selección de adquirente(s) podrá realizarse sin necesidad de cumplir con dichos requisitos de procedimiento indicados.

En estos casos, la CNMC recomienda optar por procedimientos abiertos y minimizar la utilización de la excepción, acompañándola de la debida justificación. Dicha opción por procedimientos menos competitivos podría presentar además riesgos de presencia de ayuda de Estado que hay que considerar.

Este anteproyecto actualiza el marco normativo de este sector en España y transpone la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.

Considera que existen aspectos del Anteproyecto que merecen una valoración positiva, como la intención de introducir los incentivos adecuados en la gestión de entidades financieras o la minimizar el impacto negativo de las intervenciones en los recursos públicos.

Sin embargo, la CNMC también señala ciertas cuestiones mejorables desde la óptica de competencia y regulación económica eficiente: sobre la normativa nacional y comunitaria de ayudas de Estado, la asistencia debe limitarse al mínimo necesario y el beneficiario ha de contribuir de forma adecuada a la reestructuración. Para ello se recomendaría precisar que el uso de fuentes alternativas de financiación (con impacto en las finanzas públicas) en la fase de recapitalización interna sea sólo el último recurso.

Además, en los principios que guían la actuación del FROB en este ámbito se recomienda tener en cuenta también el impacto en la competencia efectiva en el mercado a la hora de seleccionar el adquirente (aparte de la transparencia, la no discriminación y la maximización del precio de venta).

En lo concerniente a la utilización de una entidad puente, la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, parece exigir una pertenencia a autoridades públicas y un control total de la autoridad de resolución, mientras que el Anteproyecto no parece exigirlo. Aparte, la Directiva opta por que la labor de la entidad puente no se prolongue indefinidamente en el tiempo (la Directiva establece 2 años), mientras que el Anteproyecto tampoco concreta en esta medida.

La CNMC estima que deberían introducirse estos aspectos recogidos en la Directiva, especialmente en la limitación temporal de la entidad puente, para evitar distorsiones prolongadas sobre la competencia en el sector. En esta misma línea, se valora positivamente la mención introducida en el Anteproyecto de que el funcionamiento de la entidad puente se someterá a la normativa de ayudas de Estado.

Respecto a los distintos instrumentos en los que se puede materializar la intervención, la CNMC destaca su preferencia por instrumentos menos distorsionadores de la competencia (como las garantías), por su más fácil reversibilidad y su diseño más orientado al mercado (en comparación, por ejemplo, con las medidas de recapitalización o el rescate de activos deteriorados).

Asimismo, cabría descartar que el FROB pudiese tomar medidas (compensaciones a accionistas y acreedores o concesión de préstamos a otros mecanismos de financiación) que pueden no generar los incentivos adecuados a la entidad para una gestión prudente y que reducen la contribución que tiene que hacer la entidad (y sus acreedores y accionistas) a los costes de su reestructuración.

En cualquier caso, y en cumplimiento de la normativa de ayudas de Estado, la selección de adquirentes considera que debería realizarse conforme a procedimientos abiertos, competitivos, transparentes, no discriminatorios y en condiciones de mercado.

Finalmente, respecto al Fondo de Resolución Nacional, que se crea a partir de contribuciones de las entidades, es esencial que dichas aportaciones se ajusten al perfil de riesgo de cada entidad, de forma que se pueda capturar el fallo de mercado en forma de externalidad que supone cada institución. El uso de este Fondo en la fase de recapitalización interna destaca que debería considerarse como una opción residual (casi en el mismo plano que las fuentes alternativas con impacto en los recursos públicos).

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