edición: 2612 , Lunes, 10 diciembre 2018
28/11/2013
LA OREJA DE LARRAZ

La CNMC y el Consejo Económico y Social respaldan la Ley de Servicios Profesionales, aunque con importantes ‘peros’

Javier Ardalán

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Consejo Económico y Social (CES) y publicaron ayer sus informes sobre el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales con una consideración global favorable, al tiempo que señalan que el  anteproyecto  supone una reforma estructural necesaria que favorece una mayor competencia en los servicios profesionales

El sector de las profesiones reguladas representa un 9% del PIB y un 6% del empleo en España. Una vez en vigor esta futura Ley, el Gobierno presume que aportará unos beneficios de unos 7.000 millones de euros a la renta nacional. Según la Exposición de Motivos, la Ley nace con la finalidad de mejorar la regulación actual de los servicios profesionales que el propio preámbulo califica como fragmentaria, obsoleta y excesiva.

La CNMC remarca algunos ’peros’ sobre las restricciones de acceso y recomienda al Gobierno, que se extienda a las  profesiones no tituladas (instaladores, seguridad privada, etc...) el proceso de revisión de la normativa vigente; que se suprima  la colegiación obligatoria en todos los casos de profesionales que prestan sus servicios exclusivamente en las Administraciones Públicas; y que se especifiquen las “razones de imperioso interés general” que justifiquen el establecimiento de restricciones para ejercer profesiones

También, se muestra partidaria de prohibir las cuotas de inscripción para las profesiones que requieren colegiación obligatoria; que en el ámbito territorial, que se adecúe al Proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado; y, que cuando un visado venga impuesto como obligatorio por el ordenamiento jurídico, su retribución se debe ajustar a los costes de realización del visado en condiciones eficientes.

Por su parte, el CES, a pesar de advertir las bondades del texto legislativo, realiza una serie de advertencias sobre los problemas que puede plantear la falta de concreción del término “cargos directivos” del artículo 41, a quien extiende el sistema de incompatibilidades para colegios profesionales. El CES apoya la necesidad de transparencia, pero considera que dada la amplitud, el régimen establecido en el anteproyecto resulta excesivo y podría ir en detrimento del ejercicio del derecho de asociación.

Sobre los requisitos para determinar el carácter obligatorio de la colegiación, en opinión del CES presentan un grado de amplitud e indeterminación que no debería descartar un mayor desarrollo y concreción, máxime teniendo en cuenta que se llega a una lista cerrada y que podría haber profesiones o actividades profesionales de las que no está claro que deban ser excluidas.

Como ejemplo, las disposiciones relativas a las relaciones de los colegios con la Administración Pública. En este sentido, el CES cree que no deben afectar por igual a los obligatorios que a los voluntarios. Asimismo, entiende que el establecimiento de un régimen general para la creación de colegios profesionales (sin distinguir entre obligatorios y voluntarios) podría ser desproporcionado y excesivo. El anteproyecto en su artículo 25 determina que deberán ser creados por Ley y que la petición deberá ir acompañada de una Memoria que justifique los motivos.

Otro aspecto que en opinión del CES debe mejorarse del articulado es la redacción de lo referente al sistema de resolución de conflictos con colegiados y usuarios. El dictamen entiende que no es equiparable una queja con una resolución, por lo que cabe diferenciar entre las funciones propiamente de resolución del conflicto del servicio de atención de los colegios de las funciones de información. El artículo 37 del texto dictaminado habla de información y no de resolución ante un posible conflicto.

Respecto a los visados, el dictamen considera que esta liberalización y reducción de cargas administrativas no debe resultar en perjuicio de la necesaria protección de la integridad física y la seguridad de las personas por la que el visado debe velar cuando se realicen determinados trabajos profesionales. Igualmente, dado que el anteproyecto declara a los colegios responsables subsidiarios cuando otorguen visados, el CES cree que debería asegurarse dicha responsabilidad con la oportuna cobertura. Por último, considera que debería establecerse, tanto para los visados obligatorios como voluntarios, limitaciones para que el coste del visado se ajustara a los costes derivados de su gestión y otorgamiento.

Precisamente, el CES valora favorablemente los fines de impulso y mejora del sector servicios, estableciendo principios y disposiciones básicos y persiguiendo la reducción de trabas injustificadas o desproporcionadas, todo ello en un marco de adecuada regulación de los mercados y de cohesión social.

Por tanto, según recoge el dictamen, el anteproyecto responde a los planteamientos y las exigencias del proceso comunitario de armonización en el ámbito de los servicios. Un proceso que para el CES representa una oportunidad para mejorar el nivel de calidad de los servicios y para impulsar y ampliar la participación en dicha mejora de las organizaciones sindicales, empresariales, profesionales y de consumidores y usuarios, así como de las organizaciones representativas de los sectores afectados.

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