edición: 2765 , Lunes, 22 julio 2019
05/05/2015
LA OREJA DE LARRAZ

La CNMV ya puede hacer públicos los nombres de los infractores

Javier Ardalán
La CNMV podrá hacer pública la incoación de los expedientes sancionadores, una vez notificada a los interesados, tras resolver, en su caso, sobre los aspectos confidenciales de su contenido.
Será previa disociación de los datos de carácter personal, de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, salvo en lo que se refiere al nombre de los infractores.

Así se establece en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, que regula que el Gobierno dispone de seis meses para realizar las modificaciones legislativas necesarias para mejorar el actual sistema institucional de protección al cliente y potenciar la eficacia de los actuales servicios públicos de reclamaciones, defensores del cliente y servicios de atención al cliente.

En este contexto, deberá evaluar si es conveniente o no promover la unificación de los servicios de reclamaciones actualmente dispersos entre el Banco de España, la y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

La publicación se decidirá previa ponderación, suficientemente razonada, entre el interés público, atendiendo a los efectos favorables que, en conjunto, genere sobre la mejor transparencia y funcionamiento de los mercados de valores y la protección de los inversores, y el perjuicio que cause a los infractores.

Por otra parte, la CNMV puede recabar, por medio de sus empleados, la información sobre el grado de cumplimiento de las normas que afectan a los mercados de valores por las entidades supervisadas, sin revelar aquellos su condición de personal de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, en especial, respecto del modo en el que sus productos financieros están siendo comercializados, así como sobre las buenas o malas prácticas que dichas entidades pudieran estar llevando a cabo.

En la misma línea, introduce una modificación de las facultades de la CNMV al objeto de profundizar en su independencia funcional y reforzar sus competencias supervisoras, en aras del mejor desempeño de su mandato de velar por la transparencia de los mercados de valores, la correcta formación de los precios en los mismos y la protección de los inversores.

A estos efectos, se le conceden nuevas facultades, como la capacidad de emplear novedosos instrumentos de supervisión y de dictar guías técnicas, que si bien carecen de carácter vinculante directo, se configuran como un instrumento de gran ayuda para orientar al sector sobre la mejor forma de cumplir con una legislación financiera cada vez más compleja y prolija. Asimismo recibe las competencias completas de autorización y revocación de entidades que operan en los mercados de valores y de imposición de infracciones muy graves, que hasta ahora correspondían al Ministro de Economía y Competitividad.

La CNMV puede dictar las disposiciones que considere que exige el desarrollo y ejecución de las normas contenidas en los reales decretos aprobados por el Gobierno o en las órdenes del Ministro de Economía y Competitividad, siempre que estas disposiciones le habiliten de modo expreso para ello. Estas disposiciones, dictadas por la CNMV, se elaborarán previos los informes técnicos y jurídicos oportunos de los servicios competentes de la misma.

Además, podrá elaborar guías técnicas, dirigidas a las entidades y grupos supervisados, indicando los criterios, prácticas, metodologías o procedimientos que considera adecuados para el cumplimiento de la normativa que les resulte de aplicación. En ellas podrán incluir los criterios que seguirá en el ejercicio de sus actividades de supervisión. Podrá requerir, además, a las entidades y grupos supervisados una explicación de los motivos por los que, en su caso, se hubieran separado de dichos criterios, prácticas, metodologías o procedimientos.

La CNMV podrá hacer suyas, y transmitir como tales a las entidades y grupos, así como desarrollar, complementar o adaptar las guías que, sobre dichas cuestiones, aprueben los organismos o comités internacionales activos en la regulación y supervisión del mercado de valores.

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