edición: 2324 , Martes, 17 octubre 2017
23/06/2009
Habrá una 'lista negra' de 200 webs durante un año

La Coalición de Creadores rompe la baraja en la pugna de las descargas de Internet

Su ‘bandera blanca’ es un órdago a las telecos que busca imponer cortes por vía administrativa
Ana Zarzuela

Da un paso atrás. Por ahora. O eso hace ver la Coalición de Creadores e Industrias de Contenido con su renuncia a la penalización al usuario de las descargas de internet “para centrarse en la piratería organizada”. Ni Redtel ni Bruselas, ni siquiera el silencio de González Sinde les dejaban más opciones. El plan B de los cortes esporádicos y las rebajas de velocidad tampoco tiene quien lo compre entre las operadoras. Pero la bandera blanca de la industria cultural huele a oferta añeja. Dispara todos sus cañones hacia su lista negra de 200 webs. Será sólo por un año y para coger impulso. Por la vía administrativa -la única que les queda, ahora que han agotado la penal y la civil- y con la obligación de Moncloa de llevar al Parlamento un cambio en la Ley IS. Si en un año no funciona, llegará lo que desean: los cortes ‘a la inglesa’ y los castigos a los usuarios. Rompen la baraja y buscan quebrarle el juego a la CMT y De la Vega, una gatera por la que cumplir el guión de Washington e impulsar sus propias webs de contenidos que quieren apadrinar, con o sin las operadoras de telefonía. Si Sebastián o Sinde le hacen hueco a la ‘tercera vía’ de la Coalición y abren la puerta a los cortes administrativos, o la penalización de las webs que hasta ahora los jueces no han considerado posible, no habrá marcha atrás para los tanques de la industria de los creadores en España.

Quemaron el cartucho de la ‘ley Hadopi’. España está ya casi sola entre los Veintisiete, en el banco de los pocos Estados que siguen aún sin pronunciarse. No es sólo el repudio europeo, el muro del Constitucional galo y la amenaza del PP de llevar al Tribunal Constitucional Español cualquier futura ley similar a la Sarkozy lo que ha acabado por abortar las posibilidades del plan A de González- Sinde, el corte de Internet como penalización a las descargas, con el que desembarcó en el Ministerio. La SGAE y los creadores de contenidos ya han rendido ese sable. Lo hicieron, en realidad, antes del desencuentro que cercenó los hilos del diálogo con las operadoras el 16 de abril. La ‘tercera vía’-microcortes esporádicos o reducción del ancho de banda a los internautas que descarguen archivos protegidos por derechos de autor- llueve sobre mojado en los recelos de los operadores a limitar la velocidad de los usuarios. No quieren ser los policías de la red. Y menos aún hacerlo pagando las facturas de una medida que no es tecnológicamente fácil ni jurídicamente fluida. Un coste que ambas partes tratarían de cargarle al Gobierno, que es el que va a legislar la red. Por ahora, hay un solo plato del gusto de todos: un plan de educación para los internautas y un portal que ofrezca contenidos legales a precios razonables bajo el grifo de las telecos.

Por eso la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos -que engloba a las sociedades de gestión de derechos de autor -deshoja ahora de nuevo la margarita de las propuestas para Redtel -que aúna a Telefónica, Vodafone, Orange y Ono-. Pero barajan las mismas fichas que ya rechazaron las principales operadoras de telefonía y que ahora tratan de colarle a la Ley audiovisual de vicepresidencia Fernández de la Vega con la CMT como rehén: corte a las webs, ya no serán 70, sino 200. Una lista negra que la Coalición ha elaborado con la ayuda del Ministerio de Industria y a la que le achacan el 80% de las descargas de contenido protegido por copyright (películas, videojuegos y música). Según sus planes, el responsable de la web recibirá un primer aviso para cesar la actividad. Si no hay rectificación se interrumpirá el alojamiento en España o se bloquearía el enrutado si está alojada en otro país.

Francia no va a marcar el paso en Europa de la lucha contra las descargas en Internet. No a España. Su  modelo de tres avisos y corte de conexión sin decisión judicial no tiene adeptos, ahora que hasta el Reino Unido opta por una tercera vía: la Digital Britain que ve la luz esta semana sólo contempla  la reducción de la velocidad de acceso a la red, o desconexiones puntuales (segundo o minutos) para interrumpir las descargas. Los planes para combatir la piratería en Reino Unido se frenaron tras una consulta elaborada por el Departamento de Negocios Corporativos y Reformas Regulatorias (BERR) que mostró que no había consenso entre los operadores y la industria musical como para justificar una actuación contra los 7 millones de usuarios de internet británicos que comparten archivos en las redes de intercambio P2P.

EL ATAJO ADMINISTRATIVO

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenido responde a la ‘regulación’por parte del Gobierno que pide Redtel y las operadoras de telefonía con las lanzas de la autorregulación. Pretende que la CMT sea el ‘verdugo’ sin sombra judicial que deje fuera de la red a 200 webs de descargas directas y trackers. Su objetivo es el mismo que el de Reino Unido: reducir la piratería en un 70%.  Si no se consigue con las medidas contra las páginas, el punto de mira -de nuevo- serán los usuarios, al menos los que consideran "primeros difusores" (los 4.500 usuarios que suben las diez primeras copias de un archivo) y "usuarios masivos de sistemas de intercambio de archivo" (los 60.000 internautas más activos en las redes p2p, que "tienen el ordenador encendido día y noche").  Y la Coalición no oculta que, para ese momento, espera haber despejado ya los muros legales que, hoy por hoy, no dejan espacio a su ‘nave antipirata’. Las descargas de archivos por Internet hoy incluyendo las sujetas a derechos de autor, son legales en España siempre que no se demuestre el ánimo de lucro. Por lo penal, la mayoría de procesos contra las páginas de enlaces han acabado con el sobreseimiento, como en el caso de Sharemula. Los jueces han considerado que estas páginas no almacenan archivos y da igual si tienen o no ánimo de lucro, ya que no existe comunicación pública.

En los escasos procedimientos civiles los jueces han negado los procedimientos cautelares al considerar que no hay indicios a priori de que se esté infringiendo la ley de propiedad intelectual. Agotadas la penal y la civil, la industria de los creadores se aferra a la vía administrativa. Pero incluso ese atajo –el cierre por vía no judicial de las páginas- requerirá cambios legislativos en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), en un artículo de la ley de enjuiciamiento civil o una gatera en la nueva ley audiovisual con un Consejo encargado de la labor. En España, el bloqueo o la intervención de las páginas webs sólo pueden ser decididos por un juez. Una línea roja que sintoniza con la última decisión del Parlamento Europeo con el paquete telecom: para Bruselas, sólo la autoridad judicial puede intervenir las páginas o cortar la conexión a Internet.

Los representados en la Coalición tratan de hacer de la necesidad virtud: generar su propia competencia y neutralizar a las descargas con las mismas armas que ahora repudian. Siguen el ‘guión inglés’. Demasiadas coincidencias: rebajar en un 70%, dejar en manos del regulador Ofcom tanto el  sistema de avisos como los recortes tecnológicos;  dar un año de margen antes de comenzar los cortes definitivos y potenciar webs de contenidos de pago que cuenten con el aval de la industria y el impulso de las operadoras. Miran al canon del adsl que el regulador británico acaba de liberar, con un nuevo impuesto de 6 libras anuales sobre las líneas fijas de telefonía. Y quieren lo mismo: sus deseos apuntan a que no sólo los usuarios, sino las telecos paguen por las arterias de los contenidos que los creadores apadrinan. Disparan a todo. Lo esconden aún bajo la mesa.

Olcese, el portavoz de la Coalición de Creadores (que representa los intereses de la SGAE y Promusicae, entre otros),  ha tendido una mano a las telecos, a la fuerza ahorcan, pero con el otro brazo les carga el padrinazgo de las “webs ilegales” -Olcese dixit- con su publicidad y les acusa de “lucrarse de la piratería ya que esta aumenta el tráfico de sus redes". Envenena su ‘cuarta vía’  la creación de una web, que ofrecería a precio asequible un catálogo "casi ilimitado" y de calidad de películas, música y videojuegos, y en el que estarían integrados tantos los operadores de telecomunicaciones como las industria de contenidos. Redtel pide contenidos atractivos a precios competitivos para frenar las descargas, un marco de colaboración entre los creadores de contenidos y los operadores de telecomunicaciones y campañas publicitarias de concienciación sobre el "respeto a la propiedad intelectual. Pero los recelos de la Coalición para convertir una oferta atractiva de contenidos en una tienda de contenidos digitales en la red no ayudan a recomponer unos puentes que, hoy por hoy, sólo se levantan con unos ladrillos comunes: la coincidencia en una campaña educativa para los usuarios de internet.

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