edición: 2724 , Viernes, 24 mayo 2019
31/08/2008

La codicia institucional asfixia a las personas dependientes

Xavier Gil Pecharromán

Los ciudadanos con algún tipo de dependencia y sus familiares van a cobrar un protagonismo decisivo a partir de ahora, puesto que con la vuelta de las vacaciones ya no le queda al Gobierno más remedio que afrontar definitivamente la financiación autonómica, que en la pasada legislatura no se atrevió ni a mentar, sistema de ingresos que debe afrontar los pagos precisos para que la “estrella” de las leyes socialistas sirva para algo y no sólo para integrar los haberes de las campañas electorales.

Aunque la Ley de Dependencia, aprobada en diciembre del 2006, es una Ley Universal a la que tienen derecho todos los ciudadanos españoles que no pueden valerse por sí mismos por encontrarse en situación de dependencia, en realidad, se encuentra condicionada por los acuerdos que cada grupo político alcance con el Gobierno sobre los ingresos que percibirá en un futuro, tal y como les ocurre a los Presupuestos Generales del Estado. Y en estas consideraciones no existen posibilidades de pactos de partido, ya que cada Gobierno regional va lo suyo.

Resultaría una obviedad señalar que en la mesa lo que se necesitan son consideraciones técnicas, que sirviesen para consolidar  las bases para una prestación que irá creciendo paralelamente a las jubilaciones y al resto de las prestaciones, puesto que la mayoría de los solicitantes se encuentran comprendidas entre los 65 y los 81 años. Y ante esta situación, es necesario recordar que las previsiones de la agencia comunitaria Eurostat hablan de que cuando cumplan 65 años los nacidos en la década de los años 70 de este siglo pasado, éstos supondrán más de la cuarta parte de la población. Un dato que debería hablar por si solo.

Las causas técnicas que hacían inviable hasta ahora su puesta en marcha por las autonomías de la Ley de Dependencia ya no sirven como, porque según el último balance del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, referido al pasado 30 de julio, cifra en el 81,33% de los solicitantes los que tienen ya reconocido su derecho a una prestación. En total, son 436.205 personas sobre las 536.342 evaluadas.

A través de esta ley se pretende alcanzar la autonomía personal de las personas dependientes y de sus cuidadores. Para ello, el Estado y las autonomías deben dotarse de los  recursos y prestaciones, ya que a parte de ser una normativa de carácter social, tiene un fondo económico fundamental.

La regulación actual regula tres grados de dependencia. En cada uno de ellos se distinguen, además, dos niveles. En la actualidad, los dependientes que están percibiendo ayudas son los del grado tres y los del nivel segundo del grado dos, que son los que corresponden a dependencias más severas.

Dentro de unos días está previsto que la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, se reúna con las autonomías para definir como se realizará  el ´copago´ y cuales serán los estándares de calidad exigibles a los centros asistenciales.

Poner de acuerdo a las comunidades será tan difícil como lo está siendo alcanzar un nuevo sistema de financiación, porque los argumentos planteados por las autonomías son prácticamente los mismos. Las negociaciones buscan un consenso para establecer que nivel de renta tiene que tener el afectado para beneficiarse de las prestaciones y en que medida. También tienen que definir el porcentaje que corresponderá pagar a cada autonomía, puesto que se va a seguir un sistema de ‘copago’ (beneficiarios, autonomías y Estado).

Ni que decir tiene que cada una de las comunidades autónomas argumentan la necesidad de que el Estado aporte más dinero en su territorio por razones de número de afectados, peso económico de los centros a mantener o extensión  del territorio. La letra de una canción ya conocida y que hasta el momento no ha logrado una música que las armonice.

El vicepresidente Solbes ya ha avisado de que su intención es ceñirse a la memoria aprobada con la Ley y no quiere asumir más gastos que los previstos. La crisis está haciendo mella en su equilibrio presupuestario.

Los usuarios, por su parte, aunque no tienen voz directa en la negociación tampoco es de suponer que vayan a callarse si consideran que su implicación en el ‘copago’ se ha visto incrementada sobre la parte pública. Un ejemplo: uno de los principales problemas es la asignación de residencias porque los familiares son muy reacios a aceptar plaza en una localidad distinta a la de su residencia, aunque legalmente les pueda corresponder. 

Curándose en salud, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Getafe, Pedro Castro, considera que los Ayuntamientos son ´el único instrumento´ que puede ´vertebrar´ y ´garantizar´ los mismos derechos para todos, y ha denunciado que no todas las comunidades autónomas están poniendo ´la misma fuerza´ y ´ganas´ a la hora de aplicar la ley.

Después de estas reflexiones, tome nota de las regiones más retrasadas en las valoraciones: Extremadura, que ha estudiado poco más de la mitad de las solicitudes (58,66%), seguida de Baleares (59,86%), Navarra (66,72%) y Cantabria (67,75%). Por el contrario, son Cataluña, Castilla y León, Madrid, País Vasco y Murcia, que han revisado los expedientes de prácticamente todos los solicitantes de las prestaciones ¿Simple dato curioso?

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