edición: 2472 , Miércoles, 23 mayo 2018
30/04/2010
Ninguna Directiva de la UE impide el embargo de bienes públicos a los deudores

La colosal cuantía de la deuda, el mejor aliado para que Grecia no pague nunca

Una concesión centenaria de explotación de algunas islas, única posibilidad de cobro
Juan José González

Al final, parece que no va a caer en saco roto la agudeza de Frank Schäffler y de Josef Schlamann, dos ingeniosos diputados alemanes, liberal el primero, cristianodemócrata el segundo, de hacer algo con las 6.000 islas del Egeo y del Jónico con soberanía griega, de las que, según una web turística, están habitadas 227. La idea fue lanzada en una convención de la asociación conservadora empresarial que reúne a las pymes alemanas que tienen un evidente interés empresarial en una zona de elevado potencial turístico y comercial. Pero no parece haber encontrado ni respuesta ni oposición, más debido a lo sorprendente del golpe que produce la idea que a la posibilidad de que prospere. Lo cierto es que para resolver el endeudamiento del país heleno ya hay en marcha en Italia y Alemania programas de televisión orientados a buscar alguna solución (posible) al asunto. Sirva este ejemplo caliente para señalar la paradoja que aflige a los ‘acreedores desesperados’, personas que cuentan con una larga bibliografía en la jurisprudencia española y centroeuropea.

La paradoja de los ‘desesperados’ no es otra que aquella que señala a personas, empresas y organismos públicos receptores de sentencias condenatorias a las que nunca podrán hacer frente, debido a que las cantidades fijadas por los tribunales son tan elevadas que difícilmente podrán ser satisfechas por los condenados. En otros casos, la instrucción del sumario es tan farragosa y prolija que cuando falla el tribunal la ejecución se demora tanto como la instrucción, y en muchos casos no llegan a ejecutarse nunca.

El asunto cuenta, como se decía, con abundante bibliografía. En Andalucía la justicia llegó a condenar a un ayuntamiento a pagar una multa estratosférica por construir un puente sobre un cenagal para el transporte de ganado. La sentencia, diez millones de pesetas de 1968, suponía el embargo del presupuesto local hasta bien entrado el siglo XXI. En la práctica, la sentencia nunca se ejecutó, el puente sigue en el mismo sitio y ahora es el camino de acceso al cementerio, donde descansan los restos del letrado autor de la sentencia.

Algo similar sucedió en Asturias, en una explotación minera. El Tribunal Supremo dictó auto condenatorio por el que se obligaba a indemnizar al Ayuntamiento de Quirós por los graves perjuicios económicos ocasionados a una empresa en 1987 por la paralización de una mina en la zona. Casi diez años más tarde el Supremo falló y 23 años después de la paralización y casi 15 desde la sentencia, esta sigue sin ejecutarse. El Ayuntamiento de Quirós tendría que pagar un millón y medio de euros de indemnización.

En una localidad leridana, un matrimonio que tenía aparcado su vehículo en un parque público se precipitó hasta un lago con resultado fatal. Los hijos reclamaron una elevada indemnización y el tribunal dictó sentencia obligando al pago de 735.000 euros que el Ayuntamiento no puede pagar, entre otras razones, porque carecer de seguro de responsabilidad civil. Casos similares se conocen en todas las Comunidades Autónomas a través de sentencias condenatorias de difícil o imposible ejecución. Y la jurisprudencia en otros países del resto de Europa indica que se trata de un asunto de difícil solución que parece ser puede llegar a contemplarse en una de las modificaciones de la Directiva Europea sobre morosidad.

Al igual que Ayuntamientos y Comunidades Autónomas de media Europa cuentan con sentencias condenatorias por cantidades que difícilmente o nunca podrán satisfacer, los Estados han comenzado a entrar en el mismo grupo de condenas imposibles y ‘acreedores desesperados’. La crisis que ahora afecta a las deudas de los Estados europeos –Grecia- y de Estados Unidos –California-, se encuentran en ese club de ‘condenados’ a devolver sumas de dinero que ya se cuentan en unidades de PIB –lo que podría ser una nueva unidad de medida de la Unión Europea-, y que pueden seguir esa regla no escrita de que ‘la cuantía de la deuda es directamente proporcional a la probabilidad de no ser abonada’.

Forzando un poco la argumentación, o dicho de otra manera, donde pone Ayuntamiento sustituir por Grecia u otro Estado en similares condiciones, los ‘acreedores desesperados’ pueden encontrarse con la imposibilidad de cobrar sus deudas a un país al que no se le podrán embargar ninguna de sus islas por estar protegidas por la legislación comunitaria. En todo caso, el Estado griego puede llegar a alquilar la explotación turística de algunas de las islas por un período de tiempo suficiente como para cubrir el pago de sus deudas. Por esa razón el diputado Schäffler tiene gran interés en ‘ocupar’ las islas con sus hoteles y tiendas de alimentación y, de paso, para que el país heleno eluda la bancarrota.

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