edición: 2363 , Miércoles, 13 diciembre 2017
28/12/2009
Política europea común

La Comisión allana el camino hacia el Código Civil Europeo

La necesidad de proteger a los consumidores requiere de una unificación de las normas contractuales europeas

B.L.
El cada día más profuso tráfico de bienes y mercancías, tanto físico como virtual, a través de las fronteras de los Estados miembros de la Unión Europea apunta en la dirección de la tan esperada unificación contractual europea, protagonista de un intenso debate que ha crecido exponencialmente a raíz de la Comunicación de la Comisión Europea sobre Derecho contractual europeo de 11 de julio de 2001. El debate gira en torno a la necesidad de un código europeo de mínimos que, eso sí, no debe limitarse a codificar el derecho de las obligaciones y contratos, sino que ha de abarcar las reglas imperativas básicas sobre los sujetos de derechos principales agentes económicos, mayormente las sociedades mercantiles. Muy recientemente, la Comisión Europea ha dado a conocer su voluntad de incluir nuevas y ambiciosas reformas en este sentido, incluida la introducción de un Código Civil europeo y una amplia reforma de las normas de la UE sobre protección de datos. La cuestión ha sido abordada por la comisiaria europea de Asuntos del Consumidor, Meglena Kuneva, que propuso en 2008 una nueva directiva-actualmente a la espera de la aprobación del Parlamento Europeo- acerca de los derechos de los consumidores que pretende sentar las bases para la unificación de la regulación contractual europea relacionada con el derecho de los consumidores.

A pesar de todo, la idea de un derecho contractual europeo se dirige a objetivos muchos más ambiciosos y tiene como fin último la constitución de un código civil europeo, una idea todavía lejos de ser consensuada ya que buena parte de los Estados miembros temen perder el control sobre su propia normativa. Esto es así porque la mayoría de los códigos civiles nacionales abarcan los bienes, contratos, responsabilidades civiles y, sobre todo, las relaciones contractuales relativas al empleo, áreas en las que las competencias de la Unión Europea están estrictamente limitadas. De todos modos, un código civil europeo representaría un importante paso adelante para el mercado interior de la UE, permitiendo a las empresas y los consumidores operar más fácilmente en otro país sin tener que enfrentarse a diversas leyes.

De ese modo, la idea de la aprobación de un Reglamento que comprenda íntegro el Código civil europeo ha ido ganando prestigio en los últimos tiempos, si bien se sigue abogando por su aprobación a largo plazo. En su favor cuenta con su aplicabilidad directa y su potencial de uniformización, rasgo que es visto, precisamente, como principal defecto por sus detractores que lo tachan de anacrónico. Sin embargo, el camino hacia la unificación del derecho contractual va allanándose a través de recientes cambios en reglamentos comunitarios como los relativos a procesos de insolvencia, o competencia judicial civil, mercantil y sobre asuntos matrimoniales conocidos como «Reglamentos Bruselas I y II».

LOS PRECEDENTES DE LA UNIFICACIÓN

También, desde diversos frentes se propone la adopción de un modelo que siga los pasos del Código Uniforme de Comercio (UCC) de Estados Unidos, que convertiría al Código Civil Europeo en una alternativa al Derecho Nacional para los Estados miembros, con suscripción opcional y voluntaria.

Lo que si parece unánime es la idea de que a medio o largo plazo, la unificación será esencial para impulsar el mercado interior, agilizar las transacciones transfronterizas y potenciar la economía europea. En este sentido, el “Plan de Acción para un Derecho contractual europeo más Coherente”, llevado a cabo por el Parlamento Europeo destaca la necesidad de construir un marco que refleje unos principios y terminología comunes a todos los operadores económicos.En el mismo sentido, ha surgido también el debate acerca de qué contenidos reservar al derecho contractual nacional y cuales trasladar al código unitario. El Plan de Acción destaca el obstáculo que la falta de uniformidad representa en los negocios transfronterizos pero, en lo que respecta al derecho contractual baraja fórmulas no coercitivas. 

Es obvio, también, que la protección del consumidor constituye una de las políticas que sostienen otras iniciativas como la regulación de los sistemas de pago, del comercio electrónico y de los servicios financieros. El modelo europeo pretende asentarse sobre modelos consolidados internacionalmente y sobre las Directivas que regulan contratos y técnicas de consumo.

Así pues, los objetivos pasan por dotar de un sustrato jurídico uniforme al tráfico comercial entre los estados miembros. Lo primero a perfilar es el nucleo del nuevo derecho contractual, una novedad que altera las realidades tradicionales relativas al tráfico de bienes y mercancías. Otro aspecto al que pretende prestar especial atención el código europeo una vez que vea la luz, es la regulación del tráfico online que en los últimos tiempos ha protagonizado numerosos fraudes y litigios, motivados precisamente por la sobreabundancia de lagunas jurídicas que todavía afectan a Internet y a las transacciones comerciales con él relacionadas.

En definitiva, la Comisión pretende que los Estados miembros que todavía se muestran reticentes o temerosos ante la idea  de supeditar o combinar sus normativas a un código europeo, sucumban ante las ventajas de un modelo que compilará la lex europea, facilitando su consulta y asistencia.

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