edición: 2557 , Miércoles, 19 septiembre 2018
12/02/2014
LA OREJA DE LARRAZ

La Comisión de Justicia del Parlamento Europeo da su visto bueno a la Fiscalía Europea para perseguir el fraude

Javier Ardalán

La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (PE) ha decidido dar su visto bueno a la creación de una Fiscalía europea para perseguir el fraude al presupuesto comunitario, que cuesta cada año en torno a 500 millones de euros a las arcas de los Veintiocho. La creación de una Fiscalía europea estaba prevista desde la aprobación del Tratado de Lisboa, pero no se concretó en una propuesta de la Comisión Europea (CE) hasta el año pasado.

En octubre de 2013, la mayoría de países de la Unión Europea (UE) ya se mostraron a favor de esta iniciativa en el marco de un consejo de ministros de Justicia que abordó por primera vez la cuestión. Los eurodiputados respaldaron la propuesta por 19 votos a favor 4 en contra y ninguna abstención.

La principal tarea de la Fiscalía será investigar, procesar y, cuando lo considere oportuno, ordenar que sean juzgados en los Estados miembros, delitos relacionados con el presupuesto comunitario. El Ejecutivo comunitario considera que la Fiscalía debería tener una estructura descentralizada integrada en los sistemas judiciales nacionales. Con este planteamiento, los fiscales europeos delegados se encargarán de las investigaciones y actuaciones judiciales en el Estado miembro correspondiente, sobre la base de la legislación nacional y con personal también nacional.

La Fiscalía europea, por su parte, se encargaría de coordinar un enfoque único de la UE, que resulta "vital" sobre todo en casos transfronterizos, destaca la CE en un comunicado.
Para crear la Fiscalía europea se necesita el respaldo unánime de todos los Estados miembros en el Consejo de la UE y el consentimiento del Parlamento comunitario. Tras la aprobación de hoy, será la comisión de Libertades Civiles del PE la que se pronuncie al respecto, el próximo mes de marzo.

Hoy en día, los actuales organismos de la UE, como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf), la Unidad Europea de Cooperación Judicial (Eurojust) o la Oficina Europea de Policía (Europol) no tienen competencia para efectuar investigaciones penales o perseguir los casos de fraude. La Olaf sólo puede notificar los resultados de sus investigaciones administrativas a las autoridades nacionales competentes, que son las que se pronuncian entonces de forma independiente sobre la oportunidad de incoar un proceso penal sobre la base de las conclusiones de la Olaf.

Los esfuerzos policiales nacionales son dispersos y los Estados miembros no siempre adoptan las medidas necesarias para perseguir los delitos contra el presupuesto de la UE. En la actualidad, sólo uno de cada cinco asuntos transferidos por la Olaf a las autoridades judiciales nacionales da lugar a una sentencia condenatoria. Además, las condenas varían considerablemente según los Estados.

En sus informes, la Comisión Europea, revela que en un caso, la OLAF comunicó a las autoridades búlgaras y alemanas información sobre ciudadanos de sus países que, presuntamente, habían actuado en connivencia para dar un uso fraudulento a un fondo de desarrollo agrícola y rural de la UE.
 
Mientras que el proceso alemán se tradujo en una sentencia condenatoria, los sospechosos fueron absueltos en el proceso búlgaro, de manera que el sistema vigente dio lugar a sentencias diferentes en un asunto transfronterizo. Las cosas habrían sido distintas con una Fiscalía Europea, que habría garantizado la coherencia de la investigación y el enjuiciamiento en Bulgaria y Alemania.

Otro ejemplo se refiere al contrabando de cigarrillos entre la República Checa y Alemania. El órgano jurisdiccional penal alemán usó grabaciones de comunicaciones telefónicas interceptadas por la policía checa como prueba para condenar al sospechoso. Aunque las pruebas se habían obtenido legalmente con arreglo a la legislación checa, el abogado defensor alegó que, sin una orden judicial que autorizase las escuchas telefónicas, esas pruebas no podían admitirse ante el tribunal alemán.

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